ACERCA DE LA EXPLOTACION DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA ARGENTINA

Antecedentes: la segunda post-guerra y el proceso político nacional 1945-1973

Hacia mediados del siglo XX, en América Latina, las burguesías nacionales de carácter industrial, estimuladas por la sustitución de importaciones que había generado la guerra , aprovecharon el mercado que se les habría en su propio país. Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Ibáñez en Chile, Cárdenas en México, Arbenz en Guatemala, la revolución de 1952 en Bolivia con la conducción de Paz Stenssoro y Siles Suazo son claros ejemplos de estos procesos. El Estado fue fortalecido para actuar como un agente impulsor del modelo de desarrollo capitalista nacional .

En la Argentina se consolidó un modelo de capitalismo benefactor, de matriz populista , que implicaba concesiones recíprocas entre el capital y el trabajo. En ese contexto, Perón disipó desde un primer momento las dudas que generaba en la burguesía su figura. Advirtió que la única clase trabajadora peligrosa es la insatisfecha y la que no está organizada. Luego de hacer una descripción de las victorias alcanzadas por los comunistas y su influencia en el mundo desde 1917 dijo “…mejor dar un 30 por ciento a tiempo que perder todo más tarde…para evitar que las masas, habiendo satisfecho la necesidad de justicia social deseen ir más allá, el primer remedio es organizar a esas masas…esa será nuestra garantía, la organización de las masas…porque el Estado tiene los instrumentos para, si es necesario, poner por la fuerza las cosas en su lugar y no permitir que se desboquen. Se ha dicho, caballeros, que soy enemigo del capital y si observan lo que acabo de decirles no encontrarán un defensor más determinado que yo, porque sé que defender a los empresarios, a los industriales, a los comerciantes, es defender al propio Estado .

Los trabajadores argentinos, a cambio de renunciar a la lucha por la construcción del propio poder, recibieron concesiones económicas importantes. El gobierno peronista puso en vigencia una serie de leyes laborales y de la seguridad social que habían sido promulgadas durante la década del ’30 pero que no habían sido implementadas, como por ejemplo, la que fijaba una jornada laboral diaria máxima de 8 horas, la de seguros por accidentes de trabajo, la de pago de las horas suplementarias y la referente a las condiciones sanitarias en el lugar de trabajo. También se sancionaron leyes que consagraron la jubilación, el sueldo anual complementario, las vacaciones anuales pagas, licencia por enfermedad de hasta 6 meses, beneficios por fallecimiento, seguros por supervivencia y subsidios de asistencia a la familia. Por otro lado, se crearon tribunales de trabajo para entender en las demandas laborales .

El trabajo organizado creció significativamente durante el primer peronismo. En 1946 había 877.000 trabajadores afiliados a la Confederación General del Trabajo (C.G.T.). Luego de casi una década de peronismo, el número había crecido a 2.300.000. En total, el 43% de los asalariados estaban sindicalizados hacia 1954 .

El nivel de ocupación en la ciudad de Buenos Aires, que de 1929 a 1940 había crecido un 29%, en los cinco años siguientes se incrementó un 20% . Todo este proceso fue acompañado de un crecimiento de los salarios reales, del 34%, en el caso de los trabajadores no calificados, y del 20%, respecto de los obreros calificados, entre 1940 y 1945 . El porcentaje del ingreso neto de la industria dedicado a la remuneración del trabajo pasó del 45,3% en 1941 al 57,5% en 1954 .

En resumen, la concesión de grandes conquistas económicas, la formación de la Confederación General del Trabajo, de las comisiones internas, el otorgamiento de los convenios colectivos de trabajo , representaron la base material de la adhesión obrera al peronismo.

Mientras tanto, en el ámbito internacional, ante el avance de las masas populares, particularmente en Europa, Asia y América Latina, los Estados imperialistas se dedicaron, en un primer momento, a lograr la recuperación económica y política de las potencias debilitadas. En ese marco, Europa Occidental se reconstruía con la ayuda financiera y militar de los E.E.U.U. .

E.E.U.U., una vez recobradas las naciones del bloque imperialista, lideró el proceso de reconquistar los mercados perdidos en los Estados dependientes, objetivo que implicaba liquidar los intentos de desarrollo capitalista nacional. En ese contexto deben encuadrarse los golpes de estado contra Arbenz en 1954 y el de Argentina de setiembre de 1955.

Desde la caída del peronismo se pueden señalar dos claras tendencias en la evolución del proceso político nacional. En primer lugar, la desnacionalización de la economía que pasó a manos de los monopolios extranjeros, muchas veces asociados con la gran burguesía argentina. Esta transferencia ocurrió, en un primer momento lentamente, para acelerarse desde fines de la década del ’80 del siglo XX hasta prácticamente concluir al comenzar el XXI. Esta concentración y centralización monopólica implicó la desaparición del Estado empresario y la liquidación de la burguesía nacional. Esta clase social se diferenció cada vez más. Mientras un sector de ella se desarrolló hasta alcanzar a definirse como gran burguesía y se entrelazó con el capital extranjero, teniendo un peso significativo en varias ramas de la producción, su porción mayoritaria declinó de un modo cada vez más ostensible.

Por otro lado, el período inaugurado en 1955 se caracterizó por el aumento de la explotación de la clase asalariada, que sufrió un constante deterioro de los salarios y de las condiciones de trabajo, la que fue acompañada por una significativa pauperización de la pequeña burguesía.

El Fondo Monetario Internacional comenzó a adquirir mayor ingerencia en la elaboración de políticas económicas. Este organismo, desde 1957, ha exigido un programa que, en muchas de sus pautas, continúa vigente hasta la actualidad; entre otras, reducir el déficit fiscal, disminuir la protección arancelaria, reducir los salarios reales y fomentar el endeudamiento externo.

Los salarios industriales decrecieron a una tasa anual acumulativa de 0,83% entre 1956 y 1961; en ramas como la textil o el calzado, el ritmo de decrecimiento fue del orden de 5,55 y 4,20% anual. Paralelamente, entre 1950 y 1965, las inversiones norteamericanas en la industria argentina pasaron de 161 a 617 millones de dólares .

El predominio del capital monopólico alteró bruscamente la composición orgánica del capital industrial. Mientras el capital constante aumenta entre 1955 y 1963 el 10,6%, el capital variable, en el mismo período, disminuye un 4,2%, con un aumento de la tasa de plusvalía de 3,2% .

La etapa abierta a partir de 1958 mostró la expresión local de una nueva fase en la evolución del imperialismo. Los capitales que se invertían en los países dependientes, sin dejar de producir materias primas para las grandes potencias, buscaban también aprovechar el mercado interno. El capital financiero norteamericano, ahora claramente hegemónico, había desplazado al inglés, dominante desde el siglo XIX hasta la década del ’40 del siglo XX. Esta sustitución de una potencia rectora por otra importará para Argentina una seria dificultad para insertarse en el mercado mundial. Gran Bretaña, mientras fue dominante, absorbió gran parte de nuestra producción agropecuaria. En cambio, E.E.U.U. no adquirirá nuestras principales mercancías de exportación e, incluso, resultará un serio competidor en el mercado mundial.

Al comenzar la década de los sesenta, hasta los más fervientes apologistas del sistema debieron reconocer que el proyecto de desarrollo capitalista nacional autónomo había sido derrotado por el capital imperialista. Tampoco podía negarse que se había iniciado un proceso de pauperización creciente de las masas, reconocido a través del eufemismo “redistribución regresiva del ingreso”. La participación relativa de capital y trabajo en el producto bruto interno se modificó sensiblemente, revelando la naturaleza de la fase de acumulación que se había iniciado: la participación de los asalariados cayó del 49% del PBI en 1954, a un 40% hacia 1962.

A partir de allí las crisis económicas se sucedieron (1956, 1959, 1962, 1966), y se intentaron corregir con políticas llamadas de estabilización. Con la crisis y la devaluación se indujo una fuerte traslación de ingresos de los trabajadores a los empresarios, como producto de la caída de los salarios reales a raíz del aumento de los precios y tarifas.

En ese marco, el período se caracterizó por una lucha de clases abierta . La política de “racionalización” y privatizaciones de empresas estatales generó la resistencia de los obreros afectados por la misma. En enero de 1959, los trabajadores del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre rechazaron el intento de privatización de su fuente de trabajo, paralizando sus actividades y tomando el establecimiento (para evitar su venta a la CAP). El gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente (U.C.R.I.), decretó el estado de sitio, intervino el frigorífico y recurrió al ejército para reprimir la huelga. Solidarizándose con los reclamos de los obreros del frigorífico, otros sindicatos decretaron una huelga general para fines de ese mes. Las huelgas se intensificaron en los meses siguientes, y luego se registraron actos crecientes de sabotaje. El gobierno respondió interviniendo los sindicatos y empleando al ejército para reprimir, según lo establecía el Plan Conintes , al tiempo que los empresarios despedían a los cuadros obreros más concientes de cada planta.

Dentro de las Fuerzas Armadas, convivían dos posturas distintas acerca de la naturaleza del peronismo. Para la primera, los denominados “colorados”, el peronismo representaba la etapa inferior del comunismo, resultando ambas doctrinas “dos hebras de una misma madeja”. Por lo tanto, la política que propiciaba este sector apuntaba a neutralizar a los dos partidos. En cambio, para los “azules”, peronismo y comunismo reflejaban concepciones políticas distintas; se reconocía al peronismo haber “nacionalizado y cristianizado” a los trabajadores, alejando a éstos del comunismo, doctrina internacionalista y atea. Bajo ese concepto se devolvió a la burocracia sindical la ley de asociaciones sindicales que reestablecía el modelo sindical del primer peronismo: central única de trabajadores, no prohibición de toma de posiciones políticas por los sindicatos y reconocimiento legal del sindicato más numeroso por rama de actividad.

El gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo (1963-1966), intentó implementar una política de corte keynesiana, representando un tibio intento de la burguesía nacional de resistir el avance del capital monopólico. En ese marco se anularon las concesiones petroleras, se puso el énfasis en el mercado interno y se procuró proteger al capital nacional. El Estado tuvo un gran protagonismo en la política económica: controles de precios, de cambios, precios máximos, fuerte impulso a la obra pública, algunos límites a los monopolios extranjeros. Favorecido por una coyuntura favorable, los ingresos de los trabajadores se elevaron y el Congreso instituyó el salario mínimo, vital y móvil. Sin embargo, la dirigencia gremial peronista, afectada por el intento del gobierno de controlar el manejo de los fondos de los sindicatos, lanzó un plan de lucha que consistió en la ocupación escalonada, entre mayo y junio de 1964, de 11.000 establecimientos, con la participación de 4 millones de trabajadores. El gobierno radical instrumentó otra medida , por la que prohibía a las asociaciones sindicales la realización de actividades políticas partidarias. Por otra parte, se establecían disposiciones que facilitaban la formación de sindicatos por fábrica y más de una organización gremial por empresa, y se otorgaba la personería a las secciones sindicales. La estrategia gubernamental apuntaba a fragmentar la base de la estructura gremial .

A partir de 1966 se produjo un salto de calidad en el proceso. Se agudizaron la concentración y la centralización del capital y adquirieron más relevancia las inversiones foráneas. En 1969, las 100 primeras empresas industriales extranjeras producían casi el 20% del total de Argentina, mientras que en 1957 su participación había sido del 11,8%. Considerando al conjunto de las empresas extranjeras, su proporción se había elevado del siguiente modo: 18,2% en 1955, 24,7% en 1962, 26,8% en 1966 y 31% en 1972. Para entonces, resultaba clara la hegemonía del capital norteamericano. En 1969, más de la mitad de la producción industrial realizada por empresas extranjeras correspondía a filiales norteamericanas, el 15,7% a británicas y el 10,8% a francesas.

La burguesía nacional se diferenciaba cada vez más. Un sector de ella evoluciona teniendo un peso significativo en varias ramas de la producción como alimentación y vinos.

Las relaciones de producción capitalistas se seguían expandiendo en Argentina. El crecimiento de la masa de asalariados es un buen indicador de este fenómeno. Mientras en 1947 los trabajadores en relación de dependencia representaban el 68,1% del total de la población ocupada, en 1970 se había elevado al 70,8%.

La política de la dictadura apuntó a reducir significativamente el personal de la administración pública y de algunas empresas del estado, como ferrocarriles. Paralelamente, se cerraron la mayoría de los ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, que venían siendo ampliamente subsidiados por el Estado. Para acallar la protesta sindical, se sancionó una ley de arbitraje obligatorio, que condicionaba severamente la posibilidad de las huelgas.

La clase obrera, en su lucha contra la dictadura abierta de la burguesía, comienza un crecimiento organizativo y político significativo. Rebeliones como el “Cordobazo” harán temblar a la dictadura . Esta se verá obligada, poco después, para sortear la crisis, a buscar una salida electoral.

90º ANIVERSARIO DE LA GRAN REVOLUCIÓN DE OCTUBRE Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas (CIPOML)

Nosotros queremos transformar el mundo. Queremos poner término a la guerra imperialista mundial, en la que se ven envueltos centenares de millones de hombres […] y a la que no se podrá poner fin con una paz verdaderamente democrática sin la más grandiosa revolución que conoce la historia de la humanidad: la revolución proletaria.» (V.I.Lenin, abril de 1917)

La Gran Revolución de Octubre despertó el entusiasmo y esperanza entre los proletarios y trabajadores del mundo, y también un gran odio de las clases capitalistas y de la reacción contra el partido bolchevique y sus grandes dirigentes. Fue una revolución sin precedentes en la historia de la humanidad, una revolución que «estremeció al mundo».

En Rusia la revolución llevó a cabo la creación no sólo de un Estado y gobiernos diferentes, sino también de una auténtica civilización, una forma de vida superior (la socialización y colectivización), una organización nacional basada en la igualdad y la libertad de los pueblos, y un florecimiento cultural y científico que asombró al mundo.

La URSS fue durante décadas un factor decisivo en la historia humana; logró consolidar una unidad férrea popular que le permitió superar con éxito las duras pruebas a las que tuvo que enfrentarse: la guerra civil, la intervención imperialista, la colectivización e industrialización, la guerra de exterminio e invasión perpetrada por las hordas hitlerianas instigada por las llamadas democracias occidentales; la espectacular reconstrucción del país en la posguerra,etc.

De las muchas experiencias y lecciones que nos ofrece la Revolución de Octubre, de la actividad del primer Estado socialista de la Historia, está la puesta en práctica del internacionalismo proletario, sintetizado en la famosa y certera consigna formulada en el Manifiesto del Partido Comunista: «¡Proletarios de todos los países, uníos!». Internacionalismo activo, no mera palabrería como la de los socialdemócratas y otros. El Poder soviético, lo aplicó en Rusia de forma clara y contundente, del imperio zarista hizo una unión de Repúblicas con la adhesión voluntaria de los pueblos de sus muchas nacionalidades.

La misma URSS recibió ese mismo internacionalismo en su lucha contra la coalición imperialista, coaligada con los kerenski, que en los primeros meses de la Revolución pretendió asfixiarla y desató una cruel guerra civil. Los marineros de la flota francesa del Mar Negro que encabezados por el comunista Marty, se negaron a atacar a la URSS, son una muestra de ese internacionalismo, que como su nombre indica junto a la palabra proletario, ha de regir las relaciones entre los partidos hermanos, en un plano de igualdad, que ha de tener en cuenta el desarrollo desigual, tanto en lo organizativo como en lo político.

El internacionalismo tiene, no sólo manifestaciones coyunturales más o menos grandiosas, como por ejemplo fueron las Brigadas Internacionales en la lucha contra el nazifascismo en España, sino que también ha de tener formas organizativas. Así lo entendieron Marx, Engels, Lenin, Stalin y todos los grandes revolucionarios. A raíz de la Revolución de Octubre, Lenin, y los bolcheviques organizaron la III Internacional, en la que entre otras responsabilidades se estableció la formación de partidos bolcheviques, marxista-leninista diríamos hoy, en todos los países. Esta es hoy también, una tarea planteada, pendiente de realizar. La Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas, CIPOML, es una expresión de esa necesidad, pero dista aún de ser una nueva Internacional. El internacionalismo proletario que con ardor defendieron Lenin, Stalin, Dimitrov, etc., es la solidaridad internacional de los proletarios del mundo, y tal y como hicieron los bolcheviques, ha de ser uno de los principios y componentes de los verdaderos partidos marxista-leninistas.

De igual modo, y siguiendo el ejemplo de los grandes dirigentes de la construcción del socialismo en la URSS, afirmamos que la violencia revolucionaria es imprescindible para derrocar a la burguesía, y demás fuerzas capitalistas que actúan contra el proletariado y los pueblos del mundo. La violencia revolucionaria, a partir de cierta fase de la lucha de clases, es inherente a ésta. La violencia revolucionaria, cuya expresión más alta es la dictadura del proletariado, «la organización de la vanguardia de los oprimidos en clase dominante para aplastar a los opresores», es uno de los principios más denostados por los socialdemócratas, los revisionistas y demás oportunistas. Jrushov, en el infame XX Congreso lanzó toda una sarta de calumnias y ataques contra Stalin, contra la violencia revolucionaria y la dictadura del proletariado. Stalin, el gran continuador de la obra de Lenin, llevó a cabo una férrea lucha para la aplicación de ese principio, que perdurará en la mente de todos los comunistas. Nosotros defendemos la obra de Stalin y decimos con Lenin: «Marxista sólo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. En ello estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño (o un gran) burgués adocenado.»

En el curso de las grandes realizaciones del Poder Soviético, de sus vicisitudes y problemas surgió la gran traición de Jrushov y sus seguidores, que fue minando los cimientos del Estado socialista en la URSS y desencadenó el entusiasmo de la burguesía y reaccionarios del mundo, entre los que se debería incluir a los revisionistas modernos los cuales, aunque con diferentes formas y manifestaciones, forman parte del mismo bloque oportunista y antimarxista-leninista. La reacción vaticinó el fin de las ideas comunistas, del papel decisivo del proletariado, de la clase obrera, y por ende, la inutilidad de los partidos comunistas.

Los partidos y organizaciones miembros de la CIPOML sostenemos, afirmamos que el partido comunista es el motor imprescindible, que da conciencia, organiza y dirige al proletariado, como fuerza principal en alianza con el campesinado pobre donde ha lugar, y las clases populares en su lucha revolucionaria. El desarrollo del imperialismo, los grandes avances de la tecnología, los descubrimientos de todo tipo que tienen lugar, no han aniquilado ni pueden hacerlo la lucha de clases. Todos los logros de la gesta de Octubre, dirigida por Lenin y Stalin, siguen siendo de actualidad; la lucha de clases sigue siendo el motor de la Historia, y el partido comunista el principal impulsor, encargado de hacer comprender la afirmación de Marx: «Los hombres no pueden librarse más que por su propia acción, no por el capricho de un mecenas o la voluntad de un dictador esclarecido.»

