Antecedentes.
El modelo sindical impuesto hace aproximadamente seis décadas en Argentina se encuentra inmerso en una crisis terminal. El modelo en cuestión fue impuesto en una etapa del desarrollo capitalista donde la burguesía local, interesada en el impulso del mercado interno para su propia realización como clase, estimuló cierta redistribución del ingreso a favor de la clase obrera. Sin embargo, las concesiones económicas a los asalariados significaron, al mismo tiempo, la pérdida de la independencia política de los trabajadores que quedaron subordinados tanto al Estado como al propio partido en el gobierno.
La relación Estado-Clase Trabajadora hasta alrededor de la década del ’40 del siglo pasado se había caracterizado por respuestas fundamentalmente represivas a las reivindicaciones obreras. A partir de allí, se utilizó un mecanismo más sofisticado: un conjunto de mejoras habilitó vías para incorporar a la clase obrera dentro de la fracción hegemónica. Ese acuerdo le proporcionó a los asalariados mejores condiciones para vender su fuerza de trabajo, mayor acceso al consumo y una mayor cuota de poder en las relaciones al interior de las empresas. De tal forma, alcanzó un peso mayor en el conjunto de la sociedad por medio de una organización sindical de masas, plena ocupación, alta tasa de sindicalización y un estrecho vínculo con el aparato estatal. Esta suerte de “pacto social” tenía como sujeto activo a un Estado auto-erigido en interventor y árbitro de las relaciones entre capital y trabajo. En ese contexto, estableció normas a las cuales debían someterse los trabajadores para contar con su propia organización, y prohijó una burocracia que, con matices, conservó su papel de mediación a lo largo de las seis décadas siguientes.
Esta integración de la clase obrera tuvo como contrapartida la aceptación de la legitimidad del sistema capitalista y la renuncia a toda pretensión de transformación revolucionaria de la sociedad. Este acuerdo social se transformó en la base de sustentación de la “comunidad organizada”, es decir, del modelo de conciliación de clases.
Desde la década de 1960 pero fundamentalmente a partir de 1970, los cambios operados en la economía mundial y su correspondiente repercusión sobre la modalidad de acumulación capitalista en el país resquebrajaron aquel modelo. A partir de ese momento, la clase trabajadora dio señales de recuperar su autonomía y su capacidad de constituirse en el epicentro de los movimientos de oposición al sistema. En tal sentido, el “Cordobazo”[1], la CGT de los Argentinos, las ocupaciones de grandes fábricas, los sindicatos clasistas y las grandes movilizaciones dieron cuenta del aludido fenómeno.
La dictadura cívico-militar con una brutal represión facilitó la ruptura del modelo de conciliación de clases[2]. Al mismo tiempo empezó a implementar un nuevo modelo de acumulación que, al poner el eje en los mercados externos, deprimió sustancialmente el costo de la fuerza de trabajo. Para ello el capital contó con una ayuda decisiva: los jefes de la estructura sindical corporativa y dependiente, muchos de los cuales aún permanecen en las cúpulas de las organizaciones obreras convertidos en dirigentes gerenciales, socios de empresas de servicios, de comercio, de salud, de turismo, aseguradoras, mineras, de transporte terrestre y ferroviario[3].
En esta última etapa se produjo un intento de diferenciación entre diversos dirigentes de la CGT; nace el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), aunque sin cuestionar el modelo sindical y especulando con el desgaste de la cúpula cegetista para llegar a la conducción de ésta. Paralelamente, a comienzos de la década del ’90 nace una vertiente que pone en tela de juicio la organización clásica y objetivamente se alza como una alternativa en correspondencia con una nueva situación en la composición de la clase obrera y atendiendo al reclamo de mayor democracia y participación: el Congreso de los Trabajadores Argentinos, luego transformado en Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).
Por otro lado, el dirigente camionero Hugo Moyano, quien lideró siete paros generales contra el gobierno de De la Rúa, se convirtió en la expresión sindical de la facción capitalista devaluadora que se terminó imponiendo en la puja interburguesa de fines de la convertibilidad.
La clase trabajadora, luego de haber recibido un duro golpe a sus ingresos con la devaluación de comienzos de 2002, cuando el salario real se desplomó un 30%, comenzó un proceso de recomposición, no sólo social sino además sindical. Si bien es cierto que la continuidad de niveles de trabajo “en negro”[4] en torno del 40% han condenado a una fracción importante de la clase obrera a vender su fuerza de trabajo muy por debajo de su valor, en estos años los sindicatos ganaron renovado peso político con la creación de aproximadamente 3.000.000 de nuevos puestos de trabajo. Las negociaciones colectivas se multiplicaron y las capas más altas del proletariado fueron las que gozaron de una mayor recuperación de sus salarios, ampliándose la desigualdad al interior de la propia clase asalariada.
