ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ARGENTINA

Los sucesos argentinos del año 2002 están directamente ligados a lo ocurrido en la última parte de 2001.El gobierno de la Alianza se fagocitó rápidamente el capital político que le había otorgado su oposición al gobierno de Carlos Menen. Una vez en el poder no sólo que no revirtió el proceso sino que lo profundizó (siete recortes de presupuesto en dos años de gestión); asimismo, repitió las peores prácticas del decenio anterior (la ley de reforma laboral número 25.250 fue votada bajo sobornos). Esto último demostró dos cosas: por un lado la continuidad del modelo con todos sus rasgos; y por el otro, la complicidad del imperialismo con la corrupción. El modelo de convertibilidad de la moneda fue sólo viable, desde 1995, por financiamiento externo. La burguesía obtuvo retornos extraordinarios durante diez años como producto de tasas de interés astronómicas y libertad absoluta para emigrar cuando así lo creyera conveniente.

Para mantener la convertibilidad y evitar la cesación de pagos, entre fines de 2000 y comienzos de 2001, la Argentina contrajo no nuevos préstamos sino plazos de espera (a través del “blindaje” y el “megacanje”), cambio de tasas súper usurarias. Sin embargo, podía preverse que el fin del aludido modelo estaba cerca. Durante el año 2001 se convirtió en cuestión de masas el indicador del “riesgo país”; este se incrementaba permanentemente al mismo tiempo que los capitales “golondrinas” iniciaban el éxodo. El ministro de economía de la Alianza radical-peronista, Domingo Cavallo, pretendió hacia julio de 2001 que trabajadores activos y pasivos financiaran todo faltante de caja a través del ajuste perpetuo que implicaba la ley de “déficit cero” (nº 25.453).Esto era así porque se supeditaba el pago de haberes y jubilaciones a la recaudación operada en cada periodo. De tal forma se permitía ajustar el recurrente déficit fiscal (generado por un sistema en crisis terminal) a costa de salarios y beneficios previsionales sin necesidad de contar con nuevos instrumentos legales.

Con todos estos antecedentes, el capitalismo, en su versión neoliberal, comenzó a ser seriamente cuestionado en la Argentina. El turno electoral del 14 de octubre de 2001 se constituyó en un salto de calidad en la conciencia de la sociedad. Entre la abstención y el voto negativo (blancos, nulos), ocho millones de argentinos impugnaron el modelo vigente desde mediados de los `70 y, conjuntamente con tal impugnación, expresaron su repudio al conjunto de la dirigencia política (incluyendo a la “izquierda”). El resultado electoral significó un ultimátum para el gobierno que no vio ver o no quiso ver. A partir de ese momento se abrirá una situación revolucionaria generada por el hecho de que la clase dominante ya no podía avanzar sobre el mismo curso, y los trabajadores y el pueblo no estaban aún en condiciones de convertirse en alternativa de poder.