La tesis sobre el eslabón débil, es decir, donde las contradicciones fundamentales están más agudizadas, particularmente la que enfrenta el proletariado a la burguesía, es también de actualidad y ha de ser tenida en cuenta tácticamente en la lucha internacional de los comunistas. Empero, que la cadena imperialista se rompa por el eslabón débil o eslabones débiles, y de lugar al derrocamiento del capitalismo y la implantación del socialismo, sólo será posible si la lucha está encabezada por un auténtico partido comunista, como demostró la Revolución de 1917. Rusia era un eslabón débil del sistema capitalista, pero no era el único. Fue el partido comunista, certeramente dirigido, al frente de las masas de obreros, campesinos y soldados, los que hicieron saltar en pedazos ese eslabón, los que conquistaron el Palacio de Invierno y tomaron todo el Poder para los soviets, es otra de las grandes lecciones y experiencias de aquella heroica gesta, que perdurará en los anales de la revolución y nos orienta y estimula.

Se puede afirmar que sin un partido marxista-leninista, templado en la lucha y con una sólida ideología, con firmeza y audacia organizativa y dirigentes experimentados que sepan prever y adelantarse en ocasiones a los acontecimientos, sin ese Partido, las masas populares podrán obtener éxitos momentáneos, victorias parciales, pero nunca podrán llevar a cabo la revolución en su sentido más profundo pues « sólo un Partido dirigido por una teoría de vanguardia pude cumplir la misión de combatiente de vanguardia».

Al conmemorar el 90 Aniversario de la Gran Revolución de Octubre, encabezada por Lenin, Stalin y otros grandes dirigentes bolcheviques, la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas subraya y enfatiza la actualidad y validez del marxismo-leninismo para la clase obrera y los pueblos del mundo, frente a la pléyade de teorías pseudo marxistas, tales como el anarquismo, la socialdemócrata, eurocomunismo, trotskismo, los utópicos etc. hasta las que actualmente tratan de penetrar en la clase obrera y los sectores progresistas. Muchas de esas teorías, jaleadas por la burguesía y su ejército de intelectuales «críticos», no son más que remiendos de viejas ideas, disfrazadas de nuevas, que siempre, en todo momento, acaban haciendo el juego a la reacción; son esos nuevos filósofos, que nada nuevo descubren, teoréticos que teorizan y desprecian e ignoran la fuerza de la acción de, la práctica; sus análisis no son para extraer conclusiones, sino que teorizan para explicar conclusiones preestablecidas. Son los que afirman que el marxismo está rebasado, que el leninismo se opone al marxismo, etc., y se sacan de la manga teorías que van «más allá del Capital». Para nosotros el marxismo, más las enormes y geniales aportaciones de Lenin (el marxismo-leninismo) no sólo es actual, sino que de su correcta aplicación dependen el progreso de las fuerzas proletarias, revolucionarias, su arraigo entre las masas populares, el impulso de la lucha vital por derrocar y erradicar el capitalismo, para dar paso a la construcción del socialismo.

Recogemos la ya clásica fórmula: «El marxismo-leninismo es la ciencia relativa a las leyes de la naturaleza y de la sociedad, a la revolución de las masas explotada.[…] Es la ideología de la clase obrera y de su partido comunista». Es una ciencia viva, en movimiento; no es ni nunca será en manos de los comunistas un catecismo, un dogma, sino una guía para la acción y el análisis dialéctico. Como subrayaba Lenin: «Sin teoría revolucionaria, no puede haber movimiento revolucionario». Finalmente, recogemos las palabras de Lenin: «Al proletariado ruso le ha correspondido el gran honor de empezar, pero no debe olvidar que su movimiento y su revolución son solamente una parte del movimiento proletario revolucionario mundial.»

¡Viva la gran revolución de octubre!

¡Viva el marxismo-leninismo!

¡Viva el internacionalismo proletario!

ACERCA DEL ESTADO DE LA LUCHA DE CLASES EN LA ARGENTINA

Introducción

Las relaciones de producción capitalistas en la Argentina no sólo se encuadran dentro del marco de crisis general del propio sistema de producción, sino que reproducen, en gran medida, las tesis leninistas acerca del imperialismo[1]. En primer lugar, se asiste, a escala global, a un proceso indetenible de concentración[2] y, sobre todo, de centralización[3] del capital. La extensión de las relaciones de producción capitalistas, acelerada desde la restauración de las mismas en el “campo socialista”, obedece al patrón objetivo de la necesidad del capital de mundializarse. En ese contexto, reducida a su mínima expresión la regulación de los mercados, el capital más concentrado obtiene ventajas competitivas decisivas. Hoy, las primeras 200 empresas en el mundo concentran el 25% de la actividad económica mundial pero, paralelamente, sólo absorben el 0,75% del empleo[4]. El fenomenal proceso de centralización del capital ha multiplicado el número de firmas cuyo peso es a veces, superior al de los Estados. La consecuencia inevitable de tal proceso es la traslación de la decisión política, sobre todo en los países periféricos, del ámbito público nacional al ámbito privado transnacional.

En segundo lugar, además de la exportación de mercancías, el capitalismo de nuevo signo exporta capitales; concretamente, el capital sale del país donde se genera y se coloca en países donde, seguramente, va a obtener una mayor tasa de ganancia. Esto se produce ya sea porque los insumos son más baratos, porque los salarios son más baratos, porque la presión impositiva es menor, o porque se reúnen todos esos extremos. La crisis de sobreproducción que aqueja al capitalismo desde mediados de la década del ’70 del siglo XX, generó una masa gigantesca de mercancías y de capital parasitario que, en gran medida, fue colocada en los países dependientes, provocando en ellos la destrucción de las industrias vinculadas al mercado interno y un crecimiento vertical de la deuda externa. En ese sentido, la deuda externa de los países dependientes creció desmesuradamente en los últimos treinta años generando la remisión de cuantiosos intereses hacia los Estados imperialistas[5].

Por otro lado, el capital de distinto signo (industrial, comercial, bancario), aparece imbrincado. Los grandes bancos son, al mismo tiempo, titulares de los grandes monopolios industriales y comerciales, es decir, aparecen fusionados[6].

Por último, dos tesis leninistas más aparecen hoy definitivamente consolidadas: en primer lugar, la inexistencia de mercados sin dueño; por el contrario, todos los mercados en el mundo se encuentran repartidos, de tal forma que lo único que puede esperarse es un nuevo reparto. Ese nuevo reparto se verifica por una ley objetiva del capitalismo según la cual el propio desarrollo capitalista es desigual. Así como a mediados del siglo XIX Alemania era una potencia atrasada y a comienzos del siglo XX había superado a Francia, la tendencia actualmente indica que hacia mediados del siglo XXI, China habrá superado a los Estados Unidos. Estas dos características del capitalismo en su fase monopolista explican la inevitabilidad de la guerra.

Como consecuencia de la profundización de los principales rasgos del capitalismo en su fase monopolista, se verifica una ofensiva fortísima del capital global para, aumentando la tasa de explotación, amortiguar la caída de la tasa de ganancia. Según el “Informe sobre el empleo en el mundo 2004-2005” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mitad de los trabajadores del mundo percibe menos de dos dólares estadounidenses al día[7].

En ese contexto, las luchas de los asalariados contra el capital en los últimos años han crecido en todo el mundo, tanto dentro de los Estados imperialistas como en los países dependientes. Entre estos últimos quizás las más relevantes se desarrollaron en América Latina, particularmente en Argentina, Brasil, Perú y, más recientemente, en Ecuador y Bolivia.

La recomposición capitalista en Argentina

Luego del estallido de 2001 la burguesía en la Argentina ha apoyado abiertamente a la administración peronista de Néstor Kirchner a los fines de alcanzar la propia reestructuración del capitalismo en el país. Desde el punto de vista de los intereses generales de la burguesía, el gobierno está teniendo éxito en su gestión económica. Resulta cada vez más evidente que esta gestión está realizando una serie de tareas que interesan al conjunto de los capitalistas que operan en Argentina, con las inevitables divergencias que surgen de intereses encontrados entre las distintas fracciones burguesas. Al margen de lo declamado, los hechos demuestran que la política impulsada por el partido peronista no está dirigida contra el imperialismo sino sobre la base de un acuerdo con éste, aunque no ejecute todas las medidas que quisieran imponer los monopolios. Esto ocurre porque en el marco político regional de avance de la lucha de masas, el imperialismo se ve forzado a hacer algunas concesiones en función de salvar acuerdos estratégicos más relevantes.

En materia de relaciones internacionales, se estrecharon relaciones con los Estados Unidos de América. En marzo de 2005, el ministro de Defensa de los EE.UU., Donald Rumsfeld, se comprometió a destrabar en el Pentágono un acuerdo de “compre argentino”, procurando que empresas como la Lockeed puedan vender internacionalmente, con su marca, partes o piezas fabricadas por firmas argentinas. “Esto va desde repuestos para aviones Hércules 130 hasta rulemanes de la empresa SKF”, explicó una fuente[8]. En ese marco se reafirmó la voluntad política de EE.UU. para retomar durante 2006 los ejercicios militares conjuntos, trabados por la negativa de Argentina a conceder inmunidades totales a las tropas norteamericanas, incluida la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de la que es signataria y que Washington desconoce. La agenda que motivó el encuentro fue ocupada prioritariamente en el análisis de las amenazas a la seguridad hemisférica, conmovida por la crisis en Bolivia y las compras de armas y equipamiento militar del gobierno venezolano a Europa y Rusia.

