Introducción
Las relaciones de producción capitalistas en la Argentina no sólo se encuadran dentro del marco de crisis general del propio sistema de producción, sino que reproducen, en gran medida, las tesis leninistas acerca del imperialismo[1]. En primer lugar, se asiste, a escala global, a un proceso indetenible de concentración[2] y, sobre todo, de centralización[3] del capital. La extensión de las relaciones de producción capitalistas, acelerada desde la restauración de las mismas en el “campo socialista”, obedece al patrón objetivo de la necesidad del capital de mundializarse. En ese contexto, reducida a su mínima expresión la regulación de los mercados, el capital más concentrado obtiene ventajas competitivas decisivas. Hoy, las primeras 200 empresas en el mundo concentran el 25% de la actividad económica mundial pero, paralelamente, sólo absorben el 0,75% del empleo[4]. El fenomenal proceso de centralización del capital ha multiplicado el número de firmas cuyo peso es a veces, superior al de los Estados. La consecuencia inevitable de tal proceso es la traslación de la decisión política, sobre todo en los países periféricos, del ámbito público nacional al ámbito privado transnacional.
En segundo lugar, además de la exportación de mercancías, el capitalismo de nuevo signo exporta capitales; concretamente, el capital sale del país donde se genera y se coloca en países donde, seguramente, va a obtener una mayor tasa de ganancia. Esto se produce ya sea porque los insumos son más baratos, porque los salarios son más baratos, porque la presión impositiva es menor, o porque se reúnen todos esos extremos. La crisis de sobreproducción que aqueja al capitalismo desde mediados de la década del ’70 del siglo XX, generó una masa gigantesca de mercancías y de capital parasitario que, en gran medida, fue colocada en los países dependientes, provocando en ellos la destrucción de las industrias vinculadas al mercado interno y un crecimiento vertical de la deuda externa. En ese sentido, la deuda externa de los países dependientes creció desmesuradamente en los últimos treinta años generando la remisión de cuantiosos intereses hacia los Estados imperialistas[5].
Por otro lado, el capital de distinto signo (industrial, comercial, bancario), aparece imbrincado. Los grandes bancos son, al mismo tiempo, titulares de los grandes monopolios industriales y comerciales, es decir, aparecen fusionados[6].
Por último, dos tesis leninistas más aparecen hoy definitivamente consolidadas: en primer lugar, la inexistencia de mercados sin dueño; por el contrario, todos los mercados en el mundo se encuentran repartidos, de tal forma que lo único que puede esperarse es un nuevo reparto. Ese nuevo reparto se verifica por una ley objetiva del capitalismo según la cual el propio desarrollo capitalista es desigual. Así como a mediados del siglo XIX Alemania era una potencia atrasada y a comienzos del siglo XX había superado a Francia, la tendencia actualmente indica que hacia mediados del siglo XXI, China habrá superado a los Estados Unidos. Estas dos características del capitalismo en su fase monopolista explican la inevitabilidad de la guerra.
Como consecuencia de la profundización de los principales rasgos del capitalismo en su fase monopolista, se verifica una ofensiva fortísima del capital global para, aumentando la tasa de explotación, amortiguar la caída de la tasa de ganancia. Según el “Informe sobre el empleo en el mundo 2004-2005” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mitad de los trabajadores del mundo percibe menos de dos dólares estadounidenses al día[7].
En ese contexto, las luchas de los asalariados contra el capital en los últimos años han crecido en todo el mundo, tanto dentro de los Estados imperialistas como en los países dependientes. Entre estos últimos quizás las más relevantes se desarrollaron en América Latina, particularmente en Argentina, Brasil, Perú y, más recientemente, en Ecuador y Bolivia.
La recomposición capitalista en Argentina
Luego del estallido de 2001 la burguesía en la Argentina ha apoyado abiertamente a la administración peronista de Néstor Kirchner a los fines de alcanzar la propia reestructuración del capitalismo en el país. Desde el punto de vista de los intereses generales de la burguesía, el gobierno está teniendo éxito en su gestión económica. Resulta cada vez más evidente que esta gestión está realizando una serie de tareas que interesan al conjunto de los capitalistas que operan en Argentina, con las inevitables divergencias que surgen de intereses encontrados entre las distintas fracciones burguesas. Al margen de lo declamado, los hechos demuestran que la política impulsada por el partido peronista no está dirigida contra el imperialismo sino sobre la base de un acuerdo con éste, aunque no ejecute todas las medidas que quisieran imponer los monopolios. Esto ocurre porque en el marco político regional de avance de la lucha de masas, el imperialismo se ve forzado a hacer algunas concesiones en función de salvar acuerdos estratégicos más relevantes.
En materia de relaciones internacionales, se estrecharon relaciones con los Estados Unidos de América. En marzo de 2005, el ministro de Defensa de los EE.UU., Donald Rumsfeld, se comprometió a destrabar en el Pentágono un acuerdo de “compre argentino”, procurando que empresas como la Lockeed puedan vender internacionalmente, con su marca, partes o piezas fabricadas por firmas argentinas. “Esto va desde repuestos para aviones Hércules 130 hasta rulemanes de la empresa SKF”, explicó una fuente[8]. En ese marco se reafirmó la voluntad política de EE.UU. para retomar durante 2006 los ejercicios militares conjuntos, trabados por la negativa de Argentina a conceder inmunidades totales a las tropas norteamericanas, incluida la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de la que es signataria y que Washington desconoce. La agenda que motivó el encuentro fue ocupada prioritariamente en el análisis de las amenazas a la seguridad hemisférica, conmovida por la crisis en Bolivia y las compras de armas y equipamiento militar del gobierno venezolano a Europa y Rusia.