En ese contexto el final de la convertibilidad se aproximaba; cerradas las fuentes de financiamiento externo los depósitos bancarios eran la última garantía de dicho modelo. Sobre un total de 66.000 millones de dólares, entre febrero y noviembre de 2001, se habían fugado del sistema bancario (y del país) cerca de la mitad (en su mayoría grandes cuentas). El gobierno para evitar que continuara la sangría y se desmoronara el modelo intentó confiscar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorristas. A partir de allí se registraría una rebelión popular de una magnitud casi sin precedentes en la historia argentina; el día 19 de diciembre de 2001, miles de desesperados, en su abrumadora mayoría trabajadores desocupados desde hacía años y desprovistos de toda cobertura económica y social, se abalanzaron sobre los supermercados para procurarse comida. Queriendo aprovechar la situación agentes del partido peronista junto con elementos de los servicios de inteligencia y la complicidad de la policía, estimularon los saqueos para desestabilizar al gobierno. Paralelamente, la pequeña burguesía y trabajadores de casi todas las ciudades importantes del país, muchos de estos esquilmados por la confiscación, iniciaron una protesta espontánea al mismo tiempo que terminaba un discurso televisado del presidente De La Rúa en el cual denunciaba que la situación de caos estaba generada por alborotadores y anunciaba el estado de sitio. Luego los manifestantes se dirigieron a la Plaza de Mayo o las sedes de las máximas autoridades en las otras ciudades. El 20 de diciembre junto a grupos remanentes del día anterior, apareció y tomó la iniciativa en las calles una mezcla de estudiantes, trabajadores jóvenes y desocupados de la capital federal. Con estos aparecieron también militantes de izquierda aislados y sin ninguna organización. Ante la represión las masas más que dispersarse se enfurecieron y aunque se replegaron varias veces insistieron en ocupar la Plaza de Mayo ha estas alturas lanzando piedras sobre la policía. La renuncia del ministro de economía no calmo a los manifestantes y tiempo después el presidente rodeado en la casa de gobierno opto por huir en helicóptero. El saldo de la jornada fue de más de treinta muertos y decenas de heridos entre las filas proletarias, junto con casi una decena de policías, algunos vehículos incendiados entre ellos un patrullero y destrozos en el edificio del Congreso y el Ministerio de Economía a los cuales también se intento incendiar.

A partir de allí cinco presidentes se turnaron en pocos días: De la Rúa, Puerta, Rodríguez Saa, Caamaño y finalmente Duhalde). De estos Rodríguez Saa y Duhalde también enfrentaron protestas masivas, solo el ultimo resistió. Frente al colapso de la convertibilidad (situación que siempre fue ficticia dado que el valor de una moneda en el capitalismo está expresado, en ultima instancia, por la riqueza y la actividad de un país), la clase dominante apeló a otras dos variantes para continuar el despojo de los trabajadores y el pueblo: por un lado, la confiscación de depósitos aludida y por el otro, la devaluación de la moneda. Estos dos mecanismos permitieron a la gran burguesía garantizarse su tasa de ganancia. El denominado “corralito” financiero encorsetó, principalmente, el dinero de pequeños ahorristas. Ocho de cada diez ahorristas tenían (cuando se decretó la medida), cuentas inferiores a los 25.000 dólares, muchas de las cuales se abrieron para resguardar indemnizaciones por despido. La devaluación generó, en combinación con los aumentos de las mercancías de primera necesidad, una disminución significativa de la inversión en capital variable. Actualmente, los salarios argentinos son, en promedio, los más bajos de América Latina (poco más de 100 dólares)

Un hecho novedoso de organización de la resistencia popular fue la aparición de asambleas populares en los barrios de las principales ciudades del país. Tal fenómeno fue coetáneo a la consigna de masas inaugurada el propio 19 de diciembre: “que se vayan todos”. De tal forma, la sociedad repudiaba a la totalidad de la clase dirigente demostrando el evidente agotamiento de estructuras partidarias y sindicales que dominaron la historia argentina del siglo XX. Algunos pretendieron creer que sólo los sectores medios se habían convertido en “asambleístas” olvidando que tales sectores desde hacía mucho tiempo habían visto precarizarse sus condiciones materiales de vida. Sin embargo, las asambleas tuvieron barriales tuvieron su límite y progresivamente se fueron extinguiendo. Una vez más quedó en evidencia la orfandad ideológica y organizativa de los asalariados y demás sectores populares.