Entre 2004 y 2006 hubo una importante oleada de conflictos sindicales que fueron resueltos con ciertas concesiones de las empresas en las negociaciones paritarias, otorgándose aumentos salariales que no corrigieron la tasa de inflación. Pero a partir de 2006, la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos garantizaron una suerte de pacto social con techos salariales a cambio de cierta recuperación del salario para los trabajadores registrados respecto de la caída sufrida en 2001. En ese contexto un porcentaje importante de las luchas que se dieron hasta hoy fueron encabezadas por dirigentes opuestos a las direcciones oficiales de los sindicatos o las centrales, y recibieron una dura respuesta de la alianza vigente entre las patronales, el gobierno y la propia burocracia sindical: esos fueron los casos de la ex Jabón Federal, la textil Mafissa, el Casino Flotante, la textil Pagoda, los obreros de FATE y las masivas huelgas docentes en Neuquén[5] y otras provincias.
Desde entonces, en un marco de crisis económica y debilidad política, la burguesía en Argentina apela a la colaboración con la cúpula de los sindicatos para descargar el costo de la caída de la tasa de ganancia en los trabajadores. Así fueron los acuerdos de suspensiones con rebaja salarial que formularon los dirigentes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) con las automotrices, mientras General Motors, Mercedes Benz y Peugeot-Citroen seguían recibiendo subsidios del gobierno para el pago de salarios.
Durante la década de 1990, sobre la base de la legislación que flexibilizara las condiciones de trabajo y generalizara el trabajo precario, las comisiones internas dejaron de ser organismos que unificaban a toda la fábrica. En este momento los monopolios de las principales ramas de la industria se preparan para cierta recuperación produciendo lo mismo con menos trabajadores y mayores ritmos de trabajo, lo que resulta incompatible con la democracia fabril de las comisiones internas y los cuerpos de delegados. Es por ello que lo que reclama la patronal es que los conflictos gremiales vuelvan a encontrar su cauce “legal”, lo que implica discutir la tasa de plusvalía en la mesa de negociación con las direcciones sindicales y no en las plantas industriales con las nuevas comisiones internas.
El modelo de capitalismo neoliberal en el país introdujo, en el marco de las relaciones laborales, la tercerización, polivalencia funcional, flexibilidad horaria, contratos por tiempo determinado, reducción de las indemnizaciones, etc, lo que facilitó la segmentación de la clase obrera. En ese contexto, se ha agudizado la crisis de representación del sindicalismo clásico, se ha acentuado la tendencia a la baja de la tasa de sindicalización[6] y se ha potenciado la lucha por la formación y el reconocimiento de nuevas organizaciones más democráticas y clasistas.
Un nuevo modelo de organización sindical.
La privatización del subterráneo de Buenos Aires en 1994 supuso para los trabajadores cambios en las condiciones de trabajo. Se disminuyó la plantilla a prácticamente la mitad a través de despidos encubiertos denominados “retiros voluntarios”; se tercerizaron actividades a empresas del mismo grupo empresarial; se aumentó la jornada de trabajo con apoyo en decretos de la dictadura cívico-militar de 1976-1983 desconociendo las condiciones de insalubridad de la actividad; se negociaron convenios colectivos que incorporaron cláusulas flexibilizadoras.
Estas condiciones tuvieron dos objetivos. El primero, operar sobre el factor laboral disminuyendo los costos asociados al salario. Esto implicó sacar fuera de convenio a los trabajadores o en otros casos encuadrarlos en sindicatos que poseen salarios menores y condiciones de trabajo más precarias como el de seguridad o maestranza. El otro objetivo fue operar sobre la homogeneidad de la fuerza de trabajo para erosionar la capacidad de acción gremial.
Pese a los antecedentes reseñados, los trabajadores de subterráneos, que vienen librando innumerables batallas contra la patronal y la burocracia sindical, apuntan a lograr la constitución de un sindicato propio por fuera de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Frente al modelo tradicional de organicidad institucional sustentada en un verticalismo y centralismo férreos promovido por los dirigentes de la UTA, los nuevos delegados impulsan formas eficaces de democracia sindical. De tal forma, no sólo le disputan a la UTA los 2 millones de pesos que ésta recibe mensualmente por sus afiliados y el 1% que recibe de la empresa, sino también la apertura de caminos antiburocráticos y una representación genuina de los intereses de los trabajadores. En Argentina la representación recae en el sindicato con mayor número de afiliados; como la UTA aglutina también a las líneas de colectivos, esto le permite mantener a la dirigencia actual la conducción del sindicato. Pero como el Cuerpo de Delegados del Subte posee tal capacidad de acción y representatividad, en la práctica opera como un sindicato en cuanto, si bien sigue siendo la dirigencia de la UTA la que suscribe por ejemplo el convenio colectivo, el Cuerpo de Delegados se ha constituido en actor principal al momento de negociar salarios y condiciones de trabajo.
