Antecedentes: la segunda post-guerra y el proceso político nacional 1945-1973
Hacia mediados del siglo XX, en América Latina, las burguesías nacionales de carácter industrial, estimuladas por la sustitución de importaciones que había generado la guerra , aprovecharon el mercado que se les habría en su propio país. Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Ibáñez en Chile, Cárdenas en México, Arbenz en Guatemala, la revolución de 1952 en Bolivia con la conducción de Paz Stenssoro y Siles Suazo son claros ejemplos de estos procesos. El Estado fue fortalecido para actuar como un agente impulsor del modelo de desarrollo capitalista nacional .
En la Argentina se consolidó un modelo de capitalismo benefactor, de matriz populista , que implicaba concesiones recíprocas entre el capital y el trabajo. En ese contexto, Perón disipó desde un primer momento las dudas que generaba en la burguesía su figura. Advirtió que la única clase trabajadora peligrosa es la insatisfecha y la que no está organizada. Luego de hacer una descripción de las victorias alcanzadas por los comunistas y su influencia en el mundo desde 1917 dijo “…mejor dar un 30 por ciento a tiempo que perder todo más tarde…para evitar que las masas, habiendo satisfecho la necesidad de justicia social deseen ir más allá, el primer remedio es organizar a esas masas…esa será nuestra garantía, la organización de las masas…porque el Estado tiene los instrumentos para, si es necesario, poner por la fuerza las cosas en su lugar y no permitir que se desboquen. Se ha dicho, caballeros, que soy enemigo del capital y si observan lo que acabo de decirles no encontrarán un defensor más determinado que yo, porque sé que defender a los empresarios, a los industriales, a los comerciantes, es defender al propio Estado .
Los trabajadores argentinos, a cambio de renunciar a la lucha por la construcción del propio poder, recibieron concesiones económicas importantes. El gobierno peronista puso en vigencia una serie de leyes laborales y de la seguridad social que habían sido promulgadas durante la década del ’30 pero que no habían sido implementadas, como por ejemplo, la que fijaba una jornada laboral diaria máxima de 8 horas, la de seguros por accidentes de trabajo, la de pago de las horas suplementarias y la referente a las condiciones sanitarias en el lugar de trabajo. También se sancionaron leyes que consagraron la jubilación, el sueldo anual complementario, las vacaciones anuales pagas, licencia por enfermedad de hasta 6 meses, beneficios por fallecimiento, seguros por supervivencia y subsidios de asistencia a la familia. Por otro lado, se crearon tribunales de trabajo para entender en las demandas laborales .
El trabajo organizado creció significativamente durante el primer peronismo. En 1946 había 877.000 trabajadores afiliados a la Confederación General del Trabajo (C.G.T.). Luego de casi una década de peronismo, el número había crecido a 2.300.000. En total, el 43% de los asalariados estaban sindicalizados hacia 1954 .
El nivel de ocupación en la ciudad de Buenos Aires, que de 1929 a 1940 había crecido un 29%, en los cinco años siguientes se incrementó un 20% . Todo este proceso fue acompañado de un crecimiento de los salarios reales, del 34%, en el caso de los trabajadores no calificados, y del 20%, respecto de los obreros calificados, entre 1940 y 1945 . El porcentaje del ingreso neto de la industria dedicado a la remuneración del trabajo pasó del 45,3% en 1941 al 57,5% en 1954 .
En resumen, la concesión de grandes conquistas económicas, la formación de la Confederación General del Trabajo, de las comisiones internas, el otorgamiento de los convenios colectivos de trabajo , representaron la base material de la adhesión obrera al peronismo.
Mientras tanto, en el ámbito internacional, ante el avance de las masas populares, particularmente en Europa, Asia y América Latina, los Estados imperialistas se dedicaron, en un primer momento, a lograr la recuperación económica y política de las potencias debilitadas. En ese marco, Europa Occidental se reconstruía con la ayuda financiera y militar de los E.E.U.U. .
E.E.U.U., una vez recobradas las naciones del bloque imperialista, lideró el proceso de reconquistar los mercados perdidos en los Estados dependientes, objetivo que implicaba liquidar los intentos de desarrollo capitalista nacional. En ese contexto deben encuadrarse los golpes de estado contra Arbenz en 1954 y el de Argentina de setiembre de 1955.