El eje del plan económico del gobierno consiste en generar superávit fiscal por la vía de mayores exportaciones que importaciones a los fines de afectar ese superávit a dos objetivos prioritarios. Por un lado, recomponer los activos del Banco Central para contar con reservas suficientes para reconstituir el sistema bancario. Pero, sobre todo, para destinar parte sustancial de dicho superávit a pagar deuda, evitando la ruptura con los múltiples organismos que controlan el mercado financiero internacional y, creando las condiciones para lograr nuevas inversiones extranjeras directas. En ese contexto es que debe entenderse la devaluación de la moneda decretada en 2002. Las exportaciones crecieron, particularmente las del sector agrícola, sobre la base de un incremento extraordinario de la producción de soja, y una recuperación de la producción ganadera. La producción de granos que estaba en las décadas pasadas en el orden de los 30 millones de toneladas anuales, pasó a 80 millones y la expectativa es llegar a 100 millones a corto plazo. Todo el arco productivo ligado al sector agrario (semillas de las transnacionales, agroquímicos, tractores, etc), se ve favorecido por este crecimiento. Su punto central de conflicto con el gobierno es el costo de los impuestos que se les exige pagar, entre ellos las retenciones a las exportaciones, para generar el superávit comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Otra de las fracciones ganadoras de la burguesía la constituye el sector exportador industrial, como por ejemplo Techint, las automotrices o Repsol, por los altos precios internacionales del crudo. Este sector es el principal interesado en mantener el dólar cerca de los tres pesos, por la simple razón que con el dólar alto que recibe en el exterior por sus productos, al convertirlo en moneda local, paga más fácilmente los impuestos y salarios. El aumento del volumen de las exportaciones y el importante precio internacional de la soja y el petróleo, contribuyeron de manera decisiva a recuperar divisas y aumentar las reservas[9], con lo cual el gobierno puede mantener el dólar en el nivel de $ 3,00, comprando moneda desde el Banco Central cuando su valor tiende a la baja.

En síntesis, la base social sobre la cual se asienta la administración Kirchner está constituida por la alianza entre la gran burguesía agraria, la gran burguesía industrial exportadora y la principal multinacional petrolera que opera en el país.

Respecto a la deuda pública, la administración Kirchner[10] reinsertó a la Argentina en el mercado financiero internacional honrando los bonos que habían entrado en default a un valor que les permitió a sus tenedores recuperar más de un tercio del valor nominal de los mismos. Asimismo, esos bonos devengarán intereses más altos que la media del mercado. Como consecuencia de dicho tratamiento, el país tiene el mismo o aún más nivel de endeudamiento que antes de la crisis de 2002, medido en términos del producto bruto interno, y compromisos por más de 30 años por los bonos canjeados, atados al dólar. El cumplimiento de estos compromisos es casi inviable, porque exigirá un sostenido crecimiento del PBI nacional. En realidad lo que se obtuvo es un diferimiento de parte de la deuda.

Actualmente, el FMI pretende que el gobierno argentino genere un mayor superávit fiscal en relación al PBI, y aumente las tarifas de los servicios públicos. Como esta política engendra de manera directa mayor extensión de la pobreza y el gobierno estaba enfrascado en el próximo proceso electoral, la administración peronista enfrentó los pagos recurriendo a las reservas del Banco Central y a nuevo endeudamiento, emitiendo más bonos de deuda.

La tan promocionada “reactivación” de la economía después de la crisis, y el crecimiento importante del PBI durante 2004 y 2005, no están sustentados en la disminución de las cargas financieras del país y en el ingreso de inversiones productivas importantes (salvo en el sector agrario que intensificó la mecanización), sino en negociar deuda vieja por nueva y utilizar el parque industrial desactivado por la crisis. Como señalara Julio Sevares[11], “…los capitales vuelven a las inversiones aventureras. Un síntoma de esto es la vuelta de capitales especulativos a la Argentina. El país salió del default y no se espera que vuelva al incumplimiento, pero vive en una región con graves problemas políticos y es socia de Brasil, cuyo endeudamiento sigue en niveles alarmantes. Es decir, están dadas las condiciones para futuras incertidumbres, salidas de capital y caídas de cotizaciones, que afectarán a quienes no escapen en primer lugar”. Más cerca de la realidad que las argucias publicitarias montadas desde las esferas gubernamentales, este párrafo del comentarista demuele la visión oficialista que busca asociar los actuales índices de crecimiento económico al salto hacia una economía de producción.

La estructura tributaria argentina muestra una alta participación de los impuestos al consumo. En los países europeos, por ejemplo, los impuestos al consumo representan entre el 25 y el 35% de la masa tributaria. Más del 50% proviene del impuesto a las ganancias y el resto de la seguridad social que sólo la financia la patronal. En cambio, en Argentina, casi el 45% de los ingresos de 2004 provinieron de los impuestos al consumo (como el impuesto al valor agregado, internos, combustibles o cigarrillos), 20% de ganancias, 12% de los aportes (a cargo de los propios asalariados) y contribuciones a la seguridad social y el resto del comercio exterior y otros impuestos. En Argentina se recauda poco por la importante presencia de la economía informal, pero además, con una clara tendencia regresiva. Esto es así porque, al sostenerse principalmente en los impuestos al consumo, proporcionalmente pagan más los que menos ganan. Al mismo tiempo en los períodos en que los precios suben –como sucedió desde la devaluación de la moneda-, los sectores con ingresos fijos (empleados o jubilados), pagan en proporción más impuestos, a pesar de que por la inflación el poder adquisitivo de esos ingresos es más bajo. De tal forma, el Estado recauda más por lo que se denomina el “impuesto inflacionario”, mientras licúa los sueldos y jubilaciones. En buena medida, el superávit fiscal de los últimos años obedeció a que la recaudación se benefició de la suba de los precios, mientras el gasto se achicó porque los salarios de los estatales y las jubilaciones aumentaron menos que la inflación.

Paralelamente, en 2005, 200.000 trabajadores más se vieron alcanzados por el impuesto a las ganancias, mientras los que ya lo pagaban, ahora abonan un monto mayor. Esto se debe a que mientras los salarios aumentaron nominalmente, en términos reales son menores a los vigentes en 2001 porque las mejoras salariales que recibieron los trabajadores argentinos fueron menores a la suba de los precios. Como el gobierno no fue ajustando por la inflación o por la suba nominal de los salarios el mínimo no imponible ni el monto de las deducciones del impuesto, cada aumento nominal de los sueldos, aunque no llegue siquiera a compensar la suba inflacionaria, obliga al trabajador a pagar más por este concepto. En resumen, percibiendo remuneraciones iguales o menores en términos reales a las que se encontraban en vigor en 2001, el impuesto afecta una proporción mayor del ingreso del trabajador. El Presupuesto 2006 no contempla ningún cambio en la forma de calcular este impuesto[12] pese a que proyecta nuevas variaciones inflacionarias.

Por otro lado, la deuda pública total asciende a los U$S 145.000 millones[13] y se discrimina de la siguiente manera: a) Deuda con organismos internacionales (FMI, BM, BID): U$S 78.650 millones; b) Deuda reestructurada: U$S 35.200 millones; c) Deuda con organismos de gobierno (Club de París): U$S 3600 millones; d) Intereses atrasados: U$S 7750 millones; e) Deuda que no ingresó al canje: U$S 19.800 millones. La nueva deuda así conformada es del orden del 84% del Producto Bruto Interno[14]. Los vencimientos se han diferido y los intereses son menores a los que se estaban pagando según los compromisos de las anteriores reestructuraciones, pero significativamente más elevados (hasta dos veces y media), que los hoy vigentes en el mercado internacional. El 37% de los nuevos bonos emitidos en pesos se ajustan por inflación interna y como esta evoluciona más que el valor del dólar, el peso se aprecia; esto provoca que a término estos bonos se valorizarán en dólares. Por cada punto de incremento de los precios, la deuda trepa 1500 millones de pesos. Por otra parte, hay bonos que tienen una cláusula ligada al crecimiento de la economía argentina, lo que se supone continuará sucediendo al menos en los próximos dos o tres años.

Pero lo decisivo del caso es que Argentina ha comprometido por décadas un superávit fiscal para pagar deuda, lo que significa un ajuste estructural permanente, del 3 al 4% del PBI[15]. En ese marco, durante 2006 Argentina tiene que pagar intereses de la deuda pública por 10.385 millones de pesos, a la vez que vencen 57.967 millones de deuda de capital, según los datos consignados por el Ministerio de Economía en el proyecto de presupuesto 2006. Está proyectado que el pago de los intereses se afronten con el superávit fiscal que se calcula será de 17.286 millones de pesos. Así, después de pagar la carga de intereses, quedaría un excedente financiero de 7493 millones de pesos con el cual se pagaría capital a cuenta, refinanciando los restantes vencimientos, es decir, difiriendo nueva deuda. Teniendo en cuenta que la puja distributiva tiende a crecer en el país, que los ingresos fiscales pueden verse afectados por la caída de los precios de los granos en el mercado internacional, que hay un incipiente proceso inflacionario que puede acelerarse con el ajuste de las tarifas de servicios públicos que se está discutiendo, cabe preguntarse: ¿por cuánto tiempo este programa de pagos es sustentable?[16].