En el subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajan alrededor de 3000 trabajadores. Se estima que viajan, diariamente, 1.000.000 de pasajeros que a través de seis líneas conectan los puntos más importantes de la ciudad. Allí radica, cuestión que los trabajadores han comprendido bien, una de sus mayores fortalezas. De alguna manera, parar el subte es paralizar la Capital Federal.
Es importante remarcar que la acción gremial de los trabajadores les permitió, a pesar de la constante hostilidad del sindicato:
· la estabilidad laboral, dado que hace más de 10 años que no hay despidos en el subte;
· recuperar la jornada de trabajo de 6 horas por realizar un trabajo insalubre, que se había perdido cuando se privatizó el servicio[7];
· finalizar con el fraude laboral que implicaba la tercerización de sectores[8];
· frenar el abuso patronal y mejorar sensiblemente las condiciones de trabajo;
· Crear 1500 puestos de trabajo;
· Mejorar la capacidad adquisitiva del salario[9].
Asimismo, los trabajadores han elaborado un anteproyecto de convenio colectivo de trabajo; precisamente, por conocer acabadamente las tareas que realizan cotidianamente no delegaron tal cometido a ningún equipo técnico, sin perjuicio de haber solicitado la coordinación del Taller de Estudios Laborales (TEL)[10] dada su experiencia en tareas de formación sindical y producción de conocimiento en conjunto con los trabajadores del subte. Es importante destacar que el alcance del convenio proyectado es para todos los trabajadores del subte, tanto para los trabajadores de Metrovías S.A. como para las tercerizaciones que ésta realiza, incluyéndose todas las líneas, es decir, las actuales, el Premetro[11] y las futuras ampliaciones.
Por otro lado, el núcleo central del proyecto apunta a revalorizar los oficios y el conocimiento de los trabajadores de su puesto de trabajo. En ese sentido, definir cuáles son las tareas a realizar en cada puesto de trabajo implica discutir la organización del proceso productivo, uno de los factores centrales en la constitución de la fuerza del trabajador en su lugar de trabajo. Los trabajadores del subterráneo conocen sus categorías casi exclusivamente por su nivel salarial; la situación se agrava al observarse que se sabe poco acerca de las tareas que competen a cada categoría. Indudablemente, esta situación ha sido funcional a una determinada tradición sindical que ha canjeado en la negociación paritaria conquistas obreras sobre el control del proceso productivo por bonificaciones salariales. Es por eso que el proyecto elabora escalafones con el objetivo de poner en funcionamiento un sistema de concursos y ascensos en los que se revalorice el conocimiento del puesto de trabajo, satisfaciéndose así una vieja aspiración de los trabajadores del subte: establecer criterios imparciales en cuanto a la capacidad y calificación para poder ascender.
La sostenida construcción y el reclamo firme exigiendo al gobierno nacional que se les reconozca el nuevo Sindicato: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), provocó la reacción de la burocracia y el ataque sobre la familia de uno de los delegados, Néstor Segovia, en una acción combinada entre policías y los grupos de choque de la propia burocracia. Paralelamente, desde el gobierno se intentó minimizar lo ocurrido y se planteó como una interna entre trabajadores, y desde la CGT, se llamó a un acto para frenar las acciones desestabilizadoras. Lo que les preocupa no es la capacidad de acción política sindical de los sectores antiburocráticos, sino el potencial que éstos podrían tener si se llegara a cristalizar un espacio con estas características.