El eje del plan económico del gobierno consiste en generar superávit fiscal por la vía de mayores exportaciones que importaciones a los fines de afectar ese superávit a dos objetivos prioritarios. Por un lado, recomponer los activos del Banco Central para contar con reservas suficientes para reconstituir el sistema bancario. Pero, sobre todo, para destinar parte sustancial de dicho superávit a pagar deuda, evitando la ruptura con los múltiples organismos que controlan el mercado financiero internacional y, creando las condiciones para lograr nuevas inversiones extranjeras directas. En ese contexto es que debe entenderse la devaluación de la moneda decretada en 2002. Las exportaciones crecieron, particularmente las del sector agrícola, sobre la base de un incremento extraordinario de la producción de soja, y una recuperación de la producción ganadera. La producción de granos que estaba en las décadas pasadas en el orden de los 30 millones de toneladas anuales, pasó a 80 millones y la expectativa es llegar a 100 millones a corto plazo. Todo el arco productivo ligado al sector agrario (semillas de las transnacionales, agroquímicos, tractores, etc), se ve favorecido por este crecimiento. Su punto central de conflicto con el gobierno es el costo de los impuestos que se les exige pagar, entre ellos las retenciones a las exportaciones, para generar el superávit comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Otra de las fracciones ganadoras de la burguesía la constituye el sector exportador industrial, como por ejemplo Techint, las automotrices o Repsol, por los altos precios internacionales del crudo. Este sector es el principal interesado en mantener el dólar cerca de los tres pesos, por la simple razón que con el dólar alto que recibe en el exterior por sus productos, al convertirlo en moneda local, paga más fácilmente los impuestos y salarios. El aumento del volumen de las exportaciones y el importante precio internacional de la soja y el petróleo, contribuyeron de manera decisiva a recuperar divisas y aumentar las reservas[9], con lo cual el gobierno puede mantener el dólar en el nivel de $ 3,00, comprando moneda desde el Banco Central cuando su valor tiende a la baja.
En síntesis, la base social sobre la cual se asienta la administración Kirchner está constituida por la alianza entre la gran burguesía agraria, la gran burguesía industrial exportadora y la principal multinacional petrolera que opera en el país.
Respecto a la deuda pública, la administración Kirchner[10] reinsertó a la Argentina en el mercado financiero internacional honrando los bonos que habían entrado en default a un valor que les permitió a sus tenedores recuperar más de un tercio del valor nominal de los mismos. Asimismo, esos bonos devengarán intereses más altos que la media del mercado. Como consecuencia de dicho tratamiento, el país tiene el mismo o aún más nivel de endeudamiento que antes de la crisis de 2002, medido en términos del producto bruto interno, y compromisos por más de 30 años por los bonos canjeados, atados al dólar. El cumplimiento de estos compromisos es casi inviable, porque exigirá un sostenido crecimiento del PBI nacional. En realidad lo que se obtuvo es un diferimiento de parte de la deuda.
Actualmente, el FMI pretende que el gobierno argentino genere un mayor superávit fiscal en relación al PBI, y aumente las tarifas de los servicios públicos. Como esta política engendra de manera directa mayor extensión de la pobreza y el gobierno estaba enfrascado en el próximo proceso electoral, la administración peronista enfrentó los pagos recurriendo a las reservas del Banco Central y a nuevo endeudamiento, emitiendo más bonos de deuda.
La tan promocionada “reactivación” de la economía después de la crisis, y el crecimiento importante del PBI durante 2004 y 2005, no están sustentados en la disminución de las cargas financieras del país y en el ingreso de inversiones productivas importantes (salvo en el sector agrario que intensificó la mecanización), sino en negociar deuda vieja por nueva y utilizar el parque industrial desactivado por la crisis. Como señalara Julio Sevares[11], “…los capitales vuelven a las inversiones aventureras. Un síntoma de esto es la vuelta de capitales especulativos a la Argentina. El país salió del default y no se espera que vuelva al incumplimiento, pero vive en una región con graves problemas políticos y es socia de Brasil, cuyo endeudamiento sigue en niveles alarmantes. Es decir, están dadas las condiciones para futuras incertidumbres, salidas de capital y caídas de cotizaciones, que afectarán a quienes no escapen en primer lugar”. Más cerca de la realidad que las argucias publicitarias montadas desde las esferas gubernamentales, este párrafo del comentarista demuele la visión oficialista que busca asociar los actuales índices de crecimiento económico al salto hacia una economía de producción.
La estructura tributaria argentina muestra una alta participación de los impuestos al consumo. En los países europeos, por ejemplo, los impuestos al consumo representan entre el 25 y el 35% de la masa tributaria. Más del 50% proviene del impuesto a las ganancias y el resto de la seguridad social que sólo la financia la patronal. En cambio, en Argentina, casi el 45% de los ingresos de 2004 provinieron de los impuestos al consumo (como el impuesto al valor agregado, internos, combustibles o cigarrillos), 20% de ganancias, 12% de los aportes (a cargo de los propios asalariados) y contribuciones a la seguridad social y el resto del comercio exterior y otros impuestos. En Argentina se recauda poco por la importante presencia de la economía informal, pero además, con una clara tendencia regresiva. Esto es así porque, al sostenerse principalmente en los impuestos al consumo, proporcionalmente pagan más los que menos ganan. Al mismo tiempo en los períodos en que los precios suben –como sucedió desde la devaluación de la moneda-, los sectores con ingresos fijos (empleados o jubilados), pagan en proporción más impuestos, a pesar de que por la inflación el poder adquisitivo de esos ingresos es más bajo. De tal forma, el Estado recauda más por lo que se denomina el “impuesto inflacionario”, mientras licúa los sueldos y jubilaciones. En buena medida, el superávit fiscal de los últimos años obedeció a que la recaudación se benefició de la suba de los precios, mientras el gasto se achicó porque los salarios de los estatales y las jubilaciones aumentaron menos que la inflación.