Una de las prioridades del gobierno peronista fue la de controlar la protesta de los desocupados. Para ellos destinó 150 lecop (bono nacional cuya cotización se pretendía equivalente al peso), para 2 millones de parados lo que implico una inversión anual de 3600 millones de pesos (aproximadamente 1000 millones de dólares). Tal inversión fue financiada por el incumplimiento de la deuda externa. En realidad, Argentina pagó (con reservas), a pesar de la depresión, la marginalidad, la pobreza y las restricciones cambiarias, 4300 millones de dólares. Pero los vencimientos eran de 11 mil millones de dólares. El ahorro entre lo abonado (U$S 4300 millones) y lo que debiera haberse abonado (U$S 11000 millones) explica, entre otras cosas, el financiamiento del asistencialismo a los desocupados y también, que pese a la importante emisión de bonos públicos nacionales y provinciales (cuasimonedas), la inflación no fuera mayor.

El gobierno de Duhalde combinó, para controlar la protesta social, los planes de empleo referidos con la represión abierta. En tal sentido, se multiplicaron los procesados políticos evidenciando una estrategia oficial de judicializar el conflicto social.

Por otro lado, se aceitaron los mecanismos represivos del estado, extendiendo tal cometido a las fuerzas de gendarmería y prefectura. El día 26 de junio de 2002, en ocasión de una protesta del sector piquetero más combativo (Coordinadora Aníbal Verón, fueron asesinados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires dos manifestantes. En un primer momento, el comunicado oficial sostuvo que las muertes habían sido el producto de un enfrentamiento entre los propios piqueteros. Ante las evidencias en contrario, el gobierno debió asumir las responsabilidades de las fuerzas de seguridad revelando a su plana mayor. Finalmente, en septiembre, la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, sufrió un atentado en su domicilio pocos días después de haber apoyado una grave denuncia contra la Policía Bonaerense.

En mayo del 2002 se derogaron, a pedido del imperialismo, las leyes de subversión económica y de quiebra. La primera, dirigida a liberar de toda responsabilidad penal a los directorios de los bancos. Y la segunda, apuntando a facilitar el proceso de concentración (y extranjerización) de la economía.

Argentina actualmente es un país devastado económica y socialmente. Desde que se pusiera en practica en forma abierta el modelo neoliberal (1976) hasta mayo de 2002, la deuda externa pasó de 8.000 millones de dólares a 140.000 millones, a lo que hay que agregar que ingresaron 40.000 millones por la privatización de empresas estatales. Entretanto, la desocupación pasó del 3% al 21,5%; la pobreza extrema de 200.000 personas a 5 millones; la pobreza de 1 millón a 14 millones; el analfabetismo del 2% al 12%.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), en octubre de 2002 el desempleo había caído al 17,8%. Tal disminución obedeció casi por completo, a la incidencia de los planes Jefes y Jefas de hogar destinados a los desocupados a los que se hiciera referencia mas arriba. Esto sucede porque para el organismo oficial los desocupados que reciben el aludido subsidio son considerados ocupados si cumplen con alguna contra prestación laboral (En el origen del plan la idea era que cada beneficiario correspondiera con trabajo a esa ayuda estatal. Sin embargo, según el propio INDEC si no se contabilizara del plan referido el índice de desocupación hubiere trepado al 23,6%. La cantidad de gente ocupada subió de 4.170.000 a 4.543.000 personas. Pero de estos 373.000 nuevos empleos, 272.947 casos se explican por la ¨ ocupación ¨ de los beneficiarios de los planes sociales; en cuanto al resto (aproximadamente 100.000 nuevos empleos), engrosaron el ejército de trabajadores no registrados de empleos de bajísimos ingresos, mientras el índice de empleo registrado siguió cayendo.

A pesar de la ¨ caída ¨ del desempleo, entre mayo y octubre de 2002 siguieron incrementándose los índices de pobreza e indigencia: de 49,7 % a 54,3% el primero, y de 22,7% a 24,7% el segundo. En la zona más poblada del país (Capital Federal y Gran Buenos Aires), sobre casi 12, 3 millones de habitantes se alcanzo un nuevo record 6.672.000 pobres, de los cuales 3.035.000 son indigentes, siempre de acuerdo a los datos oficiales del INDEC. Con respecto a mayo de 2002, hay 600.000 nuevos pobres, de los cuales 245.000 son nuevos indigentes. Y en comparación con octubre de 2001, la pobreza aumenta en 2,3 millones de personas, de los cuales la mitad son nuevos indigentes, a razón de 200.000 nuevos pobres por mes. Los datos desagregados marcan que en la Capital la pobreza subió del 13,4% al 14,6%, mientras que en el Gran Buenos Aires trepo del 59,2% al 64,4%. En cambio, la indigencia bajo del 6,3 % al 5,7 % en la ciudad de Buenos Aires y aumento en el conurbano del 27,9% al 30,5%.