En diciembre de 2005, la administración Kirchner dispuso la cancelación total de las obligaciones con el FMI presentando esta decisión como un acto de soberanía. En realidad otorgó, una vez más, un tratamiento privilegiado a un acreedor que ya había sido eximido de la quita aplicada al resto de los bonistas. Debe señalarse que la medida adoptada lejos estuvo de ser original; en los últimos 3 años y medio, el FMI percibió 45.000 millones de dólares de sus grandes deudores. Rusia saldó sus compromisos, Turquía pagó el 40%, México transfirió grandes sumas y Brasil canceló todos sus pasivos. Esta política obedeció a la presión ejercida por el FMI para reducir su exposición financiera dado que las últimas crisis lo indujeron a sustituir la promoción del endeudamiento por medidas de protección de su capital. En realidad no era necesario pagarle a los banqueros para liberar la política económica de sus controles. Las supervisiones del FMI estaban suspendidas desde que el organismo comenzó a cobrar los vencimientos, de manera tal que la simple continuidad de esos pagos garantizaba la misma autonomía que se logra adelantando las cuotas. El pasivo cancelado con el FMI representa apenas el 9% de la deuda total, de forma que ésta continuará pesando como una carga insoportable, con o sin auditoría del FMI. .

Por otro lado se asiste actualmente a un rebrote inflacionario. La burguesía sostiene que es el nivel remuneratorio de los salarios el responsable de la carestía. En ese contexto, el gobierno intenta eliminar los aumentos por decreto y pretende condicionar la recuperación de los sueldos a incrementos de la productividad, negociados con cada sector empresario. Sostiene que en la carrera contra los precios “…siempre pierden los salarios”, pero omite recordar que los capitalistas requieren del auxilio del gobierno para ganar esa puja. Se confirma abiertamente la tesis marxista según la cual la burguesía necesita y emplea el poder del Estado para regular los salarios, es decir, “…para sujetarlos dentro de los límites que benefician a la extracción de plusvalía, y para alargar la jornada de trabajo y mantener al mismo obrero en grado normal de dependencia”[17]. Ahora bien, si la inflación dependiera del nivel salarial, el estado actual de los sueldos debiera mantener estables a los precios[18]. Evidentemente, son los capitalistas y no los trabajadores quienes manejan esta variable, introduciendo remarcaciones frente a una suba salarial. No es un fenómeno natural el que produce ese traslado, sino la política que implementan los empresarios, porque el salario sólo constituye un costo para ellos. En cambio para los trabajadores, es un ingreso que disminuye en términos reales cuando hay inflación.

Otro de los argumentos que se utilizan para explicar el proceso inflacionario en curso, reside en imputar tal tendencia al crecimiento del consumo. Sin embargo, esto sólo debiera quedar limitado a los productos adquiridos por los sectores de altos ingresos y no a la suba generalizada de las mercancías de primera necesidad. En el marco de ingresos polarizados que caracteriza a la Argentina, es falso sugerir que la demanda global infla los precios[19]. En realidad, los sectores más concentrados recuperaron su nivel de hiperconsumo, pero más de la mitad de los argentinos sólo navega las aguas del subconsumo.

En realidad, el principal motor de la inflación es el modelo exportador que promueve el gobierno. Si el empresario argentino puede vender su producto en el mercado internacional, obteniendo mayor rédito, traslada ese adicional al mercado local. Este mecanismo está vigente de manera abierta desde la devaluación del peso. Eso explica que el precio de la carne haya subido en los últimos tres años entre 113% y 150%.

En ese estado de situación de la economía argentina, el gobierno difunde el temor a la inflación para desalentar las demandas salariales, mientras la burguesía más concentrada sigue obteniendo enormes ganancias.

Acerca del estado de la lucha de clases

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), el índice de desempleo fue del 12,1% en el segundo trimestre de 2005. Al mismo tiempo, la subocupación alcanzó el 12,8% pero resulta demandante de mayor empleo en un 70%. Sin perjuicio de que los índices en cuestión resultan normalmente camuflados, fundamentalmente por la incidencia de los planes sociales[20], pero también por la subocupación ficcional y los “desalentados”[21], existen en la Argentina 3.000.000 de personas con problemas de empleo. A propósito de los planes sociales, en las provincias del interior el efecto estadístico de considerar a los beneficiarios de los mismos como ocupados es determinante[22].

Por otro lado, una parte muy importante del nuevo empleo se encuentra no registrado[23] o registrado parcialmente[24]. Según el documento denominado “Empleo e ingresos en el nuevo modelo macroeconómico”[25], “…luego de tantos años de persistencia de indicadores laborales desfavorables, la generación de puestos de trabajo se ha visto caracterizada en parte por no ser capaz de resolver plenamente los problemas de precariedad –puestos asalariados no registrados- y de inestabilidad laboral”, y agrega “…la precariedad es uno de los rasgos más importantes del fuerte deterioro que ha venido experimentando el mercado de trabajo en nuestro país”. Precisamente la fuerte incidencia del trabajo no registrado es la que empuja a la baja el nivel general de remuneraciones toda vez que las ocupaciones precarias obtienen en promedio entre el 40 y el 50% de las remuneraciones de los trabajadores registrados. Actualmente en la Argentina aproximadamente 5.000.000 de asalariados se encuentran no registrados. Al no registrar aportes no tienen acceso a la seguridad social, lo que implica que no tienen derecho a la jubilación o pensión, no cuentan con obra social ni tampoco con seguro de accidentes de trabajo o de desempleo. Desde comienzos de la década del ’90, cuando orillaba el 25%, el trabajo no registrado está en ascenso. En 2001 llegó al 38,8%, a pesar de que se redujo el costo laboral por las rebajas de los aportes patronales, los convenios flexibles y la deflación salarial. Con la crisis de 2001 y 2002, el trabajo no registrado superó el 40%, para alcanzar el 49% actual. En setiembre de 2005, cuatro de cada diez desempleados tenían menos de 24 años. En total, suman 718.000 los jóvenes y adolescentes desocupados, sobre 1.800.000 personas sin trabajo. A su vez, la tasa de desempleo juvenil alcanza al 26,3%, duplicando el promedio general. El desempleo juvenil se concentra en los grupos sociales más vulnerables, y en especial, en las mujeres y los menos educados. La incorporación temprana al mundo del trabajo por parte de los jóvenes es un factor relevante que condiciona la culminación de los estudios requeridos para el acceso a un empleo de calidad. En ese sentido, alrededor del 80% de los jóvenes ocupados o desempleados abandonó la escuela, mientras entre los inactivos la asistencia escolar trepa al 76%. Según un informe del Ministerio de Trabajo, el grupo más vulnerable lo constituye el formado por los 320.000 jóvenes de 15 a 19 años que no trabajan, no buscan trabajo ni estudian. Este sector estrictamente no integra el ejército de reserva (porque no busca trabajo), pero el estudio dice que se trata del “núcleo duro de exclusión”. Y agrega, “es un grupo especialmente vulnerable a la anomia y el riesgo social, en muchos casos vinculado al desarrollo de formas ilegales y extralegales de subsistencia”[26].

En resumen, el panorama descrito ha consolidado una marcada dualización del mercado laboral. En algunos sectores de la industria más concentrada y moderna como la automotriz o la siderurgia, las tareas de los obreros se intelectualizan progresivamente, exigiéndoles preparación terciaria. Esos sectores conviven con amplias franjas de asalariados sin calificación y remunerados por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia. En realidad, se trata de un fenómeno universal toda vez que el proceso de dualización laboral no corta transversalmente a los países entre ricos y pobres, sino que también se reproduce entre los distintos segmentos de la mano de obra asalariada al interior de los países.

Por otro lado, durante 2004, casi la mitad de los 414.559 trabajadores que se accidentaron ganaba menos de $ 600,00 mensuales. En proporción a la gente ocupada en cada actividad, los mayores accidentes laborales se registraron en la construcción, la industria y el agro[27]. La extracción y la industria de la madera encabeza el ranking de los sectores con mayor número de siniestros laborales, seguida por la silvicultura y la fabricación de productos metálicos. Sin embargo, el mayor riesgo de mortalidad laboral se da en el sector minero y la construcción. Estos datos corresponden a 4,7 millones de trabajadores asegurados a través de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), es decir, no incluyen a los trabajadores no registrados ni asegurados por las empresas. Precisamente entre los que están “en negro”, fue donde más creció el empleo y donde el número de siniestros duplica al de los trabajadores registrados por la mayor precariedad de las condiciones laborales.

Haciendo un estudio discriminado de los distintos sectores asalariados, pese a los aumentos oficiales y de convenios colectivos, el salario real de los trabajadores registrados es un 7,2% inferior al vigente a fines de 2001. Sin embargo, los empleados públicos nacionales y provinciales y el personal no registrado tuvieron una caída del poder de compra de sus salarios muy superior.

Según cifras del Ministerio de Economía, con una inflación del 62% entre fines de 2001 y abril de 2005, el sueldo promedio bruto de los 5,4 millones de trabajadores registrados pasó de $ 863,00 a $ 1298,00, un alza del 50,4%. Pero si se descuenta la inflación del período, el poder de compra salarial promedio se redujo un 7,2%.

De esos 5,4 millones de trabajadores, casi 1,4 millón –una cuarta parte del total- obtuvieron sueldos promedio superiores a la inflación. Son empleados de la siderurgia, minería, textil, construcción, alimentación, agro y hoteles y restaurantes. En algunos casos, como el agro, hoteles y restaurantes, textiles o construcción, los trabajadores partieron de niveles salariales promedio muy bajos (entre 400 y 640 pesos) y pudieron recomponer en parte esos salarios por el impacto de las sumas otorgadas por el gobierno[28]. Aún así estos sectores siguen ubicándose entre las actividades con menores salarios promedio.

En otras actividades como la minería o la siderurgia, los mayores aumentos salariales se explican porque desde la devaluación duplicaron sus valores de venta por la sustitución de importaciones y la suba de los precios internacionales.

Los 4 millones restantes trabajadores registrados perciben ingresos inferiores a la suba de los precios. Los más perjudicados son los bancarios, empleados públicos y trabajadores vinculados a los servicios sociales y educativos.