Paralelamente, en 2005, 200.000 trabajadores más se vieron alcanzados por el impuesto a las ganancias, mientras los que ya lo pagaban, ahora abonan un monto mayor. Esto se debe a que mientras los salarios aumentaron nominalmente, en términos reales son menores a los vigentes en 2001 porque las mejoras salariales que recibieron los trabajadores argentinos fueron menores a la suba de los precios. Como el gobierno no fue ajustando por la inflación o por la suba nominal de los salarios el mínimo no imponible ni el monto de las deducciones del impuesto, cada aumento nominal de los sueldos, aunque no llegue siquiera a compensar la suba inflacionaria, obliga al trabajador a pagar más por este concepto. En resumen, percibiendo remuneraciones iguales o menores en términos reales a las que se encontraban en vigor en 2001, el impuesto afecta una proporción mayor del ingreso del trabajador. El Presupuesto 2006 no contempla ningún cambio en la forma de calcular este impuesto[12] pese a que proyecta nuevas variaciones inflacionarias.
Por otro lado, la deuda pública total asciende a los U$S 145.000 millones[13] y se discrimina de la siguiente manera: a) Deuda con organismos internacionales (FMI, BM, BID): U$S 78.650 millones; b) Deuda reestructurada: U$S 35.200 millones; c) Deuda con organismos de gobierno (Club de París): U$S 3600 millones; d) Intereses atrasados: U$S 7750 millones; e) Deuda que no ingresó al canje: U$S 19.800 millones. La nueva deuda así conformada es del orden del 84% del Producto Bruto Interno[14]. Los vencimientos se han diferido y los intereses son menores a los que se estaban pagando según los compromisos de las anteriores reestructuraciones, pero significativamente más elevados (hasta dos veces y media), que los hoy vigentes en el mercado internacional. El 37% de los nuevos bonos emitidos en pesos se ajustan por inflación interna y como esta evoluciona más que el valor del dólar, el peso se aprecia; esto provoca que a término estos bonos se valorizarán en dólares. Por cada punto de incremento de los precios, la deuda trepa 1500 millones de pesos. Por otra parte, hay bonos que tienen una cláusula ligada al crecimiento de la economía argentina, lo que se supone continuará sucediendo al menos en los próximos dos o tres años.
Pero lo decisivo del caso es que Argentina ha comprometido por décadas un superávit fiscal para pagar deuda, lo que significa un ajuste estructural permanente, del 3 al 4% del PBI[15]. En ese marco, durante 2006 Argentina tiene que pagar intereses de la deuda pública por 10.385 millones de pesos, a la vez que vencen 57.967 millones de deuda de capital, según los datos consignados por el Ministerio de Economía en el proyecto de presupuesto 2006. Está proyectado que el pago de los intereses se afronten con el superávit fiscal que se calcula será de 17.286 millones de pesos. Así, después de pagar la carga de intereses, quedaría un excedente financiero de 7493 millones de pesos con el cual se pagaría capital a cuenta, refinanciando los restantes vencimientos, es decir, difiriendo nueva deuda. Teniendo en cuenta que la puja distributiva tiende a crecer en el país, que los ingresos fiscales pueden verse afectados por la caída de los precios de los granos en el mercado internacional, que hay un incipiente proceso inflacionario que puede acelerarse con el ajuste de las tarifas de servicios públicos que se está discutiendo, cabe preguntarse: ¿por cuánto tiempo este programa de pagos es sustentable?[16].
En diciembre de 2005, la administración Kirchner dispuso la cancelación total de las obligaciones con el FMI presentando esta decisión como un acto de soberanía. En realidad otorgó, una vez más, un tratamiento privilegiado a un acreedor que ya había sido eximido de la quita aplicada al resto de los bonistas. Debe señalarse que la medida adoptada lejos estuvo de ser original; en los últimos 3 años y medio, el FMI percibió 45.000 millones de dólares de sus grandes deudores. Rusia saldó sus compromisos, Turquía pagó el 40%, México transfirió grandes sumas y Brasil canceló todos sus pasivos. Esta política obedeció a la presión ejercida por el FMI para reducir su exposición financiera dado que las últimas crisis lo indujeron a sustituir la promoción del endeudamiento por medidas de protección de su capital. En realidad no era necesario pagarle a los banqueros para liberar la política económica de sus controles. Las supervisiones del FMI estaban suspendidas desde que el organismo comenzó a cobrar los vencimientos, de manera tal que la simple continuidad de esos pagos garantizaba la misma autonomía que se logra adelantando las cuotas. El pasivo cancelado con el FMI representa apenas el 9% de la deuda total, de forma que ésta continuará pesando como una carga insoportable, con o sin auditoría del FMI. .
Por otro lado se asiste actualmente a un rebrote inflacionario. La burguesía sostiene que es el nivel remuneratorio de los salarios el responsable de la carestía. En ese contexto, el gobierno intenta eliminar los aumentos por decreto y pretende condicionar la recuperación de los sueldos a incrementos de la productividad, negociados con cada sector empresario. Sostiene que en la carrera contra los precios “…siempre pierden los salarios”, pero omite recordar que los capitalistas requieren del auxilio del gobierno para ganar esa puja. Se confirma abiertamente la tesis marxista según la cual la burguesía necesita y emplea el poder del Estado para regular los salarios, es decir, “…para sujetarlos dentro de los límites que benefician a la extracción de plusvalía, y para alargar la jornada de trabajo y mantener al mismo obrero en grado normal de dependencia”[17]. Ahora bien, si la inflación dependiera del nivel salarial, el estado actual de los sueldos debiera mantener estables a los precios[18]. Evidentemente, son los capitalistas y no los trabajadores quienes manejan esta variable, introduciendo remarcaciones frente a una suba salarial. No es un fenómeno natural el que produce ese traslado, sino la política que implementan los empresarios, porque el salario sólo constituye un costo para ellos. En cambio para los trabajadores, es un ingreso que disminuye en términos reales cuando hay inflación.