Resulta indigente la familia tipo (matrimonio y dos hijos) que gana menos de 324,70 pesos por mes, equivalente al costo de los alimentos básicos. En cambio resulta pobre, la familia tipo que gana menos de 717,60 pesos por mes, que es el costo de una canasta básica de alimentos y servicios. El INDEC no dio a conocer los índices de pobreza e indigencia en el resto del país. Pero si se proyectan los porcentajes en las zonas medias a toda la Argentina, la pobreza que en mayo de 2002 era del 53% rondaría ahora el 60% de los 36 millones de argentinos con casi la mitad en la indigencia. Así habría 21.600.000 pobres, de los cuales un poco mas de 10.000.000 serian indigentes.

El crecimiento de la indigencia se explica porque, a pesar del asistencialismo oficial, el subsidio es absolutamente insuficiente para cubrir la canasta básica de alimentos. En tanto, el crecimiento de la pobreza obedece, básicamente, a que los ingresos de los trabajadores ocupados aumentaron mucho menos que la inflación. Así, los precios de los alimentos básicos subieron el 28,2%, mientras los salarios de los trabajadores, por la mejora de los 100 pesos para los empleados registrados apenas subieron el 7,2%, mientras las jubilaciones y pensiones permanecieron congeladas. Se estima que el 75% de los trabajadores gana menos de 717 pesos que es el límite de pobreza de una familia tipo.

En resumen el aumento de la pobreza y indigencia se debe a que continua cayendo el poder adquisitivo de las jubilaciones, salarios e ingresos de los cuenta propistas. Ni los nuevos ocupados ni los beneficiarios de los planes Jefes / jefas de Hogar pudieron revertir esta tendencia, en el primer caso debido al los bajos salarios, y en el segundo, a la paupérrima ayuda social.

La profunda crisis que afecta al capitalismo en todo el mundo sigue reflejándose con absoluta claridad en Argentina. Menos en el sector exportador (menos del 10% del Producto Bruto Interno), las ventas y las ganancias han bajado en todo el comercio y la industria. Esto seguirá agudizándose al menos que el sistema cree las condiciones para que aumente el consumo; para ello no habría mas remedio que generar las condiciones para que los que tienen dinero recuperen la confianza, los que han perdido permanentemente poder adquisitivo vean aumentar sus salarios y los que no tienen trabajo consigan uno. Alcanzar tales condiciones aparece tan utópico como las banderas que agitaran durante 2002, tanto la pequeña burguesía (con su consigna de ¨ que se vayan todos), como los desocupados y los partidos de ¨ izquierda ¨ (por un ¨ Argentinazo, por una Asamblea Constituyente, etc.). A medida que avanza la crisis se hace más notoria la necesidad de construir una organización verdaderamente revolucionaria; esta solo puede provenir de los elementos más conscientes de la clase trabajadora en actividad. Los asalariados activos siguen representando, numéricamente la inmensa mayoría de la sociedad. Hasta el momento en Argentina (como en buena parte del mundo) han resignado protagonismo político. Sin embargo puede preverse que a partir de 2003, comenzarán despabilarse lo que permitirá plantear la única discusión que hasta ahora no se ha planteado: La de la necesidad de la lucha abierta contra la burguesía en pos de la construcción del socialismo.