En Febrero de 2009, los trabajadores del subte realizaron una consulta para desafiliarse de la Unión Tranviaria Automotor y crear la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. El resultado fue contundente: el 90% votó a favor de la construcción del nuevo sindicato. A partir de allí se conformó una Comisión Directiva Provisoria, cuya tarea central era poner en funcionamiento el nuevo sindicato, aún antes de que sea reconocido. Como producto de la inclaudicable lucha de los trabajadores de subterráneos[12], el día 26 de noviembre de 2009, en la sede del Ministerio de Trabajo, se arrancó a la empresa Metrovías un acta-acuerdo según el cual los trabajadores podrán contar con una representación reconocida ante las autoridades de Trabajo. Esto significa que esos dirigentes podrán participar de las paritarias y atender todo tipo de asuntos gremiales. Al mismo tiempo, se garantizará la estabilidad laboral tanto de los ex delegados como de los actuales. En la medida que el Estado y la empresa Metrovías S.A. cumplan con esas condiciones, los trabajadores se comprometieron a no realizar medidas de fuerza por un año. Sin perjuicio de lo acordado, los trabajadores del subte siguen reclamando la inscripción gremial de su propia organización. En ese contexto, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó sentencia el 14 de setiembre de 2010, en los autos: "Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro c/Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales", haciendo lugar a la simple inscripción de la asociación que nuclea a estos trabajadores[13].
Colofón.
En perspectiva aparece en Argentina una clase obrera dinámica, joven, que considera a las direcciones gremiales como empresarios recaudadores de sus aportes mensuales[14]. La burguesía intenta imponer el concepto de que el derecho del individuo en “democracia” lo es todo, con lo cual pretende discutirle a la clase obrera sobre sus derechos a usar métodos no convalidados por el derecho burgués. En ese contexto el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja sostiene que “el que hace un piquete hace justicia por mano propia. Esa es la ley de la selva”, y “la metodología de tratar de utilizar el derecho de huelga para justificar acciones ilegales como ocupación de fábricas, privación de la libertad de trasladarse, de la libertad de trabajar, de industria o el derecho de propiedad desvirtúa el ejercicio del derecho de huelga”[15]. Y agrega, “si usted tiene una ocupación de fábrica exitosa, es posible que otros copien como pasó con los piquetes”[16].
La radicalización de las luchas obreras; los métodos de democracia obrera basados en la toma de decisiones en las asambleas; la aparición de nuevos delegados más dispuestos a la acción directa que a la negociación sindical en términos tradicionales; la disposición de los trabajadores al enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en la defensa de sus piquetes; el carácter indeterminado de los planes de lucha, tienen crecientemente preocupada a la burguesía. La mayoría de los conflictos que se vienen desarrollando van en contra de las políticas de conciliación burocráticas de las centrales obreras.
El ejemplo de las conquistas alcanzadas por los trabajadores de subterráneos marca que la clase obrera, con paso lento, avanza hacia una búsqueda de vida mejor. Aún son sólo indicios los que podemos ver en el acontecer diario, pero, sin embargo, la clase obrera avanza sin prisa, pero también sin pausa. Se equivocan aquellos que sostienen que no existen los obreros. Se equivocan los que creen todas las noticias que la burguesía se ufana en propagar por sus medios de comunicación.
En los trabajadores ponemos los ojos quienes creemos que la crisis capitalista no nos ofrecerá ninguna salida y sólo nos provocará mayores sufrimientos. En ellos, que somos nosotros mismos, tenemos puestos nuestros ojos y brazos confiando en que la salida está en nuestras propias manos y que es cuestión de organizarse y luchar.
[1] Se trató de un movimiento de protesta, con ribetes insurreccionales, ocurrido el 29 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba, una de las ciudades industriales más importantes de Argentina. Su consecuencia inmediata fue la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía y, cuatro años más tarde, el regreso del peronismo al poder.
[2] La represión de la dictadura cívico-militar se concentró en la clase trabajadora toda vez que el 80% de los detenidos-desparecidos eran asalariados y el 30% obreros industriales.
[3] Aldo Casas ha señalado que “esta burocracia (la de los dirigentes y estructuras sindicales que colaboraron activamente con la dictadura y con la represión) cavó una zanja llena de sangre que difícilmente puede cerrarse o disimularse. Ser reformista, corrupto o incluso traidor de tal o cual conflicto, es una cosa; ser entregadores y cómplices activos de las torturas y desapariciones es otra cualitativamente más grave”, Casas, Aldo, “¿Unidad, unicidad, democracia sindical?”, www.prensadefrente.org, febrero de 2010.
[4] Trabajo sin registración laboral ni previsional.
[5] Donde el asesinato del docente Carlos Fuentealba obligó a la dirección nacional de la CTA a convocar al primer paro nacional bajo el gobierno de Néstor Kirchner, el 09 de abril de 2007.
[6] Según el Ministerio de Trabajo la masa sindicalizada apenas supera el 20% de la población económicamente activa. Asimismo, sólo el 12,4% del total de las empresas en el país tiene representación sindical. El 92,5% de las empresas con menos de 50 empleados carece de delegado gremial, porcentaje que alcanza el 72,3% en los establecimientos de hasta 200 trabajadores y el 47,5% en las de 500.