Otro de los argumentos que se utilizan para explicar el proceso inflacionario en curso, reside en imputar tal tendencia al crecimiento del consumo. Sin embargo, esto sólo debiera quedar limitado a los productos adquiridos por los sectores de altos ingresos y no a la suba generalizada de las mercancías de primera necesidad. En el marco de ingresos polarizados que caracteriza a la Argentina, es falso sugerir que la demanda global infla los precios[19]. En realidad, los sectores más concentrados recuperaron su nivel de hiperconsumo, pero más de la mitad de los argentinos sólo navega las aguas del subconsumo.
En realidad, el principal motor de la inflación es el modelo exportador que promueve el gobierno. Si el empresario argentino puede vender su producto en el mercado internacional, obteniendo mayor rédito, traslada ese adicional al mercado local. Este mecanismo está vigente de manera abierta desde la devaluación del peso. Eso explica que el precio de la carne haya subido en los últimos tres años entre 113% y 150%.
En ese estado de situación de la economía argentina, el gobierno difunde el temor a la inflación para desalentar las demandas salariales, mientras la burguesía más concentrada sigue obteniendo enormes ganancias.
Acerca del estado de la lucha de clases
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), el índice de desempleo fue del 12,1% en el segundo trimestre de 2005. Al mismo tiempo, la subocupación alcanzó el 12,8% pero resulta demandante de mayor empleo en un 70%. Sin perjuicio de que los índices en cuestión resultan normalmente camuflados, fundamentalmente por la incidencia de los planes sociales[20], pero también por la subocupación ficcional y los “desalentados”[21], existen en la Argentina 3.000.000 de personas con problemas de empleo. A propósito de los planes sociales, en las provincias del interior el efecto estadístico de considerar a los beneficiarios de los mismos como ocupados es determinante[22].
Por otro lado, una parte muy importante del nuevo empleo se encuentra no registrado[23] o registrado parcialmente[24]. Según el documento denominado “Empleo e ingresos en el nuevo modelo macroeconómico”[25], “…luego de tantos años de persistencia de indicadores laborales desfavorables, la generación de puestos de trabajo se ha visto caracterizada en parte por no ser capaz de resolver plenamente los problemas de precariedad –puestos asalariados no registrados- y de inestabilidad laboral”, y agrega “…la precariedad es uno de los rasgos más importantes del fuerte deterioro que ha venido experimentando el mercado de trabajo en nuestro país”. Precisamente la fuerte incidencia del trabajo no registrado es la que empuja a la baja el nivel general de remuneraciones toda vez que las ocupaciones precarias obtienen en promedio entre el 40 y el 50% de las remuneraciones de los trabajadores registrados. Actualmente en la Argentina aproximadamente 5.000.000 de asalariados se encuentran no registrados. Al no registrar aportes no tienen acceso a la seguridad social, lo que implica que no tienen derecho a la jubilación o pensión, no cuentan con obra social ni tampoco con seguro de accidentes de trabajo o de desempleo. Desde comienzos de la década del ’90, cuando orillaba el 25%, el trabajo no registrado está en ascenso. En 2001 llegó al 38,8%, a pesar de que se redujo el costo laboral por las rebajas de los aportes patronales, los convenios flexibles y la deflación salarial. Con la crisis de 2001 y 2002, el trabajo no registrado superó el 40%, para alcanzar el 49% actual. En setiembre de 2005, cuatro de cada diez desempleados tenían menos de 24 años. En total, suman 718.000 los jóvenes y adolescentes desocupados, sobre 1.800.000 personas sin trabajo. A su vez, la tasa de desempleo juvenil alcanza al 26,3%, duplicando el promedio general. El desempleo juvenil se concentra en los grupos sociales más vulnerables, y en especial, en las mujeres y los menos educados. La incorporación temprana al mundo del trabajo por parte de los jóvenes es un factor relevante que condiciona la culminación de los estudios requeridos para el acceso a un empleo de calidad. En ese sentido, alrededor del 80% de los jóvenes ocupados o desempleados abandonó la escuela, mientras entre los inactivos la asistencia escolar trepa al 76%. Según un informe del Ministerio de Trabajo, el grupo más vulnerable lo constituye el formado por los 320.000 jóvenes de 15 a 19 años que no trabajan, no buscan trabajo ni estudian. Este sector estrictamente no integra el ejército de reserva (porque no busca trabajo), pero el estudio dice que se trata del “núcleo duro de exclusión”. Y agrega, “es un grupo especialmente vulnerable a la anomia y el riesgo social, en muchos casos vinculado al desarrollo de formas ilegales y extralegales de subsistencia”[26].
En resumen, el panorama descrito ha consolidado una marcada dualización del mercado laboral. En algunos sectores de la industria más concentrada y moderna como la automotriz o la siderurgia, las tareas de los obreros se intelectualizan progresivamente, exigiéndoles preparación terciaria. Esos sectores conviven con amplias franjas de asalariados sin calificación y remunerados por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia. En realidad, se trata de un fenómeno universal toda vez que el proceso de dualización laboral no corta transversalmente a los países entre ricos y pobres, sino que también se reproduce entre los distintos segmentos de la mano de obra asalariada al interior de los países.