BALANCE SOBRE LA SITUACION NACIONAL DURANTE 2003

Durante 2003 el imperialismo en la Argentina (y en buena parte de la región), dedicó grandes esfuerzos por imponer un nuevo ideario que, sin comprometer su estrategia, suplantara al paradigma neoliberal. En reemplazo de este modelo, que sufriera un fuerte revés en Argentina con el estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, se intentó –y se intenta- proyectar la idea del retorno a un “Estado fuerte”.

En consonancia con lo arriba explicitado, el nuevo presidente Kirchner, se presentó a sí mismo desde su misma asunción, como el representante de un cambio político. En realidad, su antecesor en el cargo (Eduardo Duhalde), había ya insinuado el mismo discurso: el de ser quienes venían a reconstruir un capitalismo de matriz nacional que permitiera la recuperación en la Argentina del Estado-Nación y, de tal forma, la generación de condiciones para limitar al capital monopólico.

La retórica aludida despertó simpatía e ilusiones en los trabajadores esperanzados en que “desde arriba” se le ponga un límite a la voracidad de la burguesía, se aumenten los salarios y se generen puestos de trabajo.

Al estilo Kirchner se lo puede describir con la imagen del encantador de serpientes: lo que se presenta como dignidad y dureza frente al imperialismo es una partitura bien distinta; las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional fueron presentadas como firmeza del gobierno frente a los acreedores cuando en realidad, fue la aceptación de un trato neocolonial por el cual se le impone a la sociedad el pago más gravoso, en relación a su Producto Bruto Interno (PBI), de la historia. Durante 2003 se pagaron U$S 2900 millones afectando las reservas del Banco Central. Para 2004 se ha comprometido el 3% del PBI para abonar los servicios de la deuda pública que no está en default, lo que significa una erogación de $ 13000 millones. Este índice deberá alcanzarse como superávit primario consolidado (contribuyendo 2,4% el Estado Nacional y 0,6% las provincias), que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. El porcentaje indicado representa más del triple del promedio registrado durante los ’90, cuando el superávit primario siempre fue inferior al 1% del PBI.

En el seno del FMI se reprodujeron buena parte de las contradicciones interimperialistas. Por un lado, los países europeos (con marcados intereses en la Argentina por sus inversiones ligadas a la producción y distribución de energía, agua, gas y petróleo, al negocio de las telecomunicaciones y con cientos de miles de tenedores de bonos defaulteados) que pretendían un mayor ajuste fiscal para que Argentina también honrara su deuda en default, y EEUU que presionó para que se firmara un acuerdo “menos gravoso” por los efectos políticos que una ruptura del país con el FMI podría aparejar. Sin embargo, a pesar de que triunfó la postura estadounidense, sólo se firmó un acuerdo parcial con revisión de metas a mediados del año próximo.

El 3% del PBI que la Argentina deberá alcanzar como superávit primario no prevé la refinanciación de la deuda que está en default que supera los U$S 100.000 millones. Si

estos acreedores aceptaran la tan promocionada quita del 75% con que amenazó el gobierno (quita que ya efectuó el mercado), a partir de 2005 el superávit primario que debiera alcanzarse para honrar los vencimientos debiera ser del 4 o 4,5% del PBI, lo que sólo sería viable mediante un drástico ajuste fiscal.

En la próxima ronda de negociaciones estará presente el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Si estas no aumentan muchas empresas dejarán las concesiones cuando la situación de depredación del parque industrial sea irreversible dado que por el momento las ganancias se destinan, no a la inversión reproductiva, sino a gastos corrientes y fuga de capitales. Pero aún cuando se concedieran aumentos, el problema no sería menor, toda vez que junto a la impopularidad de la medida, crecerá el riesgo de incobrabilidad (dado que los salarios reales han sufrido un sensible retroceso).