[7] La jornada de trabajo había sido elevada a 7 horas por la dictadura cívico-militar. Un paro de 48 horas reconquistó la jornada de 6 horas, a través de una resolución de la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). El decreto 1515/93 dejó sin efecto el convenio colectivo de trabajo al momento de la privatización y le permitió a Metrovías S.A. regirse por la Ley de Contrato de Trabajo; así, a partir de 1994 , la jornada laboral fue de 8 horas diarias, algo que no sucedía desde 1945. Finalmente, se recuperaron las 6 horas en 2004.
[8] En 2005 la lucha de los trabajadores del subte logró que los trabajadores de la empresa tercerizada de limpieza fueran incorporadas al convenio lo que significó que su jornada de trabajo fuera de 6 horas, obtuvieran mayores salarios y además, mejores condiciones laborales.
[9] En ese sentido los trabajadores del subte lograron romper el techo salarial del 19% que la UTA, el gobierno y Metrovías intentaron imponer en las paritarias, conquistando un aumento salarial del 44%.
[10] El Taller de Estudios Laborales (TEL) produce información, capacitación y otros recursos destinados a fortalecer el accionar reivindicativo de los trabajadores y sus organizaciones gremiales. El TEL ha centrado su labor en los problemas y desafíos que le presentan a los trabajadores la reconversión productiva, las nuevas formas de gestión de la producción y el trabajo, la flexibilidad laboral y las nuevas tecnologías informatizadas. www.tel.org.ar.
[11] Premetro (oficialmente línea E2), es el nombre con el que se denomina a una línea de metro ligero de superficie de 7,4 kilómetros de longitud inaugurada el 27 de agosto de 1987 en la ciudad de Buenos Aires. Integra la red de subterráneos y desde 1994 es operada por la empresa Metrovías S.A. junto con las demás líneas de la red.
[12] Que incluyó la apertura de los molinetes –permitiendo el viaje gratuito de los pasajeros e informándolos sobre el conflicto-, una masiva movilización al Ministerio de Trabajo de la nación y una serie de paros escalonados que comenzaron con 2, 3 y 4 horas y finalizaron con la paralización del subte durante todo el día.
[13]“...Cabe memorar, tal como ha sostenido el Sr. Fiscal, que no existe, en atención a las constancias de la causa, justificación alguna para impedir la inscripción que se peticiona toda vez que de las actuaciones administrativas obrantes en autos y anexadas por cuerda a estos actuados (Expte administrativo n° 134471791/09 del Ministerio de Trabajo en el que se encuentra agregada la actuación n° 1290101 mediante la cual el 5/9/2008 la actora solicitó su simple inscripción gremial, como ente de primer grado en los términos del Titulo VI de la ley 23.551), emerge el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el ordenamiento legal, procurándose con la resolución que adelantara, reparar la lesión de las garantías constitucionales que derivan de una omisión condicionante de la existencia del derecho a la libertad de organización sindical de los trabajadores que con la tipología que consideran eficaz, eligen para la defensa de sus derechos. Sólo a los fines de abundar, y teniendo en cuenta que en la pretensión no subyace una controversia tendiente a obtener la personería gremial de la entidad peticionante ni una eventual disputa por la mayor representatividad, resultando éste un trámite que no se proyecta sobre los derechos exclusivos derivados del art. 31 de la Ley 23.551 que detenta la Unión Tranviaria Automotor, corresponde finalmente y en virtud de lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, ordenar la simple inscripción gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro en los términos de los arts. 21, 22 y 23 de la Ley 23.551” y “...Por todo ello, conforme el acuerdo que antecede, y lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Tribunal Resuelve: 1 Hacer lugar a la acción entablada y ordenar al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social la simple inscripción gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro”.
[14] En ese sentido la Federación de Trabajadores Camioneros que lidera Hugo Moyano tiene previsto desembarcar en el negocio de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). En total el gremio de camioneros tiene 170.000 afiliados a los que se agregan otros 300.000 operadores familiares e individuales que conforman el mercado cautivo del transporte de cargas. Al picar en punta con una ART propia, los camioneros también correrán con ventaja para ofrecer sus seguros a las empresas de transporte de pasajeros, como las líneas de colectivos y las concesionarias ferroviarias que ocupan a casi 200.000 trabajadores. Una de las estrategias para incursionar en el negocio sería ampliar el rango de acción de la compañía de seguros Caminos Protegidos S.A. que la federación de camioneros adquirió en 2007 a la ex firma Juncal. Diario Clarín, edición del 18 de octubre de 2009.
[15] Revista Fortuna, edición del 03 de octubre de 2009.
[16] Ibidem.