Por otro lado, durante 2004, casi la mitad de los 414.559 trabajadores que se accidentaron ganaba menos de $ 600,00 mensuales. En proporción a la gente ocupada en cada actividad, los mayores accidentes laborales se registraron en la construcción, la industria y el agro[27]. La extracción y la industria de la madera encabeza el ranking de los sectores con mayor número de siniestros laborales, seguida por la silvicultura y la fabricación de productos metálicos. Sin embargo, el mayor riesgo de mortalidad laboral se da en el sector minero y la construcción. Estos datos corresponden a 4,7 millones de trabajadores asegurados a través de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), es decir, no incluyen a los trabajadores no registrados ni asegurados por las empresas. Precisamente entre los que están “en negro”, fue donde más creció el empleo y donde el número de siniestros duplica al de los trabajadores registrados por la mayor precariedad de las condiciones laborales.
Haciendo un estudio discriminado de los distintos sectores asalariados, pese a los aumentos oficiales y de convenios colectivos, el salario real de los trabajadores registrados es un 7,2% inferior al vigente a fines de 2001. Sin embargo, los empleados públicos nacionales y provinciales y el personal no registrado tuvieron una caída del poder de compra de sus salarios muy superior.
Según cifras del Ministerio de Economía, con una inflación del 62% entre fines de 2001 y abril de 2005, el sueldo promedio bruto de los 5,4 millones de trabajadores registrados pasó de $ 863,00 a $ 1298,00, un alza del 50,4%. Pero si se descuenta la inflación del período, el poder de compra salarial promedio se redujo un 7,2%.
De esos 5,4 millones de trabajadores, casi 1,4 millón –una cuarta parte del total- obtuvieron sueldos promedio superiores a la inflación. Son empleados de la siderurgia, minería, textil, construcción, alimentación, agro y hoteles y restaurantes. En algunos casos, como el agro, hoteles y restaurantes, textiles o construcción, los trabajadores partieron de niveles salariales promedio muy bajos (entre 400 y 640 pesos) y pudieron recomponer en parte esos salarios por el impacto de las sumas otorgadas por el gobierno[28]. Aún así estos sectores siguen ubicándose entre las actividades con menores salarios promedio.
En otras actividades como la minería o la siderurgia, los mayores aumentos salariales se explican porque desde la devaluación duplicaron sus valores de venta por la sustitución de importaciones y la suba de los precios internacionales.
Los 4 millones restantes trabajadores registrados perciben ingresos inferiores a la suba de los precios. Los más perjudicados son los bancarios, empleados públicos y trabajadores vinculados a los servicios sociales y educativos.
Otra es la situación de 4,7 millones de empleados no registrados ya que, en promedio y de acuerdo al INDEC (diciembre 2004), y sin considerar el personal doméstico, perciben $ 410,00 mensuales, es decir, un 60% menos que el ingreso medio de bolsillo de los trabajadores registrados. Por su parte, el ingreso promedio del personal del servicio doméstico –casi un millón de personas- es de $ 240,00.
Por último, desde la devaluación del peso, en promedio, los sueldos de los empleados públicos (nacionales y provinciales) aumentaron un 20%. Si se descuenta la inflación, los estatales perdieron más de una cuarta parte del poder de compra de sus salarios.
En octubre de 2005, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) informó que una familia tipo (matrimonio y dos hijos), necesitaba $ 371,23 para no ser indigente o $ 801,82 para no ser considerada pobre. En ese mismo mes, el 70% de las personas ocupadas laboralmente percibía menos de $ 800,00, por lo que la pobreza alcanzaba al 38,5% de la población, es decir, 14,7 millones de personas.
Precisamente es ese marco el que explica porqué, desde mediados de 2004 a esta parte, la clase asalariada, tanto ocupada como sin empleo, haya protagonizado crecientes luchas para reducir la tasa de explotación.
Los trabajadores de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires durante marzo de 2004, retuvieron su prestación laboral durante cuatro días y además, ocuparon las estaciones cabeceras. Ese conflicto se originó por la decisión de la empresa Metrovías[29]de prescindir de 90 trabajadores, y se agravó cuando la Unión Tranviarios Automotor (U.T.A.) firmó, a espaldas de los obreros, un acuerdo con la empresa en el Ministerio de Trabajo que preveía la instalación de máquinas expendedoras y la consolidación de una jornada laboral de 7 horas. Al conocerse el alcance del acuerdo, los empleados se lanzaron a la lucha por varias reivindicaciones: la retractación de los despidos, la restitución de la jornada de 6 horas y la rediscusión acerca de la instalación de las máquinas referidas. Sin perjuicio de la intentona del sindicato por arrogarse la representación de los obreros, ante el enfático rechazo de los manifestantes, la empresa terminó por reconocer a los trabajadores en lucha como parte en las negociaciones.
Como balance del conflicto, los trabajadores alcanzaron un importante éxito, toda vez que los despedidos fueron reincorporados, se restituyó la jornada de 6 horas diarias y se acordó que la instalación de máquinas expendedoras no implicaría la prescindibilidad de los empleados de boleterías.