La otra cuestión que pretende remediar el imperialismo es el virtual colapso del sistema bancario. Desde 2001 hasta hoy los depósitos sufrieron una merma de U$S 55.000 millones[1], quedando reducido el negocio al 30%. A ese panorama debe agregarse que actualmente el crédito para la inversión del sector empresario aparece como muy riesgoso en la medida que la demanda (consumo) sigue siendo insolvente como para garantizar el repago del capital prestado. Mientras tanto, los sectores ligados a la exportación no demandan crédito porque tienen tasas de ganancia suficientes como para sustentar sus propias inversiones. En cuanto al crédito para consumo, los ingresos mengüados por el desempleo y la inflación tampoco garantizan el pago de las cuotas.

En ese marco, la sobrevida del sistema bancario se mantiene básicamente porque han recibido una ayuda muy fuerte a través de emisión monetaria (redescuentos) del Banco Central. Actualmente, en el seno del FMI y otros organismos del capital financiero internacional, se discute si no resulta necesario sincerar el sistema bancario en la Argentina, porque algunos pretenden que los recursos que se emplean en sostenerlo se utilicen para comprar divisas y pagar la deuda. Es por ello que están proyectadas leyes de inmunidad para funcionarios del Banco Central que participen en la reestructuración del sistema; de esta forma, si cierran un banco no deberían soportar juicios de los ahorristas.

Otros ejemplos de verdaderas intenciones disfrazadas lo representaron la postura argentina en favor de la constitución de un “ALCA light” según lo anunciara el Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Bielsa, lo que implica la sumisión a los intereses del imperialismo norteamericano negociando mínimamente, las condiciones del sometimiento; o la rescisión de la concesión de la explotación del Correo en detrimento del Grupo Macri para reprivatizarlo en favor de otro monopolio (en principio el Federal Express de EEUU).

En el mismo sentido, la renovación de las instituciones encarada por Kirchner, no pasa de ser un cambio parcial de figuras (las más irritantes), mientras mantiene su alianza con los “barones” provinciales del Partido Justicialista, con el objetivo último de relegitimar el régimen ante la población.

Sin perjuicio de todos estos engaños el sistema tiene permanentes problemas para reproducirse. A pesar de no haberse constituido una verdadera alternativa política, la burguesía tuvo dificultades casi inéditas para imponer su nuevo gerente. En las elecciones presidenciales de abril de 2003 triunfó el más desembozado agente del capitalismo neoliberal, Carlos Menem, con apenas el 25% de los votos válidos afirmativos emitidos (el 18% del padrón); mientras tanto, quien finalmente se quedó con la presidencia, ante la renuncia de Menem a la segunda vuelta electoral (conciente de su inevitable derrota), sólo alcanzó el 22% de aquellos sufragios (el 16% del padrón).

SOBRE LA NATURALEZA DEL PERONISMO

El peronismo es el movimiento político que mejor ha expresado –y expresa- los intereses de la burguesía en la Argentina.

En su origen (1946/1955), el peronismo representó un movimiento nacionalista burgués que estructuró la alianza, alrededor de un Estado activo, entre la burguesía nacional y la clase obrera, integrada a la vida política a través de la estatización de sus organizaciones. La cooptación de dirigentes obreros y la represión de los elementos independientes y de izquierda (como por ejemplo algunos de los dirigentes comunistas, socialistas y laboristas), fueron parte constitutiva de los dos primeros gobiernos peronistas. La concesión de grandes conquistas económicas, la formación de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las comisiones internas, el otorgamiento de los convenios colectivos de trabajo, fueron la base material de la adhesión obrera al peronismo.

El segundo peronismo en el poder (1973/1976) viene de la mano del fracaso del régimen militar para contener el ascenso de las masas desatado tras el estallido del “Cordobazo” (1969). Paralelamente, el ciclo de expansión del capital en el mundo iniciaba su declinación y con él, iniciaba su etapa final el modelo de acumulación basado en la sustitución de importaciones. Ese peronismo fue un intento de la burguesía de domesticar la lucha de clases, primero bajo un breve período de reformas frentepopulistas con Cámpora y luego directamente como un partido del orden.

