Durante 2003 el imperialismo en la Argentina (y en buena parte de la región), dedicó grandes esfuerzos por imponer un nuevo ideario que, sin comprometer su estrategia, suplantara al paradigma neoliberal. En reemplazo de este modelo, que sufriera un fuerte revés en Argentina con el estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, se intentó –y se intenta- proyectar la idea del retorno a un “Estado fuerte”.
En consonancia con lo arriba explicitado, el nuevo presidente Kirchner, se presentó a sí mismo desde su misma asunción, como el representante de un cambio político. En realidad, su antecesor en el cargo (Eduardo Duhalde), había ya insinuado el mismo discurso: el de ser quienes venían a reconstruir un capitalismo de matriz nacional que permitiera la recuperación en la Argentina del Estado-Nación y, de tal forma, la generación de condiciones para limitar al capital monopólico.
La retórica aludida despertó simpatía e ilusiones en los trabajadores esperanzados en que “desde arriba” se le ponga un límite a la voracidad de la burguesía, se aumenten los salarios y se generen puestos de trabajo.
Al estilo Kirchner se lo puede describir con la imagen del encantador de serpientes: lo que se presenta como dignidad y dureza frente al imperialismo es una partitura bien distinta; las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional fueron presentadas como firmeza del gobierno frente a los acreedores cuando en realidad, fue la aceptación de un trato neocolonial por el cual se le impone a la sociedad el pago más gravoso, en relación a su Producto Bruto Interno (PBI), de la historia. Durante 2003 se pagaron U$S 2900 millones afectando las reservas del Banco Central. Para 2004 se ha comprometido el 3% del PBI para abonar los servicios de la deuda pública que no está en default, lo que significa una erogación de $ 13000 millones. Este índice deberá alcanzarse como superávit primario consolidado (contribuyendo 2,4% el Estado Nacional y 0,6% las provincias), que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. El porcentaje indicado representa más del triple del promedio registrado durante los ’90, cuando el superávit primario siempre fue inferior al 1% del PBI.
En el seno del FMI se reprodujeron buena parte de las contradicciones interimperialistas. Por un lado, los países europeos (con marcados intereses en la Argentina por sus inversiones ligadas a la producción y distribución de energía, agua, gas y petróleo, al negocio de las telecomunicaciones y con cientos de miles de tenedores de bonos defaulteados) que pretendían un mayor ajuste fiscal para que Argentina también honrara su deuda en default, y EEUU que presionó para que se firmara un acuerdo “menos gravoso” por los efectos políticos que una ruptura del país con el FMI podría aparejar. Sin embargo, a pesar de que triunfó la postura estadounidense, sólo se firmó un acuerdo parcial con revisión de metas a mediados del año próximo.
El 3% del PBI que la Argentina deberá alcanzar como superávit primario no prevé la refinanciación de la deuda que está en default que supera los U$S 100.000 millones. Si
estos acreedores aceptaran la tan promocionada quita del 75% con que amenazó el gobierno (quita que ya efectuó el mercado), a partir de 2005 el superávit primario que debiera alcanzarse para honrar los vencimientos debiera ser del 4 o 4,5% del PBI, lo que sólo sería viable mediante un drástico ajuste fiscal.
En la próxima ronda de negociaciones estará presente el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Si estas no aumentan muchas empresas dejarán las concesiones cuando la situación de depredación del parque industrial sea irreversible dado que por el momento las ganancias se destinan, no a la inversión reproductiva, sino a gastos corrientes y fuga de capitales. Pero aún cuando se concedieran aumentos, el problema no sería menor, toda vez que junto a la impopularidad de la medida, crecerá el riesgo de incobrabilidad (dado que los salarios reales han sufrido un sensible retroceso).