Otra es la situación de 4,7 millones de empleados no registrados ya que, en promedio y de acuerdo al INDEC (diciembre 2004), y sin considerar el personal doméstico, perciben $ 410,00 mensuales, es decir, un 60% menos que el ingreso medio de bolsillo de los trabajadores registrados. Por su parte, el ingreso promedio del personal del servicio doméstico –casi un millón de personas- es de $ 240,00.

Por último, desde la devaluación del peso, en promedio, los sueldos de los empleados públicos (nacionales y provinciales) aumentaron un 20%. Si se descuenta la inflación, los estatales perdieron más de una cuarta parte del poder de compra de sus salarios.

En octubre de 2005, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) informó que una familia tipo (matrimonio y dos hijos), necesitaba $ 371,23 para no ser indigente o $ 801,82 para no ser considerada pobre. En ese mismo mes, el 70% de las personas ocupadas laboralmente percibía menos de $ 800,00, por lo que la pobreza alcanzaba al 38,5% de la población, es decir, 14,7 millones de personas.

Precisamente es ese marco el que explica porqué, desde mediados de 2004 a esta parte, la clase asalariada, tanto ocupada como sin empleo, haya protagonizado crecientes luchas para reducir la tasa de explotación.

Los trabajadores de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires durante marzo de 2004, retuvieron su prestación laboral durante cuatro días y además, ocuparon las estaciones cabeceras. Ese conflicto se originó por la decisión de la empresa Metrovías[29]de prescindir de 90 trabajadores, y se agravó cuando la Unión Tranviarios Automotor (U.T.A.) firmó, a espaldas de los obreros, un acuerdo con la empresa en el Ministerio de Trabajo que preveía la instalación de máquinas expendedoras y la consolidación de una jornada laboral de 7 horas. Al conocerse el alcance del acuerdo, los empleados se lanzaron a la lucha por varias reivindicaciones: la retractación de los despidos, la restitución de la jornada de 6 horas y la rediscusión acerca de la instalación de las máquinas referidas. Sin perjuicio de la intentona del sindicato por arrogarse la representación de los obreros, ante el enfático rechazo de los manifestantes, la empresa terminó por reconocer a los trabajadores en lucha como parte en las negociaciones.

Como balance del conflicto, los trabajadores alcanzaron un importante éxito, toda vez que los despedidos fueron reincorporados, se restituyó la jornada de 6 horas diarias y se acordó que la instalación de máquinas expendedoras no implicaría la prescindibilidad de los empleados de boleterías.

En noviembre de 2004 los trabajadores de subterráneos se lanzaron a una nueva lucha para alcanzar un aumento salarial. Luego de cuatro meses de conflicto, que incluyó medidas de acción directa de la más variada índole, los 1900 trabajadores del subte consiguieron un nuevo éxito frente a Metrovías. En este marco, conviene resaltar la labor del Cuerpo de Delegados del subte cuya dirección resultó decisiva para conducir a los trabajadores al éxito. En primer lugar, apoyado en el método democrático en las discusiones y toma de decisiones, el aludido cuerpo supo mantener una alta autoridad sindical y moral ante el conjunto de los trabajadores. Tanto la elaboración del pliego de reclamos, la elección y decisión de cada medida de fuerza, como la negociación o la firma de cualquier acuerdo con la patronal o el gobierno, fueron producto de la más amplia discusión en las asambleas de trabajadores y de su votación democrática en las mismas.

El Cuerpo de Delegados manejó las medidas de fuerza con gran habilidad. Cuando la empresa acusó a los trabajadores de percibir sueldos altísimos, los dirigentes obreros, además de demostrar lo falso de dicha afirmación, contraatacaron demostrando que los máximos directivos de la empresa percibían haberes de $ 20000,00 hasta $ 40000,00 al mes. Cuando la empresa se quejaba diciendo que no tenía recursos para afrontar las demandas salariales, el cuerpo de delegados demostró con datos, cifras y argumentos todo lo contrario, invitando a la empresa a que hiciera públicos sus libros de contabilidad para que demostrara ante la sociedad sus afirmaciones.

Ante las inevitables molestias causadas a los usuarios al verse impedidos de usar un medio de transporte tan esencial para trasladarse por la ciudad de Buenos Aires, molestias que los medios de comunicación en manos de la burguesía se encargaron de exacerbar para enfrentar a trabajadores contra trabajadores, el cuerpo de delegados apeló en todo momento a la comprensión y la solidaridad de clase, a demostrar que era la empresa quien trataba de utilizar como rehenes a trabajadores y usuarios para forzar aumentos de tarifas o de los subsidios estatales, y a que una lucha exitosa en el subte debería estimular al resto de la clase para que siguiera su ejemplo. Además, los trabajadores insistieron en que no solamente luchaban por salarios sino que también exigían mayores inversiones de la empresa para mejorar la seguridad del servicio que enfrentaba deficiencias muy graves en el estado de las vías y del material rodante.

En lugar de quemar las energías de los trabajadores con medidas de fuerza precipitadas, el Cuerpo de Delegados procedió gradualmente, con paros de algunas horas los primeros días. Sólo cuando la lucha alcanzó el momento decisivo fue que se declararon paros escalonados de 24 horas primero y 48 horas después, dejando caer la amenaza de una huelga por tiempo indeterminado. Esta determinación de los trabajadores del subte de ir hasta el final es lo que terminó de convencer a la empresa y al gobierno de que tenían que presentar una oferta razonable para destrabar un conflicto que amenazaba alargarse en el tiempo con el peligro de que se extendiera a otros sectores.

Mientras tanto, las direcciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), mantuvieron un silencio ensordecedor. Por su parte, los dirigentes de la UTA, cuando el resultado del conflicto estaba resuelto, escenificaron un espectáculo vergonzoso con la patronal y la complacencia del gobierno, firmando un acuerdo a espaldas del Cuerpo de Delegados y de los trabajadores del Subte, para intentar atribuirse la responsabilidad del éxito de la lucha. Sin embargo, aquí también el cuerpo de delegados actuó inteligentemente desconociendo el acta y negándose a levantar el paro hasta que el acta en cuestión no fuera informado integralmente a los trabajadores y votado democráticamente en asamblea. La victoria de los trabajadores fue fruto único y exclusivo de ellos mismos y éstos no permitieron que nadie se la apropiara.

Como resultado de la lucha, los trabajadores de subterráneos obtuvieron un aumento salarial del 19% en el salario básico, al que hay que sumar los $ 100,00 otorgados por el gobierno en diciembre de 2004 que se incorporaron al básico con carácter remuneratorio[30]. A esto hay que agregar que la empresa restituyó el adicional por antigüedad, que había sido eliminado al momento de la privatización del servicio, aproximadamente del 1% del salario básico de un conductor ($ 19,20), para todas las categorías laborales. Finalmente, la empresa asumió el compromiso de abonar los haberes por los días caídos por la huelga.

Por su parte, a fines de noviembre de 2004, los trabajadores telefónicos de las empresas Telecom S.A. y Telefónica de Argentina S.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en demanda de un incremento salarial del 25%, comenzaron un plan de lucha que se inició con paros parciales que se convirtieron rápidamente, ante la intransigencia de la patronal, en una huelga general. La falta de avances en las negociaciones llevó a los trabajadores a tomar los centros que controlan las comunicaciones de telefonía, télex, datos, internet y clearing bancario de las dos compañías. Los empresarios presentaron una denuncia penal ante el juez federal Daniel Rafecas, mientras el Estado burgués, a través del Ministerio de Trabajo, intentaba una conciliación. Asimismo, una vez más los medios de comunicación masiva en manos de la burguesía, alertaban a la población acerca de la “inminente posibilidad” de que se produjeran serios trastornos en las comunicaciones telefónicas, actuando como cómplices de la amenaza de represión. Por otro lado, los trabajadores denunciaron que las empresas eran inflexibles frente a la demanda gremial para arrancarle al gobierno un aumento de tarifas. Luego de diez días de conflicto el plenario de delegados de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), aprobó el acuerdo alcanzado con las empresas por el cual se otorgó un aumento salarial del 20%, el reescalafonamiento del personal y el pago de una suma extraordinaria por única vez de $ 500,00.

Durante 2005, fue importante el paro que llevaron adelante los trabajadores de las empresas Ford, Volkswagen y Daimler-Chrysler que las obligó a frenar sus exportaciones. Como dato novedoso que aportó este conflicto, los trabajadores en huelga bloquearon el tránsito en la Ruta Panamericana, a la altura de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), reclamó un salario básico de $ 2000,00 que las empresas adujeron no poder pagar. La primera automotriz a la que se le arrancó el aumento fue la General Motors que llevó el básico a $ 1930,00 más el 7,5% por productividad. Finalmente, el 16 de junio de 2005 se alcanzó un acuerdo. Daimler-Chrysler otorgó un aumento salarial del 18% que subirá otro 7% a partir del 1º de enero de 2006. El básico para la categoría testigo quedó en $ 1861,00. Para Ford mientras tanto, el básico se fijó en $ 1801,00, aunque en la práctica representa una remuneración promedio de $ 2500,00, por la antigüedad media de sus trabajadores. Por último, la Volkswagen estableció el básico en $ 1650,00 acordando que se incrementará a $ 1925,00 en enero de 2006.

Una de las protestas gremiales más intensas de 2005, fue la de los enfermeros y demás empleados del Hospital Pediátrico Juan Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus demandas, como en otros centros hospitalarios de la Capital, el conurbano bonaerense y Córdoba, están centradas en lo salarial. Se proponen alcanzar un básico de $ 1800,00 a partir de un incremento de $ 600,00, e involucra a 600 trabajadores, la mayoría afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El conflicto estalló en julio de 2005 y por lo menos hasta setiembre de ese año, no se había resuelto.