En ese contexto la burocracia sindical (gangsteril), fue empleada como fuerza de choque para terminar –sea como sea- con las luchas obreras. En este período el peronismo no había venido a resistir las presiones imperialistas sino a negociar las nuevas relaciones entre Argentina y el capital financiero internacional.

La década menemista (1989/1999) fue la expresión de un peronismo que llega al poder en medio de la crisis terminal del viejo Estado-Nación, producto de la extensión de las relaciones de producción capitalistas. Este peronismo se caracterizó por ser un agente directo de los monopolios; así, borró de su discurso las consignas de “justicia social”, “soberanía política” e “independencia económica”, imponiendo las “relaciones carnales”, apoyado en una alianza inédita, erigida en torno a la convertibilidad, entre la gran y mediana burguesía, los trabajadores ocupados y los lúmpenes. La burocracia sindical contribuyó decididamente para que la burguesía pudiera extraer mayores cuotas de plusvalía, reservándose el rol de gerenciadora de negocios capitalistas.

El gobierno peronista de Kirchner retoma el discurso del primer peronismo pero para negociar –como el segundo peronismo- las condiciones de vasallaje con el imperialismo.

En resumen, el peronismo expresa el fracaso histórico de la burguesía nacional para confrontar con el capital monopolista transnacional. Hoy, el peronismo aggiornado cubre su cara ajustadora con la máscara de consignas progresistas.

LA SITUACION DE LA CLASE TRABAJADORA

La mitad de los asalariados ganaba, en agosto de 2003, menos de $ 400 mensuales[2]. El nivel de ingreso se mantuvo estable entre octubre de 2001 y agosto de 2003; pero tras la devaluación y la inflación (del 41% anual), esos $ 400 se licuaron. En octubre de 2001, la canasta básica –que incluye el consumo de bienes y servicios básicos para escapar de la pobreza- rondaba los $ 500. Hoy una familia tipo necesita $ 726 para adquirir esa canasta[3].

Paralelamente, el trabajo no registrado alcanza aproximadamente a la mitad de los asalariados del país. Los planes sociales indujeron una suba de este indicador, toda vez que los beneficiarios de estos planes no tienen cobertura social ni previsional por lo que se computan como trabajadores “en negro”. Por otro lado, la mayor creación de empleo, luego de la salida del modelo de convertibilidad de la moneda, tuvo lugar en la industria de la construcción, servicios personales y trabajo doméstico, todos rubros con elevados índices de trabajo no registrado.

Según los datos oficiales difundidos en Octubre de 2003, el desempleo había caído al 16,3%. En un primer momento el gobierno había anunciado otro índice que hacía caer el desempleo al 14,3%; esto se debió a que, en lugar de calcular la evolución del proceso semestralmente (como se hiciera desde 1974 cuando el INDEC comenzó con la medición), sólo se tomaron en cuenta tres meses para dicho cálculo (paradójicamente el trimestre con mayor actividad económica). Lo cierto es que si no se contemplaran para medir la desocupación los planes Jefes y Jefas de Hogar, el paro forzoso en Argentina rondaría el 22%.

Si bien la política devaluatoria impulsada desde el colapso del modelo de convertibilidad (enero de 2002), generó una mayor actividad económica, esa mayor actividad se enfrentó, por regla general, aumentando las horas de trabajo de los ocupados (y no contratando nuevos trabajadores). La amenaza del hiperdesempleo facilitó la extensión de la jornada de trabajo y en muchos casos, al no pagarse el trabajo suplementario, el aumento de la extracción de plusvalía (absoluta). Aún en los casos que se pagó ese plustrabajo, aumentaron decididamente los accidentes laborales (precisamente por la sobrecarga laboral)[4].

