Los sucesos argentinos del año 2002 están directamente ligados a lo ocurrido en la última parte de 2001.El gobierno de la Alianza se fagocitó rápidamente el capital político que le había otorgado su oposición al gobierno de Carlos Menen. Una vez en el poder no sólo que no revirtió el proceso sino que lo profundizó (siete recortes de presupuesto en dos años de gestión); asimismo, repitió las peores prácticas del decenio anterior (la ley de reforma laboral número 25.250 fue votada bajo sobornos). Esto último demostró dos cosas: por un lado la continuidad del modelo con todos sus rasgos; y por el otro, la complicidad del imperialismo con la corrupción. El modelo de convertibilidad de la moneda fue sólo viable, desde 1995, por financiamiento externo. La burguesía obtuvo retornos extraordinarios durante diez años como producto de tasas de interés astronómicas y libertad absoluta para emigrar cuando así lo creyera conveniente.
Para mantener la convertibilidad y evitar la cesación de pagos, entre fines de 2000 y comienzos de 2001, la Argentina contrajo no nuevos préstamos sino plazos de espera (a través del “blindaje” y el “megacanje”), cambio de tasas súper usurarias. Sin embargo, podía preverse que el fin del aludido modelo estaba cerca. Durante el año 2001 se convirtió en cuestión de masas el indicador del “riesgo país”; este se incrementaba permanentemente al mismo tiempo que los capitales “golondrinas” iniciaban el éxodo. El ministro de economía de la Alianza radical-peronista, Domingo Cavallo, pretendió hacia julio de 2001 que trabajadores activos y pasivos financiaran todo faltante de caja a través del ajuste perpetuo que implicaba la ley de “déficit cero” (nº 25.453).Esto era así porque se supeditaba el pago de haberes y jubilaciones a la recaudación operada en cada periodo. De tal forma se permitía ajustar el recurrente déficit fiscal (generado por un sistema en crisis terminal) a costa de salarios y beneficios previsionales sin necesidad de contar con nuevos instrumentos legales.
Con todos estos antecedentes, el capitalismo, en su versión neoliberal, comenzó a ser seriamente cuestionado en la Argentina. El turno electoral del 14 de octubre de 2001 se constituyó en un salto de calidad en la conciencia de la sociedad. Entre la abstención y el voto negativo (blancos, nulos), ocho millones de argentinos impugnaron el modelo vigente desde mediados de los `70 y, conjuntamente con tal impugnación, expresaron su repudio al conjunto de la dirigencia política (incluyendo a la “izquierda”). El resultado electoral significó un ultimátum para el gobierno que no vio ver o no quiso ver. A partir de ese momento se abrirá una situación revolucionaria generada por el hecho de que la clase dominante ya no podía avanzar sobre el mismo curso, y los trabajadores y el pueblo no estaban aún en condiciones de convertirse en alternativa de poder.
En ese contexto el final de la convertibilidad se aproximaba; cerradas las fuentes de financiamiento externo los depósitos bancarios eran la última garantía de dicho modelo. Sobre un total de 66.000 millones de dólares, entre febrero y noviembre de 2001, se habían fugado del sistema bancario (y del país) cerca de la mitad (en su mayoría grandes cuentas). El gobierno para evitar que continuara la sangría y se desmoronara el modelo intentó confiscar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorristas. A partir de allí se registraría una rebelión popular de una magnitud casi sin precedentes en la historia argentina; el día 19 de diciembre de 2001, miles de desesperados, en su abrumadora mayoría trabajadores desocupados desde hacía años y desprovistos de toda cobertura económica y social, se abalanzaron sobre los supermercados para procurarse comida. Queriendo aprovechar la situación agentes del partido peronista junto con elementos de los servicios de inteligencia y la complicidad de la policía, estimularon los saqueos para desestabilizar al gobierno. Paralelamente, la pequeña burguesía y trabajadores de casi todas las ciudades importantes del país, muchos de estos esquilmados por la confiscación, iniciaron una protesta espontánea al mismo tiempo que terminaba un discurso televisado del presidente De La Rúa en el cual denunciaba que la situación de caos estaba generada por alborotadores y anunciaba el estado de sitio. Luego los manifestantes se dirigieron a la Plaza de Mayo o las sedes de las máximas autoridades en las otras ciudades. El 20 de diciembre junto a grupos remanentes del día anterior, apareció y tomó la iniciativa en las calles una mezcla de estudiantes, trabajadores jóvenes y desocupados de la capital federal. Con estos aparecieron también militantes de izquierda aislados y sin ninguna organización. Ante la represión las masas más que dispersarse se enfurecieron y aunque se replegaron varias veces insistieron en ocupar la Plaza de Mayo ha estas alturas lanzando piedras sobre la policía. La renuncia del ministro de economía no calmo a los manifestantes y tiempo después el presidente rodeado en la casa de gobierno opto por huir en helicóptero. El saldo de la jornada fue de más de treinta muertos y decenas de heridos entre las filas proletarias, junto con casi una decena de policías, algunos vehículos incendiados entre ellos un patrullero y destrozos en el edificio del Congreso y el Ministerio de Economía a los cuales también se intento incendiar.