Desde la caída del peronismo se pueden señalar dos claras tendencias en la evolución del proceso político nacional. En primer lugar, la desnacionalización de la economía que pasó a manos de los monopolios extranjeros, muchas veces asociados con la gran burguesía argentina. Esta transferencia ocurrió, en un primer momento lentamente, para acelerarse desde fines de la década del ’80 del siglo XX hasta prácticamente concluir al comenzar el XXI. Esta concentración y centralización monopólica implicó la desaparición del Estado empresario y la liquidación de la burguesía nacional. Esta clase social se diferenció cada vez más. Mientras un sector de ella se desarrolló hasta alcanzar a definirse como gran burguesía y se entrelazó con el capital extranjero, teniendo un peso significativo en varias ramas de la producción, su porción mayoritaria declinó de un modo cada vez más ostensible.
Por otro lado, el período inaugurado en 1955 se caracterizó por el aumento de la explotación de la clase asalariada, que sufrió un constante deterioro de los salarios y de las condiciones de trabajo, la que fue acompañada por una significativa pauperización de la pequeña burguesía.
El Fondo Monetario Internacional comenzó a adquirir mayor ingerencia en la elaboración de políticas económicas. Este organismo, desde 1957, ha exigido un programa que, en muchas de sus pautas, continúa vigente hasta la actualidad; entre otras, reducir el déficit fiscal, disminuir la protección arancelaria, reducir los salarios reales y fomentar el endeudamiento externo.
Los salarios industriales decrecieron a una tasa anual acumulativa de 0,83% entre 1956 y 1961; en ramas como la textil o el calzado, el ritmo de decrecimiento fue del orden de 5,55 y 4,20% anual. Paralelamente, entre 1950 y 1965, las inversiones norteamericanas en la industria argentina pasaron de 161 a 617 millones de dólares .
El predominio del capital monopólico alteró bruscamente la composición orgánica del capital industrial. Mientras el capital constante aumenta entre 1955 y 1963 el 10,6%, el capital variable, en el mismo período, disminuye un 4,2%, con un aumento de la tasa de plusvalía de 3,2% .
La etapa abierta a partir de 1958 mostró la expresión local de una nueva fase en la evolución del imperialismo. Los capitales que se invertían en los países dependientes, sin dejar de producir materias primas para las grandes potencias, buscaban también aprovechar el mercado interno. El capital financiero norteamericano, ahora claramente hegemónico, había desplazado al inglés, dominante desde el siglo XIX hasta la década del ’40 del siglo XX. Esta sustitución de una potencia rectora por otra importará para Argentina una seria dificultad para insertarse en el mercado mundial. Gran Bretaña, mientras fue dominante, absorbió gran parte de nuestra producción agropecuaria. En cambio, E.E.U.U. no adquirirá nuestras principales mercancías de exportación e, incluso, resultará un serio competidor en el mercado mundial.
Al comenzar la década de los sesenta, hasta los más fervientes apologistas del sistema debieron reconocer que el proyecto de desarrollo capitalista nacional autónomo había sido derrotado por el capital imperialista. Tampoco podía negarse que se había iniciado un proceso de pauperización creciente de las masas, reconocido a través del eufemismo “redistribución regresiva del ingreso”. La participación relativa de capital y trabajo en el producto bruto interno se modificó sensiblemente, revelando la naturaleza de la fase de acumulación que se había iniciado: la participación de los asalariados cayó del 49% del PBI en 1954, a un 40% hacia 1962.
A partir de allí las crisis económicas se sucedieron (1956, 1959, 1962, 1966), y se intentaron corregir con políticas llamadas de estabilización. Con la crisis y la devaluación se indujo una fuerte traslación de ingresos de los trabajadores a los empresarios, como producto de la caída de los salarios reales a raíz del aumento de los precios y tarifas.
En ese marco, el período se caracterizó por una lucha de clases abierta . La política de “racionalización” y privatizaciones de empresas estatales generó la resistencia de los obreros afectados por la misma. En enero de 1959, los trabajadores del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre rechazaron el intento de privatización de su fuente de trabajo, paralizando sus actividades y tomando el establecimiento (para evitar su venta a la CAP). El gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente (U.C.R.I.), decretó el estado de sitio, intervino el frigorífico y recurrió al ejército para reprimir la huelga. Solidarizándose con los reclamos de los obreros del frigorífico, otros sindicatos decretaron una huelga general para fines de ese mes. Las huelgas se intensificaron en los meses siguientes, y luego se registraron actos crecientes de sabotaje. El gobierno respondió interviniendo los sindicatos y empleando al ejército para reprimir, según lo establecía el Plan Conintes , al tiempo que los empresarios despedían a los cuadros obreros más concientes de cada planta.