Los salarios de los empleados públicos y jubilados seguirán congelados durante 2004 pese a la inflación proyectada del 7%; en el sector privado el índice de desempleo garantiza por el momento los niveles bajísimos de ingreso de los ocupados. De tal forma, continuará la caída de los salarios reales.

Todo este cuadro salarial explica porqué, mientras la economía creció el 5,4% durante 2003, el consumo apenas el 2,2%. La mayor actividad se debió fundamentalmente, a la sustitución de importaciones y al incremento de las exportaciones, porque hasta ahora la demanda doméstica aumentó muy moderadamente.

Es todo este marco el que va preparando el terreno para la agudización de la lucha de clases. En ese contexto el discurso del “Estado fuerte” es un engaño a los trabajadores para fortalecer el aparato de coerción y dominio. La reciente prórroga de los superpoderes al gobierno, presentados como una forma efectiva de agilizar las políticas sociales, muestra la tendencia a acumular poder detrás del ejecutivo.

Por otro lado, el reciente intento de crear una Brigada Antipiquetes y la reglamentación de los cortes de calles y rutas que se pretende (a cambio de una amplia amnistía para los luchadores sociales), muestran cuál parece ser la tendencia de la utilización de aquellas facultades.

Kirchner, continuando con la estrategia diseñada por Duhalde, busca aceitar los mecanismos de una nueva orientación estatal, que contenga, mediante un aparato clientelar –como el Plan Jefes y Jefas de Hogar- la posible protesta de los excluídos. Pero asimismo, no pueden permitir que a la lucha de los desocupados se sumen los asalariados en actividad y aún la pequeña burguesía. Para esto necesita constituir una dirigencia adicta que cumpla el papel de agente del poder político en las organizaciones obreras y populares. La fragmentación actual de los movimientos de lucha y la cooptación de algunos dirigentes de los movimientos sociales, conjuntamente con la formación de un “piqueterismo oficial” (Federación Tierra y Vivienda, ¿Corriente Clasista y Combativa?) aportan en ese sentido. En la misma estrategia, el gobierno contribuye con el denominado movimiento de las empresas recuperadas apuntando a la formación de una nueva burocracia cooperativista, y en todo caso, para alejar a los trabajadores de la lucha política. Por último, el intento de recomponer a la burocracia sindical buscando la unidad de la CGT, entre los “gordos” –ex menemistas- y el “moyanismo” –hoy kirchnerista- es otra de las patas del plan de gobierno.

SOBRE LA NECESIDAD DEL PARTIDO

En Argentina como en buena parte del mundo asistimos a un fin de época. Nuevas luchas se anuncian en todos los rincones del planeta. En este contexto, se hace cada vez más imperiosa la necesidad del Partido. Este por su organización, por desarrollar su trabajo en los diferentes frentes de masas pero sobre todo, por contar con una ideología propia (radicalmente opuesta a la burguesa), el marxismo-leninismo, es la única instancia órganica capaz de transformar la lucha simplemente reivindicativa y reformista (cada vez con menos margen), a niveles políticos y revolucionarios. El Partido dirige a la clase obrera, fundamentalmente, para destruir el régimen social que obliga a los asalariados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas[5]. Sólo cuando la clase trabajadora conquiste el poder, se habrán creado las condiciones para terminar con la explotación.

Aceptando que las condiciones objetivas para la revolución hace tiempo han madurado, resulta fundamental la construcción del Partido por su irremplazable papel en términos subjetivos. Esa será la tarea a la que habrá que dedicarse en los próximos años.

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[1] De U$S 80.000 millones a U$S 25000 millones

[2] Lo que representa 4.500.000 personas

[3] Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)

[4] En los primeros tres meses de 2003 los accidentes de trabajo aumentaron un 18% según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

[5] V.I. Lenin, ¿Qué hacer?, Obras Completas, 2º ed., Ed. Cartago, Buenos Aires, 1969-1973, T. II, págs.13 y 14