A partir de allí cinco presidentes se turnaron en pocos días: De la Rúa, Puerta, Rodríguez Saa, Caamaño y finalmente Duhalde). De estos Rodríguez Saa y Duhalde también enfrentaron protestas masivas, solo el ultimo resistió. Frente al colapso de la convertibilidad (situación que siempre fue ficticia dado que el valor de una moneda en el capitalismo está expresado, en ultima instancia, por la riqueza y la actividad de un país), la clase dominante apeló a otras dos variantes para continuar el despojo de los trabajadores y el pueblo: por un lado, la confiscación de depósitos aludida y por el otro, la devaluación de la moneda. Estos dos mecanismos permitieron a la gran burguesía garantizarse su tasa de ganancia. El denominado “corralito” financiero encorsetó, principalmente, el dinero de pequeños ahorristas. Ocho de cada diez ahorristas tenían (cuando se decretó la medida), cuentas inferiores a los 25.000 dólares, muchas de las cuales se abrieron para resguardar indemnizaciones por despido. La devaluación generó, en combinación con los aumentos de las mercancías de primera necesidad, una disminución significativa de la inversión en capital variable. Actualmente, los salarios argentinos son, en promedio, los más bajos de América Latina (poco más de 100 dólares)
Un hecho novedoso de organización de la resistencia popular fue la aparición de asambleas populares en los barrios de las principales ciudades del país. Tal fenómeno fue coetáneo a la consigna de masas inaugurada el propio 19 de diciembre: “que se vayan todos”. De tal forma, la sociedad repudiaba a la totalidad de la clase dirigente demostrando el evidente agotamiento de estructuras partidarias y sindicales que dominaron la historia argentina del siglo XX. Algunos pretendieron creer que sólo los sectores medios se habían convertido en “asambleístas” olvidando que tales sectores desde hacía mucho tiempo habían visto precarizarse sus condiciones materiales de vida. Sin embargo, las asambleas tuvieron barriales tuvieron su límite y progresivamente se fueron extinguiendo. Una vez más quedó en evidencia la orfandad ideológica y organizativa de los asalariados y demás sectores populares.
Una de las prioridades del gobierno peronista fue la de controlar la protesta de los desocupados. Para ellos destinó 150 lecop (bono nacional cuya cotización se pretendía equivalente al peso), para 2 millones de parados lo que implico una inversión anual de 3600 millones de pesos (aproximadamente 1000 millones de dólares). Tal inversión fue financiada por el incumplimiento de la deuda externa. En realidad, Argentina pagó (con reservas), a pesar de la depresión, la marginalidad, la pobreza y las restricciones cambiarias, 4300 millones de dólares. Pero los vencimientos eran de 11 mil millones de dólares. El ahorro entre lo abonado (U$S 4300 millones) y lo que debiera haberse abonado (U$S 11000 millones) explica, entre otras cosas, el financiamiento del asistencialismo a los desocupados y también, que pese a la importante emisión de bonos públicos nacionales y provinciales (cuasimonedas), la inflación no fuera mayor.
El gobierno de Duhalde combinó, para controlar la protesta social, los planes de empleo referidos con la represión abierta. En tal sentido, se multiplicaron los procesados políticos evidenciando una estrategia oficial de judicializar el conflicto social.
Por otro lado, se aceitaron los mecanismos represivos del estado, extendiendo tal cometido a las fuerzas de gendarmería y prefectura. El día 26 de junio de 2002, en ocasión de una protesta del sector piquetero más combativo (Coordinadora Aníbal Verón, fueron asesinados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires dos manifestantes. En un primer momento, el comunicado oficial sostuvo que las muertes habían sido el producto de un enfrentamiento entre los propios piqueteros. Ante las evidencias en contrario, el gobierno debió asumir las responsabilidades de las fuerzas de seguridad revelando a su plana mayor. Finalmente, en septiembre, la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, sufrió un atentado en su domicilio pocos días después de haber apoyado una grave denuncia contra la Policía Bonaerense.
En mayo del 2002 se derogaron, a pedido del imperialismo, las leyes de subversión económica y de quiebra. La primera, dirigida a liberar de toda responsabilidad penal a los directorios de los bancos. Y la segunda, apuntando a facilitar el proceso de concentración (y extranjerización) de la economía.
Argentina actualmente es un país devastado económica y socialmente. Desde que se pusiera en practica en forma abierta el modelo neoliberal (1976) hasta mayo de 2002, la deuda externa pasó de 8.000 millones de dólares a 140.000 millones, a lo que hay que agregar que ingresaron 40.000 millones por la privatización de empresas estatales. Entretanto, la desocupación pasó del 3% al 21,5%; la pobreza extrema de 200.000 personas a 5 millones; la pobreza de 1 millón a 14 millones; el analfabetismo del 2% al 12%.
Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), en octubre de 2002 el desempleo había caído al 17,8%. Tal disminución obedeció casi por completo, a la incidencia de los planes Jefes y Jefas de hogar destinados a los desocupados a los que se hiciera referencia mas arriba. Esto sucede porque para el organismo oficial los desocupados que reciben el aludido subsidio son considerados ocupados si cumplen con alguna contra prestación laboral (En el origen del plan la idea era que cada beneficiario correspondiera con trabajo a esa ayuda estatal. Sin embargo, según el propio INDEC si no se contabilizara del plan referido el índice de desocupación hubiere trepado al 23,6%. La cantidad de gente ocupada subió de 4.170.000 a 4.543.000 personas. Pero de estos 373.000 nuevos empleos, 272.947 casos se explican por la ¨ ocupación ¨ de los beneficiarios de los planes sociales; en cuanto al resto (aproximadamente 100.000 nuevos empleos), engrosaron el ejército de trabajadores no registrados de empleos de bajísimos ingresos, mientras el índice de empleo registrado siguió cayendo.
A pesar de la ¨ caída ¨ del desempleo, entre mayo y octubre de 2002 siguieron incrementándose los índices de pobreza e indigencia: de 49,7 % a 54,3% el primero, y de 22,7% a 24,7% el segundo. En la zona más poblada del país (Capital Federal y Gran Buenos Aires), sobre casi 12, 3 millones de habitantes se alcanzo un nuevo record 6.672.000 pobres, de los cuales 3.035.000 son indigentes, siempre de acuerdo a los datos oficiales del INDEC. Con respecto a mayo de 2002, hay 600.000 nuevos pobres, de los cuales 245.000 son nuevos indigentes. Y en comparación con octubre de 2001, la pobreza aumenta en 2,3 millones de personas, de los cuales la mitad son nuevos indigentes, a razón de 200.000 nuevos pobres por mes. Los datos desagregados marcan que en la Capital la pobreza subió del 13,4% al 14,6%, mientras que en el Gran Buenos Aires trepo del 59,2% al 64,4%. En cambio, la indigencia bajo del 6,3 % al 5,7 % en la ciudad de Buenos Aires y aumento en el conurbano del 27,9% al 30,5%.
Resulta indigente la familia tipo (matrimonio y dos hijos) que gana menos de 324,70 pesos por mes, equivalente al costo de los alimentos básicos. En cambio resulta pobre, la familia tipo que gana menos de 717,60 pesos por mes, que es el costo de una canasta básica de alimentos y servicios. El INDEC no dio a conocer los índices de pobreza e indigencia en el resto del país. Pero si se proyectan los porcentajes en las zonas medias a toda la Argentina, la pobreza que en mayo de 2002 era del 53% rondaría ahora el 60% de los 36 millones de argentinos con casi la mitad en la indigencia. Así habría 21.600.000 pobres, de los cuales un poco mas de 10.000.000 serian indigentes.
El crecimiento de la indigencia se explica porque, a pesar del asistencialismo oficial, el subsidio es absolutamente insuficiente para cubrir la canasta básica de alimentos. En tanto, el crecimiento de la pobreza obedece, básicamente, a que los ingresos de los trabajadores ocupados aumentaron mucho menos que la inflación. Así, los precios de los alimentos básicos subieron el 28,2%, mientras los salarios de los trabajadores, por la mejora de los 100 pesos para los empleados registrados apenas subieron el 7,2%, mientras las jubilaciones y pensiones permanecieron congeladas. Se estima que el 75% de los trabajadores gana menos de 717 pesos que es el límite de pobreza de una familia tipo.
En resumen el aumento de la pobreza y indigencia se debe a que continua cayendo el poder adquisitivo de las jubilaciones, salarios e ingresos de los cuenta propistas. Ni los nuevos ocupados ni los beneficiarios de los planes Jefes / jefas de Hogar pudieron revertir esta tendencia, en el primer caso debido al los bajos salarios, y en el segundo, a la paupérrima ayuda social.
La profunda crisis que afecta al capitalismo en todo el mundo sigue reflejándose con absoluta claridad en Argentina. Menos en el sector exportador (menos del 10% del Producto Bruto Interno), las ventas y las ganancias han bajado en todo el comercio y la industria. Esto seguirá agudizándose al menos que el sistema cree las condiciones para que aumente el consumo; para ello no habría mas remedio que generar las condiciones para que los que tienen dinero recuperen la confianza, los que han perdido permanentemente poder adquisitivo vean aumentar sus salarios y los que no tienen trabajo consigan uno. Alcanzar tales condiciones aparece tan utópico como las banderas que agitaran durante 2002, tanto la pequeña burguesía (con su consigna de ¨ que se vayan todos), como los desocupados y los partidos de ¨ izquierda ¨ (por un ¨ Argentinazo, por una Asamblea Constituyente, etc.). A medida que avanza la crisis se hace más notoria la necesidad de construir una organización verdaderamente revolucionaria; esta solo puede provenir de los elementos más conscientes de la clase trabajadora en actividad. Los asalariados activos siguen representando, numéricamente la inmensa mayoría de la sociedad. Hasta el momento en Argentina (como en buena parte del mundo) han resignado protagonismo político. Sin embargo puede preverse que a partir de 2003, comenzarán despabilarse lo que permitirá plantear la única discusión que hasta ahora no se ha planteado: La de la necesidad de la lucha abierta contra la burguesía en pos de la construcción del socialismo.
