martes, 1 de febrero de 2000

LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN LA ARGENTINA

En Argentina, a partir de 1989, con el ascenso de Menem al poder, el proceso neoliberal, que se había iniciado décadas atrás, dio un salto de calidad. La gran burguesía monopolista, asociada estrechamente con el capital financiero internacional, se dedicó a terminar de desmontar los restos del modelo de capitalismo nacional que había sido construido en la mitad del siglo XX.
Las empresas del Estado, que tuvieron gran importancia en el desarrollo capitalista argentino, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, fueron entregadas al capital monopólico, en primer lugar al norteamericano, seguido de cerca por los monopolios europeos, en particular los españoles. La deuda externa, que en 1983 apenas superaba 53.000 millones de dólares creció hasta llegar a más de 140.000 millones. La burguesía nacional, que ya estaba severamente afectada, fue casi totalmente extinguida. Mientras tanto, la pequeña burguesía urbana y rural, veía acelerar su proletarización. Sin embargo, la clase obrera fue la más afectada por el proceso de avance del imperialismo en Argentina. Una serie de leyes y decretos recortaron los derechos de los trabajadores frente al capital permitiendo un aumento extraordinario de la explotación, mientras que la desocupación crecía incesantemente afectando a más del 30% de los asalariados. También el sistema de la seguridad social fue profundamente modificado. Se redujeron los beneficios jubilatorios y se entregó el negocio
al capital monopolista. La educación y la salud siguieron el mismo camino. Por un lado la porción rentable era privatizada, mientras que, lo que quedaba en manos del Estado y era dirigida a los sectores populares, se
deterioraba brutalmente.
La resistencia popular al avance del capital monopolista fue creciendo lenta pero incesantemente a partir de la rebelión conocida como el Santiagazo, en 1993. Los trabajadores de las empresas estatales enfrentaron el proceso de privatización, los empleados del Estado lucharon contra los despidos, mientras que los docentes y los estudiantes, lo hicieron contra el deterioro de la educación popular. Más adelante, los miles de trabajadores desocupados se organizaron en el movimiento piquetero, primero en las provincias más empobrecidas para alcanzar, en los últimos años, el cordón industrial que rodea a Buenos Aires. Incluso, la pequeña burguesía urbana y rural se incorporó al torrente de luchas populares.
El gobierno del partido Peronista encabezado por Menem, totalmente desprestigiado entre las masas, fue reemplazado por la Alianza del partido Radical y los social reformistas del Frepaso. De la Rúa, el nuevo
presidente, profundizó aún más el modelo neoliberal. Aumentó el pago de los intereses de la deuda externa mientras crecía sin pausa el capital y redujo, aún más, el salario de los trabajadores en actividad y de los
jubilados. El incremento de la explotación del capital monopolista, en el marco de una gigantesca crisis del capitalismo, tanto internacional como local (en nuestro país la recesión económica superó, en febrero de 2002, los 44 meses) condicionaron el crecimiento de las luchas populares. A mediados de 2001 se hicieron habituales manifestaciones, huelgas y los cortes de las rutas por los desocupados. En las elecciones legislativas de octubre se hizo evidente el rechazo popular a todas las variantes políticas, incluso las reformistas. Alrededor
del 50% de la población mostró su oposición al gigantesco proceso de saqueo del imperialismo y a los partidos electoraleros, votando en blanco, anulando su voto o directamente absteniéndose de votar. El gobierno de la Alianza, que había perdido las elecciones frente al peronismo, siguió aplicando las órdenes económicas y políticas del Fondo Monetario Internacional, preocupado, en primer lugar, por el pago de los
intereses de la deuda externa. En diciembre, De la Rúa ordenó la confiscación de varios miles de millones
de dólares, depositados en los bancos, pertenecientes, en su mayor parte, a asalariados, jubilados y miembros de la pequeña burguesía. Este robo fue el detonante de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Miles de personas se enfrentaron durante dos días con la represión policial, que ocasionó varios muertos y continuaron la lucha desafiando al estado de sitio, hasta que se derrocó al gobierno de la Alianza.
El proceso político, luego de la heroica rebelión, está desembocando en una situación revolucionaria. El imperialismo y las distintas fracciones de la gran burguesía monopolista argentina se encuentran en una enorme crisis y no logran consolidar un gobierno más o menos estable. Primero intentaron con el peronista Rodríguez Saa, pero su falta de apoyo en la clase dominante y una gigantesca manifestación, lo derrocaron. El actual presidente, el también peronista Duhalde, que fue vicepresidente durante el gobierno de Menem, ha profundizado las medidas que enardecen a los sectores populares. Con una devaluación de la moneda del 100% logró una brutal reducción salarial y un enorme crecimiento de la confiscación, por los bancos, de los
ahorros populares. Duhalde, además, se ha propuesto continuar aplicando las instrucciones que el imperialismo le imparta, particularmente a través del Fondo Monetario Internacional. Así, el presupuesto para el corriente año prevé continuar pagando los intereses de la deuda externa, reducir los salarios y recortar en educación, salud y seguridad social.
A su vez, los trabajadores, ocupados y desocupados, y otros sectores populares han incrementado el rechazo a las políticas de explotación y miseria. Miles, a diario, continúan realizando manifestaciones, huelgas y cortes de ruta reclamando que se vayan todos, demostrando un profundo odio a todos los políticos de la clase gobernante (legisladores, miembros del Poder Ejecutivo e incluso los jueces de la Corte Suprema de Justicia). Los políticos del sistema y la mayoría de la dirección sindical no pueden exhibirse en público sin que sean repudiados por las masas. Además, en las grandes ciudades han aparecido asambleas populares organizadas por barrio. En ellas, miles de asalariados y sectores de la pequeña burguesía urbana empiezan a debatir la posibilidad de construir una nueva sociedad. Sin embargo, deben señalarse dos grandes debilidades en el movimiento popular que están estrechamente relacionadas. En primer lugar, la clase obrera industrial todavía no se ha incorporado masivamente y, por ello, tampoco dirige el proceso. En segundo lugar, si bien se han creado condiciones excepcionales para su construcción, aún no existe en Argentina un P.C.M.L. capaz de conducir a los trabajadores y el pueblo hacia una revolución que aplaste el Estado del imperialismo y de la gran burguesía monopolista argentina y comience la construcción del socialismo.