En noviembre de 2004 los trabajadores de subterráneos se lanzaron a una nueva lucha para alcanzar un aumento salarial. Luego de cuatro meses de conflicto, que incluyó medidas de acción directa de la más variada índole, los 1900 trabajadores del subte consiguieron un nuevo éxito frente a Metrovías. En este marco, conviene resaltar la labor del Cuerpo de Delegados del subte cuya dirección resultó decisiva para conducir a los trabajadores al éxito. En primer lugar, apoyado en el método democrático en las discusiones y toma de decisiones, el aludido cuerpo supo mantener una alta autoridad sindical y moral ante el conjunto de los trabajadores. Tanto la elaboración del pliego de reclamos, la elección y decisión de cada medida de fuerza, como la negociación o la firma de cualquier acuerdo con la patronal o el gobierno, fueron producto de la más amplia discusión en las asambleas de trabajadores y de su votación democrática en las mismas.
El Cuerpo de Delegados manejó las medidas de fuerza con gran habilidad. Cuando la empresa acusó a los trabajadores de percibir sueldos altísimos, los dirigentes obreros, además de demostrar lo falso de dicha afirmación, contraatacaron demostrando que los máximos directivos de la empresa percibían haberes de $ 20000,00 hasta $ 40000,00 al mes. Cuando la empresa se quejaba diciendo que no tenía recursos para afrontar las demandas salariales, el cuerpo de delegados demostró con datos, cifras y argumentos todo lo contrario, invitando a la empresa a que hiciera públicos sus libros de contabilidad para que demostrara ante la sociedad sus afirmaciones.
Ante las inevitables molestias causadas a los usuarios al verse impedidos de usar un medio de transporte tan esencial para trasladarse por la ciudad de Buenos Aires, molestias que los medios de comunicación en manos de la burguesía se encargaron de exacerbar para enfrentar a trabajadores contra trabajadores, el cuerpo de delegados apeló en todo momento a la comprensión y la solidaridad de clase, a demostrar que era la empresa quien trataba de utilizar como rehenes a trabajadores y usuarios para forzar aumentos de tarifas o de los subsidios estatales, y a que una lucha exitosa en el subte debería estimular al resto de la clase para que siguiera su ejemplo. Además, los trabajadores insistieron en que no solamente luchaban por salarios sino que también exigían mayores inversiones de la empresa para mejorar la seguridad del servicio que enfrentaba deficiencias muy graves en el estado de las vías y del material rodante.
En lugar de quemar las energías de los trabajadores con medidas de fuerza precipitadas, el Cuerpo de Delegados procedió gradualmente, con paros de algunas horas los primeros días. Sólo cuando la lucha alcanzó el momento decisivo fue que se declararon paros escalonados de 24 horas primero y 48 horas después, dejando caer la amenaza de una huelga por tiempo indeterminado. Esta determinación de los trabajadores del subte de ir hasta el final es lo que terminó de convencer a la empresa y al gobierno de que tenían que presentar una oferta razonable para destrabar un conflicto que amenazaba alargarse en el tiempo con el peligro de que se extendiera a otros sectores.
Mientras tanto, las direcciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), mantuvieron un silencio ensordecedor. Por su parte, los dirigentes de la UTA, cuando el resultado del conflicto estaba resuelto, escenificaron un espectáculo vergonzoso con la patronal y la complacencia del gobierno, firmando un acuerdo a espaldas del Cuerpo de Delegados y de los trabajadores del Subte, para intentar atribuirse la responsabilidad del éxito de la lucha. Sin embargo, aquí también el cuerpo de delegados actuó inteligentemente desconociendo el acta y negándose a levantar el paro hasta que el acta en cuestión no fuera informado integralmente a los trabajadores y votado democráticamente en asamblea. La victoria de los trabajadores fue fruto único y exclusivo de ellos mismos y éstos no permitieron que nadie se la apropiara.
Como resultado de la lucha, los trabajadores de subterráneos obtuvieron un aumento salarial del 19% en el salario básico, al que hay que sumar los $ 100,00 otorgados por el gobierno en diciembre de 2004 que se incorporaron al básico con carácter remuneratorio[30]. A esto hay que agregar que la empresa restituyó el adicional por antigüedad, que había sido eliminado al momento de la privatización del servicio, aproximadamente del 1% del salario básico de un conductor ($ 19,20), para todas las categorías laborales. Finalmente, la empresa asumió el compromiso de abonar los haberes por los días caídos por la huelga.
Por su parte, a fines de noviembre de 2004, los trabajadores telefónicos de las empresas Telecom S.A. y Telefónica de Argentina S.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en demanda de un incremento salarial del 25%, comenzaron un plan de lucha que se inició con paros parciales que se convirtieron rápidamente, ante la intransigencia de la patronal, en una huelga general. La falta de avances en las negociaciones llevó a los trabajadores a tomar los centros que controlan las comunicaciones de telefonía, télex, datos, internet y clearing bancario de las dos compañías. Los empresarios presentaron una denuncia penal ante el juez federal Daniel Rafecas, mientras el Estado burgués, a través del Ministerio de Trabajo, intentaba una conciliación. Asimismo, una vez más los medios de comunicación masiva en manos de la burguesía, alertaban a la población acerca de la “inminente posibilidad” de que se produjeran serios trastornos en las comunicaciones telefónicas, actuando como cómplices de la amenaza de represión. Por otro lado, los trabajadores denunciaron que las empresas eran inflexibles frente a la demanda gremial para arrancarle al gobierno un aumento de tarifas. Luego de diez días de conflicto el plenario de delegados de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), aprobó el acuerdo alcanzado con las empresas por el cual se otorgó un aumento salarial del 20%, el reescalafonamiento del personal y el pago de una suma extraordinaria por única vez de $ 500,00.