La otra cuestión que pretende remediar el imperialismo es el virtual colapso del sistema bancario. Desde 2001 hasta hoy los depósitos sufrieron una merma de U$S 55.000 millones[1], quedando reducido el negocio al 30%. A ese panorama debe agregarse que actualmente el crédito para la inversión del sector empresario aparece como muy riesgoso en la medida que la demanda (consumo) sigue siendo insolvente como para garantizar el repago del capital prestado. Mientras tanto, los sectores ligados a la exportación no demandan crédito porque tienen tasas de ganancia suficientes como para sustentar sus propias inversiones. En cuanto al crédito para consumo, los ingresos mengüados por el desempleo y la inflación tampoco garantizan el pago de las cuotas.
En ese marco, la sobrevida del sistema bancario se mantiene básicamente porque han recibido una ayuda muy fuerte a través de emisión monetaria (redescuentos) del Banco Central. Actualmente, en el seno del FMI y otros organismos del capital financiero internacional, se discute si no resulta necesario sincerar el sistema bancario en la Argentina, porque algunos pretenden que los recursos que se emplean en sostenerlo se utilicen para comprar divisas y pagar la deuda. Es por ello que están proyectadas leyes de inmunidad para funcionarios del Banco Central que participen en la reestructuración del sistema; de esta forma, si cierran un banco no deberían soportar juicios de los ahorristas.
Otros ejemplos de verdaderas intenciones disfrazadas lo representaron la postura argentina en favor de la constitución de un “ALCA light” según lo anunciara el Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Bielsa, lo que implica la sumisión a los intereses del imperialismo norteamericano negociando mínimamente, las condiciones del sometimiento; o la rescisión de la concesión de la explotación del Correo en detrimento del Grupo Macri para reprivatizarlo en favor de otro monopolio (en principio el Federal Express de EEUU).
En el mismo sentido, la renovación de las instituciones encarada por Kirchner, no pasa de ser un cambio parcial de figuras (las más irritantes), mientras mantiene su alianza con los “barones” provinciales del Partido Justicialista, con el objetivo último de relegitimar el régimen ante la población.
Sin perjuicio de todos estos engaños el sistema tiene permanentes problemas para reproducirse. A pesar de no haberse constituido una verdadera alternativa política, la burguesía tuvo dificultades casi inéditas para imponer su nuevo gerente. En las elecciones presidenciales de abril de 2003 triunfó el más desembozado agente del capitalismo neoliberal, Carlos Menem, con apenas el 25% de los votos válidos afirmativos emitidos (el 18% del padrón); mientras tanto, quien finalmente se quedó con la presidencia, ante la renuncia de Menem a la segunda vuelta electoral (conciente de su inevitable derrota), sólo alcanzó el 22% de aquellos sufragios (el 16% del padrón).
SOBRE LA NATURALEZA DEL PERONISMO
El peronismo es el movimiento político que mejor ha expresado –y expresa- los intereses de la burguesía en la Argentina.
En su origen (1946/1955), el peronismo representó un movimiento nacionalista burgués que estructuró la alianza, alrededor de un Estado activo, entre la burguesía nacional y la clase obrera, integrada a la vida política a través de la estatización de sus organizaciones. La cooptación de dirigentes obreros y la represión de los elementos independientes y de izquierda (como por ejemplo algunos de los dirigentes comunistas, socialistas y laboristas), fueron parte constitutiva de los dos primeros gobiernos peronistas. La concesión de grandes conquistas económicas, la formación de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las comisiones internas, el otorgamiento de los convenios colectivos de trabajo, fueron la base material de la adhesión obrera al peronismo.
El segundo peronismo en el poder (1973/1976) viene de la mano del fracaso del régimen militar para contener el ascenso de las masas desatado tras el estallido del “Cordobazo” (1969). Paralelamente, el ciclo de expansión del capital en el mundo iniciaba su declinación y con él, iniciaba su etapa final el modelo de acumulación basado en la sustitución de importaciones. Ese peronismo fue un intento de la burguesía de domesticar la lucha de clases, primero bajo un breve período de reformas frentepopulistas con Cámpora y luego directamente como un partido del orden.