Dentro de las Fuerzas Armadas, convivían dos posturas distintas acerca de la naturaleza del peronismo. Para la primera, los denominados “colorados”, el peronismo representaba la etapa inferior del comunismo, resultando ambas doctrinas “dos hebras de una misma madeja”. Por lo tanto, la política que propiciaba este sector apuntaba a neutralizar a los dos partidos. En cambio, para los “azules”, peronismo y comunismo reflejaban concepciones políticas distintas; se reconocía al peronismo haber “nacionalizado y cristianizado” a los trabajadores, alejando a éstos del comunismo, doctrina internacionalista y atea. Bajo ese concepto se devolvió a la burocracia sindical la ley de asociaciones sindicales que reestablecía el modelo sindical del primer peronismo: central única de trabajadores, no prohibición de toma de posiciones políticas por los sindicatos y reconocimiento legal del sindicato más numeroso por rama de actividad.
El gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo (1963-1966), intentó implementar una política de corte keynesiana, representando un tibio intento de la burguesía nacional de resistir el avance del capital monopólico. En ese marco se anularon las concesiones petroleras, se puso el énfasis en el mercado interno y se procuró proteger al capital nacional. El Estado tuvo un gran protagonismo en la política económica: controles de precios, de cambios, precios máximos, fuerte impulso a la obra pública, algunos límites a los monopolios extranjeros. Favorecido por una coyuntura favorable, los ingresos de los trabajadores se elevaron y el Congreso instituyó el salario mínimo, vital y móvil. Sin embargo, la dirigencia gremial peronista, afectada por el intento del gobierno de controlar el manejo de los fondos de los sindicatos, lanzó un plan de lucha que consistió en la ocupación escalonada, entre mayo y junio de 1964, de 11.000 establecimientos, con la participación de 4 millones de trabajadores. El gobierno radical instrumentó otra medida , por la que prohibía a las asociaciones sindicales la realización de actividades políticas partidarias. Por otra parte, se establecían disposiciones que facilitaban la formación de sindicatos por fábrica y más de una organización gremial por empresa, y se otorgaba la personería a las secciones sindicales. La estrategia gubernamental apuntaba a fragmentar la base de la estructura gremial .
A partir de 1966 se produjo un salto de calidad en el proceso. Se agudizaron la concentración y la centralización del capital y adquirieron más relevancia las inversiones foráneas. En 1969, las 100 primeras empresas industriales extranjeras producían casi el 20% del total de Argentina, mientras que en 1957 su participación había sido del 11,8%. Considerando al conjunto de las empresas extranjeras, su proporción se había elevado del siguiente modo: 18,2% en 1955, 24,7% en 1962, 26,8% en 1966 y 31% en 1972. Para entonces, resultaba clara la hegemonía del capital norteamericano. En 1969, más de la mitad de la producción industrial realizada por empresas extranjeras correspondía a filiales norteamericanas, el 15,7% a británicas y el 10,8% a francesas.
La burguesía nacional se diferenciaba cada vez más. Un sector de ella evoluciona teniendo un peso significativo en varias ramas de la producción como alimentación y vinos.
Las relaciones de producción capitalistas se seguían expandiendo en Argentina. El crecimiento de la masa de asalariados es un buen indicador de este fenómeno. Mientras en 1947 los trabajadores en relación de dependencia representaban el 68,1% del total de la población ocupada, en 1970 se había elevado al 70,8%.
La política de la dictadura apuntó a reducir significativamente el personal de la administración pública y de algunas empresas del estado, como ferrocarriles. Paralelamente, se cerraron la mayoría de los ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, que venían siendo ampliamente subsidiados por el Estado. Para acallar la protesta sindical, se sancionó una ley de arbitraje obligatorio, que condicionaba severamente la posibilidad de las huelgas.
La clase obrera, en su lucha contra la dictadura abierta de la burguesía, comienza un crecimiento organizativo y político significativo. Rebeliones como el “Cordobazo” harán temblar a la dictadura . Esta se verá obligada, poco después, para sortear la crisis, a buscar una salida electoral.