Durante 2005, fue importante el paro que llevaron adelante los trabajadores de las empresas Ford, Volkswagen y Daimler-Chrysler que las obligó a frenar sus exportaciones. Como dato novedoso que aportó este conflicto, los trabajadores en huelga bloquearon el tránsito en la Ruta Panamericana, a la altura de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), reclamó un salario básico de $ 2000,00 que las empresas adujeron no poder pagar. La primera automotriz a la que se le arrancó el aumento fue la General Motors que llevó el básico a $ 1930,00 más el 7,5% por productividad. Finalmente, el 16 de junio de 2005 se alcanzó un acuerdo. Daimler-Chrysler otorgó un aumento salarial del 18% que subirá otro 7% a partir del 1º de enero de 2006. El básico para la categoría testigo quedó en $ 1861,00. Para Ford mientras tanto, el básico se fijó en $ 1801,00, aunque en la práctica representa una remuneración promedio de $ 2500,00, por la antigüedad media de sus trabajadores. Por último, la Volkswagen estableció el básico en $ 1650,00 acordando que se incrementará a $ 1925,00 en enero de 2006.
Una de las protestas gremiales más intensas de 2005, fue la de los enfermeros y demás empleados del Hospital Pediátrico Juan Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus demandas, como en otros centros hospitalarios de la Capital, el conurbano bonaerense y Córdoba, están centradas en lo salarial. Se proponen alcanzar un básico de $ 1800,00 a partir de un incremento de $ 600,00, e involucra a 600 trabajadores, la mayoría afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El conflicto estalló en julio de 2005 y por lo menos hasta setiembre de ese año, no se había resuelto.
Lo cierto es que la lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan se extendió a prácticamente todo el área vinculado a la salud pública. En ese contexto, en setiembre de 2005, las asociaciones que agrupan a médicos y profesionales de la salud en todo el país realizaron un paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales, mayor presupuesto para el sector y el “fin de la precarización laboral”[31], según informaron fuentes de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), una de las organizadoras de la huelga. La medida se llevó a cabo en todos los hospitales nacionales, los 77 centros de salud de la provincia de Buenos Aires, así como aquellos ubicados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Neuquén, Córdoba, La Rioja, Corrientes y Santa Fe. Como consecuencia del paro, se suspendieron todas las actividades programadas, aunque la atención de las urgencias quedó garantizada. Paralelamente, el gobierno a través del ministro de salud, acusó a los huelguistas de “terroristas sanitarios”, de “actuar por razones políticas” y de “extorsión”. Al mismo tiempo, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a los sindicalistas por abandono de persona, ante una supuesta falta de atención médica de los pacientes[32]. Más allá de la pirotecnia verbal coyuntural, el conflicto desnudó las falencias actuales del sistema sanitario público. En 1991 el 37% de la población carecía de cobertura médica; actualmente esa cifra trepa al 48% lo que significa que casi la mitad de la población depende de la estructura de salud del Estado. Mientras tanto en todo este período, el Estado Nacional transfirió los hospitales a las provincias sin el correspondiente financiamiento y redujo el presupuesto del área durante 2005 en un 7,2% respecto de 2004[33].
La burguesía, a través de la administración peronista de Kirchner, buscó, y sigue buscando, un acuerdo con la burocracia sindical que avale el modelo económico en curso. En ese sentido, el gobierno intenta que el acuerdo social entre las cúpulas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), no sólo defina el marco para discutir condiciones de trabajo sino, sobre todo, ratifique el actual rumbo económico. El vicepresidente de la UIA Héctor Méndez y el secretario general de la CGT Hugo Moyano coincidieron en que llegarían a un “pronto acuerdo” en la discusión por un aumento de salarios para los trabajadores. Moyano sostuvo que “va a haber un acuerdo rápido” porque “hay muy buena voluntad del sector empresario”. “Vamos a llegar a un acuerdo y va a ser un beneficio para los trabajadores, para los empresarios y para la economía argentina”, dijo[34].
Por otro lado, la clase capitalista impulsa, a través de la UIA, un acuerdo con el gobierno y la CGT que imponga un marco general para subas salariales por productividad, que le oponga un dique de contención a la proliferación de reclamos salariales por sectores en base a la canasta básica. La estrategia burguesa apunta a evitar el desmadre de los reclamos obreros, la negociación de los convenios colectivos sin conflictos laborales y la consolidación del vigente modelo de acumulación.
La burocracia sindical vende-obreros no sólo colaboró con la actual estrategia de dominación arrogándose la representación de los trabajadores argentinos, sino, además, con la campaña de demonización de la protesta social. En ese sentido, la por entonces cosecretaria de la CGT Susana Rueda, sostuvo que había algo extraño en la escalada de conflictos gremiales. La integrante del ex triunvirato cegetista evaluó que esta situación de conflicto no parece responder al verdadero interés de los trabajadores. Asimismo, criticó la decisión de los empleados de subterráneos que durante el mes de abril de 2005 pararon durante media hora las cinco líneas y el Premetro en solidaridad con sus pares del Hospital Garrahan y de la ex aerolínea LAFSA, alertando que “nosotros somos solidarios con el reclamo, pero como trabajadores…¿Podemos estar todos los días parando el país para ser solidarios con otro sector que también está en conflicto?, vamos a estar de paro todos los días”[35]. En sintonía con la CGT el gobierno, a través de su vocero, el ministro del interior Aníbal Fernández, afirmó que el Poder Ejecutivo no actúa por espasmos ni bajo presiones y denunció que existen “contenidos partidarios” en los conflictos que se repiten en los distintos sectores[36].