Lo cierto es que la lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan se extendió a prácticamente todo el área vinculado a la salud pública. En ese contexto, en setiembre de 2005, las asociaciones que agrupan a médicos y profesionales de la salud en todo el país realizaron un paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales, mayor presupuesto para el sector y el “fin de la precarización laboral”[31], según informaron fuentes de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), una de las organizadoras de la huelga. La medida se llevó a cabo en todos los hospitales nacionales, los 77 centros de salud de la provincia de Buenos Aires, así como aquellos ubicados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Neuquén, Córdoba, La Rioja, Corrientes y Santa Fe. Como consecuencia del paro, se suspendieron todas las actividades programadas, aunque la atención de las urgencias quedó garantizada. Paralelamente, el gobierno a través del ministro de salud, acusó a los huelguistas de “terroristas sanitarios”, de “actuar por razones políticas” y de “extorsión”. Al mismo tiempo, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a los sindicalistas por abandono de persona, ante una supuesta falta de atención médica de los pacientes[32]. Más allá de la pirotecnia verbal coyuntural, el conflicto desnudó las falencias actuales del sistema sanitario público. En 1991 el 37% de la población carecía de cobertura médica; actualmente esa cifra trepa al 48% lo que significa que casi la mitad de la población depende de la estructura de salud del Estado. Mientras tanto en todo este período, el Estado Nacional transfirió los hospitales a las provincias sin el correspondiente financiamiento y redujo el presupuesto del área durante 2005 en un 7,2% respecto de 2004[33].

La burguesía, a través de la administración peronista de Kirchner, buscó, y sigue buscando, un acuerdo con la burocracia sindical que avale el modelo económico en curso. En ese sentido, el gobierno intenta que el acuerdo social entre las cúpulas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), no sólo defina el marco para discutir condiciones de trabajo sino, sobre todo, ratifique el actual rumbo económico. El vicepresidente de la UIA Héctor Méndez y el secretario general de la CGT Hugo Moyano coincidieron en que llegarían a un “pronto acuerdo” en la discusión por un aumento de salarios para los trabajadores. Moyano sostuvo que “va a haber un acuerdo rápido” porque “hay muy buena voluntad del sector empresario”. “Vamos a llegar a un acuerdo y va a ser un beneficio para los trabajadores, para los empresarios y para la economía argentina”, dijo[34].

Por otro lado, la clase capitalista impulsa, a través de la UIA, un acuerdo con el gobierno y la CGT que imponga un marco general para subas salariales por productividad, que le oponga un dique de contención a la proliferación de reclamos salariales por sectores en base a la canasta básica. La estrategia burguesa apunta a evitar el desmadre de los reclamos obreros, la negociación de los convenios colectivos sin conflictos laborales y la consolidación del vigente modelo de acumulación.

La burocracia sindical vende-obreros no sólo colaboró con la actual estrategia de dominación arrogándose la representación de los trabajadores argentinos, sino, además, con la campaña de demonización de la protesta social. En ese sentido, la por entonces cosecretaria de la CGT Susana Rueda, sostuvo que había algo extraño en la escalada de conflictos gremiales. La integrante del ex triunvirato cegetista evaluó que esta situación de conflicto no parece responder al verdadero interés de los trabajadores. Asimismo, criticó la decisión de los empleados de subterráneos que durante el mes de abril de 2005 pararon durante media hora las cinco líneas y el Premetro en solidaridad con sus pares del Hospital Garrahan y de la ex aerolínea LAFSA, alertando que “nosotros somos solidarios con el reclamo, pero como trabajadores…¿Podemos estar todos los días parando el país para ser solidarios con otro sector que también está en conflicto?, vamos a estar de paro todos los días”[35]. En sintonía con la CGT el gobierno, a través de su vocero, el ministro del interior Aníbal Fernández, afirmó que el Poder Ejecutivo no actúa por espasmos ni bajo presiones y denunció que existen “contenidos partidarios” en los conflictos que se repiten en los distintos sectores[36].

Finalmente, en octubre de 2005 se realizó una nueva elección parlamentaria que la administración Kirchner consideró un plebiscito de su gestión. El gobierno se apresuró en anunciar el “más alto grado de participación electoral en mucho tiempo” y el otorgamiento por parte de la población de una suerte de cheque en blanco. Sin embargo, haciendo un análisis más exhaustivo de lo sucedido, el 29% de los que estaban en condiciones de votar prefirieron no concurrir. Este porcentaje fue mayor al de la última elección presidencial (22%), al de 1989 (18%) e incluso superior a la elección legislativa de octubre de 2001 (26%) que marcó el preanuncio de la insurrección de diciembre de aquel año. Por otro lado, el 9% de quienes concurrieron al comicio, prefirieron no elegir a ningún candidato. De tal forma, el 35,4% (9.236.117 personas) del padrón se expresó negativamente, superando al oficialismo que obtuvo el 26,1% (6.808.305) del mismo padrón. En síntesis, este nuevo episodio del circo electoral mostró un verdadero salto de calidad en la conciencia de buena parte de la sociedad que, antes e inmediatamente después de realizado el mismo, desarrolló importantes luchas como las que se describieron en este documento.

Perspectivas

Las luchas de los trabajadores argentinos se han desatado en prácticamente todos los sectores de la clase obrera. Trabajadores telefónicos, de prensa, estatales, ferroviarios, del transporte automotor, ceramistas, de la alimentación, frigoríficos, de la pesca, metalúrgicos, metal-mecánicos, docentes, trabajadores universitarios, aeronáuticos y trabajadores de subterráneos, fueron quienes protagonizaron los principales conflictos durante el último tiempo. Durante 2004 se duplicó el número de huelgas de 2003. Y en 2005 el movimiento siguió su curso ascendente.

Resulta destacado que casi todas las luchas tienen un marcado carácter ofensivo, fundamentalmente salarial, y los trabajadores le han arrancado a la burguesía aumentos generalizados de salarios por primera vez desde 1991. Todo esto ha acabado con las “creativas” teorías de los intelectuales pequeño-burgueses que profetizaban la extinción de la clase obrera y sus luchas, y su reemplazo, como sujeto revolucionario, por otras capas de la población.

Cuando se desate la próxima crisis económica, no sólo quedará al desnudo la naturaleza pro-capitalista del gobierno peronista sino la imposibilidad creciente de reducir la tasa de explotación. La única clase social que se encuentra en absoluta armonía con el desarrollo no traumático de las fuerzas productivas es la asalariada. Es por ello que se empieza a poner en la agenda de los trabajadores la necesidad de una herramienta política propia que la clase obrera requiere para alcanzar su emancipación.

[1] Lenin, V.I., El imperialismo, fase superior del capitalismo, Obras Completas, Edit. Progreso, Tº XXVII.

[2] Aumento del volumen de capital en una empresa como producto de la acumulación en la misma de parte de la ganancia (plusvalía) obtenida.

[3] Aumento del volumen de capital en una empresa por efecto de la fusión de varios capitales en uno más voluminoso.

[4] Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

[5] En Argentina en 1976 la deuda externa rondaba los U$S 10.000 millones. En 1983 se había quintuplicado y, a comienzo del siglo XXI, excede los U$S 170.000 millones.

[6] Lo que Lenin denominara “capital financiero”

[7] Diario Clarín, edición del 07-12-2004

[8] Diario Clarín, edición del 23-03-2005

[9] En el pico de la crisis eran inferiores a U$S 9000 millones y hoy ascienden a U$S 23000 millones

[10] Entre 2001 y 2005 Argentina nunca dejó de pagar ni al FMI ni al Banco Mundial

[11] Diario Clarín, edición del 25-06-2005

[12] Diario Clarín, edición del 12-10-2005

[13] En diciembre de 2001, antes del estallido social y la devaluación del peso, la deuda pública total ascendía a los U$S 144.500 millones

[14] Antes de la devaluación era del 57% del PBI

[15] En 2005 Argentina afronta vencimientos por U$S 13.000 millones estando pautado pagar U$S 5000 millones y el saldo refinanciarlo con el F.M.I.

[16] Transferencias de recursos en millones de dólares en los próximos años: 2005, 13.500; 2006, 14.900; 2007, 13.500; 2008, 9200; 2009, 11.400

[17] Marx, Carlos, La génesis del capital, separata de algunos capítulos de El Capital, Editorial Progreso, Moscú, 1972, pág.32

[18] Los salarios reales en la Argentina se encuentran, en promedio, en un 13% por debajo de diciembre de 2001

[19] La brecha entre el decil con mayores ingresos y el más pobre era de 24,5 veces en mayo de 2003 y en mayo de 2004 se incrementó a 28,94 veces

[20] Si se consideran desocupados a los beneficiarios de los planes de Jefas y Jefes de Hogar el índice de desempleo trepa hasta 15,7%

[21] Personas que han dejado de buscar empleo resignadas a no encontrarlo

[22] En la provincia de San Luis por ejemplo, el desempleo trepa al 26,9% cuando la propaganda oficial sólo reconoce el 3% (comparando la situación en la provincia con Japón)

[23] Trabajo “en negro”

[24] Trabajo “gris”

[25] Diario Clarín, edición del 19-04-2005

[26] Ministerio de Trabajo, “Seminario sobre trayectorias laborales”, setiembre de 2005

[27] Superintendencia de Riesgos del Trabajo

[28] Asignaciones no remunerativas creadas por los Decretos 1274/02, 905/03 y 2005/04

[29] Empresa que explota el servicio de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires

[30] Cuando el decreto gubernamental lo otorgó con carácter no remunerativo

[31] Diario Clarín, edición del 15-09-2005

[32] Diario Clarín, edición del 01-04-2005

[33] Estadísticas del Instituto de Formación de la Central de Trabajadores Argentinos

[34] Diario Clarín, edición del 05-03-2005

[35] Diario Clarín, edición del 21-04-2005

[36] Diario Clarín, edición del 20-04-2005

BALANCE SOBRE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE OCTUBRE DE 2005

Después del domingo 23 de octubre, el Gobierno peronista de Kirchner presentó los resultados de las elecciones legislativas como un rotundo respaldo a su gestión. Asimismo, con el apoyo de los medios de prensa el Gobierno se encargó de señalar la alta concurrencia del electorado, ¿pero esto fue así?