En ese contexto la burocracia sindical (gangsteril), fue empleada como fuerza de choque para terminar –sea como sea- con las luchas obreras. En este período el peronismo no había venido a resistir las presiones imperialistas sino a negociar las nuevas relaciones entre Argentina y el capital financiero internacional.
La década menemista (1989/1999) fue la expresión de un peronismo que llega al poder en medio de la crisis terminal del viejo Estado-Nación, producto de la extensión de las relaciones de producción capitalistas. Este peronismo se caracterizó por ser un agente directo de los monopolios; así, borró de su discurso las consignas de “justicia social”, “soberanía política” e “independencia económica”, imponiendo las “relaciones carnales”, apoyado en una alianza inédita, erigida en torno a la convertibilidad, entre la gran y mediana burguesía, los trabajadores ocupados y los lúmpenes. La burocracia sindical contribuyó decididamente para que la burguesía pudiera extraer mayores cuotas de plusvalía, reservándose el rol de gerenciadora de negocios capitalistas.
El gobierno peronista de Kirchner retoma el discurso del primer peronismo pero para negociar –como el segundo peronismo- las condiciones de vasallaje con el imperialismo.
En resumen, el peronismo expresa el fracaso histórico de la burguesía nacional para confrontar con el capital monopolista transnacional. Hoy, el peronismo aggiornado cubre su cara ajustadora con la máscara de consignas progresistas.
LA SITUACION DE LA CLASE TRABAJADORA
La mitad de los asalariados ganaba, en agosto de 2003, menos de $ 400 mensuales[2]. El nivel de ingreso se mantuvo estable entre octubre de 2001 y agosto de 2003; pero tras la devaluación y la inflación (del 41% anual), esos $ 400 se licuaron. En octubre de 2001, la canasta básica –que incluye el consumo de bienes y servicios básicos para escapar de la pobreza- rondaba los $ 500. Hoy una familia tipo necesita $ 726 para adquirir esa canasta[3].
Paralelamente, el trabajo no registrado alcanza aproximadamente a la mitad de los asalariados del país. Los planes sociales indujeron una suba de este indicador, toda vez que los beneficiarios de estos planes no tienen cobertura social ni previsional por lo que se computan como trabajadores “en negro”. Por otro lado, la mayor creación de empleo, luego de la salida del modelo de convertibilidad de la moneda, tuvo lugar en la industria de la construcción, servicios personales y trabajo doméstico, todos rubros con elevados índices de trabajo no registrado.
Según los datos oficiales difundidos en Octubre de 2003, el desempleo había caído al 16,3%. En un primer momento el gobierno había anunciado otro índice que hacía caer el desempleo al 14,3%; esto se debió a que, en lugar de calcular la evolución del proceso semestralmente (como se hiciera desde 1974 cuando el INDEC comenzó con la medición), sólo se tomaron en cuenta tres meses para dicho cálculo (paradójicamente el trimestre con mayor actividad económica). Lo cierto es que si no se contemplaran para medir la desocupación los planes Jefes y Jefas de Hogar, el paro forzoso en Argentina rondaría el 22%.
Si bien la política devaluatoria impulsada desde el colapso del modelo de convertibilidad (enero de 2002), generó una mayor actividad económica, esa mayor actividad se enfrentó, por regla general, aumentando las horas de trabajo de los ocupados (y no contratando nuevos trabajadores). La amenaza del hiperdesempleo facilitó la extensión de la jornada de trabajo y en muchos casos, al no pagarse el trabajo suplementario, el aumento de la extracción de plusvalía (absoluta). Aún en los casos que se pagó ese plustrabajo, aumentaron decididamente los accidentes laborales (precisamente por la sobrecarga laboral)[4].