Finalmente, en octubre de 2005 se realizó una nueva elección parlamentaria que la administración Kirchner consideró un plebiscito de su gestión. El gobierno se apresuró en anunciar el “más alto grado de participación electoral en mucho tiempo” y el otorgamiento por parte de la población de una suerte de cheque en blanco. Sin embargo, haciendo un análisis más exhaustivo de lo sucedido, el 29% de los que estaban en condiciones de votar prefirieron no concurrir. Este porcentaje fue mayor al de la última elección presidencial (22%), al de 1989 (18%) e incluso superior a la elección legislativa de octubre de 2001 (26%) que marcó el preanuncio de la insurrección de diciembre de aquel año. Por otro lado, el 9% de quienes concurrieron al comicio, prefirieron no elegir a ningún candidato. De tal forma, el 35,4% (9.236.117 personas) del padrón se expresó negativamente, superando al oficialismo que obtuvo el 26,1% (6.808.305) del mismo padrón. En síntesis, este nuevo episodio del circo electoral mostró un verdadero salto de calidad en la conciencia de buena parte de la sociedad que, antes e inmediatamente después de realizado el mismo, desarrolló importantes luchas como las que se describieron en este documento.
Perspectivas
Las luchas de los trabajadores argentinos se han desatado en prácticamente todos los sectores de la clase obrera. Trabajadores telefónicos, de prensa, estatales, ferroviarios, del transporte automotor, ceramistas, de la alimentación, frigoríficos, de la pesca, metalúrgicos, metal-mecánicos, docentes, trabajadores universitarios, aeronáuticos y trabajadores de subterráneos, fueron quienes protagonizaron los principales conflictos durante el último tiempo. Durante 2004 se duplicó el número de huelgas de 2003. Y en 2005 el movimiento siguió su curso ascendente.
Resulta destacado que casi todas las luchas tienen un marcado carácter ofensivo, fundamentalmente salarial, y los trabajadores le han arrancado a la burguesía aumentos generalizados de salarios por primera vez desde 1991. Todo esto ha acabado con las “creativas” teorías de los intelectuales pequeño-burgueses que profetizaban la extinción de la clase obrera y sus luchas, y su reemplazo, como sujeto revolucionario, por otras capas de la población.
Cuando se desate la próxima crisis económica, no sólo quedará al desnudo la naturaleza pro-capitalista del gobierno peronista sino la imposibilidad creciente de reducir la tasa de explotación. La única clase social que se encuentra en absoluta armonía con el desarrollo no traumático de las fuerzas productivas es la asalariada. Es por ello que se empieza a poner en la agenda de los trabajadores la necesidad de una herramienta política propia que la clase obrera requiere para alcanzar su emancipación.
[1] Lenin, V.I., El imperialismo, fase superior del capitalismo, Obras Completas, Edit. Progreso, Tº XXVII.
[2] Aumento del volumen de capital en una empresa como producto de la acumulación en la misma de parte de la ganancia (plusvalía) obtenida.
[3] Aumento del volumen de capital en una empresa por efecto de la fusión de varios capitales en uno más voluminoso.
[4] Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
[5] En Argentina en 1976 la deuda externa rondaba los U$S 10.000 millones. En 1983 se había quintuplicado y, a comienzo del siglo XXI, excede los U$S 170.000 millones.
[6] Lo que Lenin denominara “capital financiero”
[7] Diario Clarín, edición del 07-12-2004
[8] Diario Clarín, edición del 23-03-2005
[9] En el pico de la crisis eran inferiores a U$S 9000 millones y hoy ascienden a U$S 23000 millones
[10] Entre 2001 y 2005 Argentina nunca dejó de pagar ni al FMI ni al Banco Mundial
[11] Diario Clarín, edición del 25-06-2005
[12] Diario Clarín, edición del 12-10-2005
[13] En diciembre de 2001, antes del estallido social y la devaluación del peso, la deuda pública total ascendía a los U$S 144.500 millones
[14] Antes de la devaluación era del 57% del PBI
[15] En 2005 Argentina afronta vencimientos por U$S 13.000 millones estando pautado pagar U$S 5000 millones y el saldo refinanciarlo con el F.M.I.
[16] Transferencias de recursos en millones de dólares en los próximos años: 2005, 13.500; 2006, 14.900; 2007, 13.500; 2008, 9200; 2009, 11.400
[17] Marx, Carlos, La génesis del capital, separata de algunos capítulos de El Capital, Editorial Progreso, Moscú, 1972, pág.32
[18] Los salarios reales en la Argentina se encuentran, en promedio, en un 13% por debajo de diciembre de 2001
[19] La brecha entre el decil con mayores ingresos y el más pobre era de 24,5 veces en mayo de 2003 y en mayo de 2004 se incrementó a 28,94 veces
[20] Si se consideran desocupados a los beneficiarios de los planes de Jefas y Jefes de Hogar el índice de desempleo trepa hasta 15,7%
[21] Personas que han dejado de buscar empleo resignadas a no encontrarlo
[22] En la provincia de San Luis por ejemplo, el desempleo trepa al 26,9% cuando la propaganda oficial sólo reconoce el 3% (comparando la situación en la provincia con Japón)
[23] Trabajo “en negro”
[24] Trabajo “gris”
[25] Diario Clarín, edición del 19-04-2005
[26] Ministerio de Trabajo, “Seminario sobre trayectorias laborales”, setiembre de 2005
[27] Superintendencia de Riesgos del Trabajo
[28] Asignaciones no remunerativas creadas por los Decretos 1274/02, 905/03 y 2005/04
[29] Empresa que explota el servicio de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires
[30] Cuando el decreto gubernamental lo otorgó con carácter no remunerativo
[31] Diario Clarín, edición del 15-09-2005
[32] Diario Clarín, edición del 01-04-2005
[33] Estadísticas del Instituto de Formación de la Central de Trabajadores Argentinos
[34] Diario Clarín, edición del 05-03-2005
[35] Diario Clarín, edición del 21-04-2005
[36] Diario Clarín, edición del 20-04-2005