Los salarios de los empleados públicos y jubilados seguirán congelados durante 2004 pese a la inflación proyectada del 7%; en el sector privado el índice de desempleo garantiza por el momento los niveles bajísimos de ingreso de los ocupados. De tal forma, continuará la caída de los salarios reales.
Todo este cuadro salarial explica porqué, mientras la economía creció el 5,4% durante 2003, el consumo apenas el 2,2%. La mayor actividad se debió fundamentalmente, a la sustitución de importaciones y al incremento de las exportaciones, porque hasta ahora la demanda doméstica aumentó muy moderadamente.
Es todo este marco el que va preparando el terreno para la agudización de la lucha de clases. En ese contexto el discurso del “Estado fuerte” es un engaño a los trabajadores para fortalecer el aparato de coerción y dominio. La reciente prórroga de los superpoderes al gobierno, presentados como una forma efectiva de agilizar las políticas sociales, muestra la tendencia a acumular poder detrás del ejecutivo.
Por otro lado, el reciente intento de crear una Brigada Antipiquetes y la reglamentación de los cortes de calles y rutas que se pretende (a cambio de una amplia amnistía para los luchadores sociales), muestran cuál parece ser la tendencia de la utilización de aquellas facultades.
Kirchner, continuando con la estrategia diseñada por Duhalde, busca aceitar los mecanismos de una nueva orientación estatal, que contenga, mediante un aparato clientelar –como el Plan Jefes y Jefas de Hogar- la posible protesta de los excluídos. Pero asimismo, no pueden permitir que a la lucha de los desocupados se sumen los asalariados en actividad y aún la pequeña burguesía. Para esto necesita constituir una dirigencia adicta que cumpla el papel de agente del poder político en las organizaciones obreras y populares. La fragmentación actual de los movimientos de lucha y la cooptación de algunos dirigentes de los movimientos sociales, conjuntamente con la formación de un “piqueterismo oficial” (Federación Tierra y Vivienda, ¿Corriente Clasista y Combativa?) aportan en ese sentido. En la misma estrategia, el gobierno contribuye con el denominado movimiento de las empresas recuperadas apuntando a la formación de una nueva burocracia cooperativista, y en todo caso, para alejar a los trabajadores de la lucha política. Por último, el intento de recomponer a la burocracia sindical buscando la unidad de la CGT, entre los “gordos” –ex menemistas- y el “moyanismo” –hoy kirchnerista- es otra de las patas del plan de gobierno.
SOBRE LA NECESIDAD DEL PARTIDO
En Argentina como en buena parte del mundo asistimos a un fin de época. Nuevas luchas se anuncian en todos los rincones del planeta. En este contexto, se hace cada vez más imperiosa la necesidad del Partido. Este por su organización, por desarrollar su trabajo en los diferentes frentes de masas pero sobre todo, por contar con una ideología propia (radicalmente opuesta a la burguesa), el marxismo-leninismo, es la única instancia órganica capaz de transformar la lucha simplemente reivindicativa y reformista (cada vez con menos margen), a niveles políticos y revolucionarios. El Partido dirige a la clase obrera, fundamentalmente, para destruir el régimen social que obliga a los asalariados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas[5]. Sólo cuando la clase trabajadora conquiste el poder, se habrán creado las condiciones para terminar con la explotación.
Aceptando que las condiciones objetivas para la revolución hace tiempo han madurado, resulta fundamental la construcción del Partido por su irremplazable papel en términos subjetivos. Esa será la tarea a la que habrá que dedicarse en los próximos años.
[1] De U$S 80.000 millones a U$S 25000 millones
[2] Lo que representa 4.500.000 personas
[3] Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)
[4] En los primeros tres meses de 2003 los accidentes de trabajo aumentaron un 18% según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
[5] V.I. Lenin, ¿Qué hacer?, Obras Completas, 2º ed., Ed. Cartago, Buenos Aires, 1969-1973, T. II, págs.13 y 14