El Gobierno ha consolidado su poder en la Cámara de Diputados: ahora tiene 122 bancas (sumando a sus aliados) a sólo 7 bancas del quórum propio. En tanto, en la Cámara de Senadores logró sumar 43 bancas (sumando a sus aliados), 6 más de las necesarias para lograr el mismo fin que en Diputados. Por lo tanto se deduce que las leyes que el Gobierno considera vitales van a ser promulgadas sin inconveniente alguno. Se terminaron las “trabas” para la política de Kirchner. A partir de ahora tiene el poder para legislar y ejecutar sin necesidad de pactos en el Congreso o de la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. De hecho, una de las primeras medidas del Gobierno luego de las elecciones, fue la de promover la discusión del “pacto social” entre la CGT y la UIA, para de esta manera poner en caja a los crecientes conflictos sociales.

Por otro lado, la estrategia de alianza del Gobierno con los llamados transversales (partidos y personalidades autodefinidas como centroizquierdistas) y la poca capacidad política de los representantes de la derecha (Macri, López Murphy, Sobisch) ha terminado con la posibilidad de una figura opositora al Gobierno. De esta manera se va consolidando el partido único de la burguesía, ya que desde el socialista Binner al peronista De La Sota, o el ex menemista Maza, entre muchos otros, coinciden con la política que el gobierno está llevando a cabo y las propuestas que tiene el mismo para el futuro. Dentro de esta estrategia, podemos ver como el Partido Peronista está siendo arrastrado a la extinción como partido tradicional. Ya lo expresó el presidente Kirchner y varios funcionarios de segunda línea que el Frente Para La Victoria, partido creado por el gobierno, es una expresión superior a la del Partido Peronista en la forma tradicional que había existido hasta ahora.

Sin embargo la victoria del oficialismo no tuvo el sabor que ellos esperaban, ya que perdieron en tres de los cinco distritos claves del país: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe y Provincia de Mendoza. En tanto en la Provincia de Córdoba triunfaron en alianza con un histórico del menemismo, devenido recientemente en oficialista. En la Provincia de Buenos Aires tuvieron un cómodo triunfo con respecto a los demás partidos.
Los números reales de las elecciones

En las elecciones, que en nuestro país son obligatorias, votó el 71% del total del padrón electoral, lo que indica que la abstención fue del 29%. Este número es superior a la abstención que se dio en las elecciones legislativas de 2001 (26%), en las presidenciales de 1995 (18%) y en las presidenciales de 2003 que consagraron presidente a Kirchner (22%). No sólo esto, sino que la abstención de estas elecciones es sólo superada por las elecciones presidenciales de 1922 cuando la abstención fue del 44,5 %.

También fue importante el voto negativo (en blanco, nulo o impugnado). A nivel nacional el porcentaje fue de 9,24% de los votos emitidos, ubicándose en la cuarta posición detrás de las dos corrientes del peronismo y de la U.C.R.. Mas allá de no haberse acercado a las cifras de 2001 (21% de los votos emitidos, que fueron denominados como el voto bronca), el porcentaje alcanzado en estas elecciones se ubicó por encima de las presidenciales de 1995 (7,5%), de las presidenciales de 1999 (5%) y si tomamos como referencia las elecciones presidenciales de 2003 (1,9%), el porcentaje de votos negativos se quintuplicó.

Por otro lado, es significativo como votaron los distritos más desarrollados económicamente: en la Provincia de Buenos Aires la abstención fue del 27,19 % y el voto negativo de 10,14%, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 27,66 % y 4,80%, en la Provincia de Córdoba 33,25% y 8,60%, en la Provincia de Santa Fe 26,67% y 11,64, en la Provincia de Mendoza 27,08% y 8,99%.

Contrariamente, los mayores porcentajes de asistentes a votar y los mayores porcentajes de votos positivos se registraron en las provincias más atrasadas, donde el caudillismo político sigue en pie: Provincia de La Rioja y Provincia de La Pampa (mayor concurrencia de votantes) y Provincia de Chaco, Provincia de Salta y Provincia de Tucumán (mayor porcentaje de votos positivos).

De estos datos se desprende que el 35,4% del padrón electoral no fue a votar o lo hizo negativamente, en tanto que el oficialismo obtuvo el 26,1% del padrón. Asimismo, ninguna fuerza política de la llamada oposición, supera el 10% del total del padrón. Estos números nos indican, entre otras cosas, que se están consolidando dos grandes partidos dentro del sistema electoral: los que votan positivamente, y los que no eligen ninguna de las propuestas del sistema. Esta última opción no fue una expresión de un sector organizado, no fue una propuesta levantada por grandes partidos, sólo grupos pequeños se dedicaron a militar el voto negativo o la abstención. Por lo tanto, se plantea como una tarea a futuro la de encausar en una nueva herramienta el voto negativo, la abstención e inclusive el voto a pequeños partidos de la llamada izquierda “real”, muchos de los cuales fueron el producto de la ausencia de una organización verdaderamente revolucionaria.

La clase trabajadora sigue sin contar con un partido que los represente. Un partido con una doctrina revolucionaria basado en la lucha de clases, un partido que defienda los intereses de los trabajadores y que le discuta el poder a la burguesía.

SOBRE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE OCTUBRE DE 2005 EN LA ARGENTINA

Desde la asunción de Duhalde a la presidencia, la burguesía en la Argentina aplicó un plan sistemático y exitoso para recuperar la iniciativa política, que había perdido por la agudización de la lucha entre las distintas fracciones del capital y por el surgimiento de un movimiento popular heterogéneo y espontáneo que la desafiaba. Entre otros objetivos, la clase capitalista apuntaba a desincentivar la creciente participación política que se expresaba en las asambleas, fábricas recuperadas y embriones de organización obrera, como por ejemplo, el Movimiento por la jornada laboral de 6 horas diarias. Asimismo, procuraba evitar la confluencia de los trabajadores ocupados con los sectores organizados de obreros desempleados.

Con la asunción de Kirchner, el plan de recomposición siguió su curso con nuevos objetivos: rescatar la credibilidad de las instituciones, superar la crisis de representatividad que se expresaba en el desprecio popular por los dirigentes políticos y reconstruir un esquema de dominación sustentable en el mediano plazo. Para conseguirlo se implementaron un conjunto de medidas tendientes a renovar la superestructura estatal: la política de derechos humanos, el reemplazo de los miembros más comprometidos con el modelo de acumulación vigente durante los ’90 de la Corte Suprema de Justicia, el paso a retiro de jerarcas militares y de las fuerzas de seguridad. La finalidad de estos retoques era la de alcanzar una nueva “gobernabilidad”, legitimando las políticas de la burguesía.

Lo cierto es que la administración peronista de Kirchner, por encima de lo declamado, ha venido una vez más a negociar las condiciones de vasallaje con el imperialismo. El desempleo alcanza al 16%, sin soslayar que el índice aparece camuflado por la incidencia de los planes sociales, la subocupación ficcional y los “desalentados”. Con el índice oficial 2.400.000 personas se encuentran desocupadas; si se considerara como desempleados a quienes reciben los planes sociales, la desocupación alcanzaría a casi 3.000.000 de personas. Habiendo informado el INDEC que se encuentran bajo la línea de pobreza aquellos que no alcanzan a percibir $ 802,00 mensuales, el 70% de los trabajadores ocupados en la Argentina no superan ese umbral.

Es por ello que más allá de lo propagandizado, las luchas de los trabajadores y los sectores populares se han venido sucediendo, de manera constante y creciente, desde 2004 a la fecha.

Las elecciones legislativas de octubre de 2005 representan un nuevo intento de la burguesía por consolidar su dominación. Sin embargo, puede preverse que tendrá una gran dificultad para alcanzar ese objetivo toda vez que la oferta electoral está en armonía con el estado de descomposición capitalista. Vedettes y personajes impresentables, una campaña sin propuestas pero prolífica en acusaciones cruzadas que no son llevadas a la Justicia, métodos clientelares y alianzas inverosímiles son algunos de los ingredientes que conducirán a una nueva crisis política, cuando reaparezca con toda su crudeza una nueva crisis económica, la que por ahora, no se expresa en la superficie. El reformismo de buena parte de la izquierda partidaria supone que es posible, mediante la acción parlamentaria, convencer con buenos argumentos a los responsables de la debacle para que no sean tan voraces y otorguen, por ejemplo, aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo. En general, adolecen de un análisis consistente para explicar las causas que llevaron a la situación actual y cómo revertirlas, carecen de base social sólida, no participan de las luchas populares cotidianas, y no tienen, ni necesitan según su estrategia, inserción en la clase trabajadora.

En este marco, la burguesía aplica un plan sistemático para recrear aparatos electorales relegitimados que le permitan mantener su statu quo. Las elecciones legislativas de octubre de 2005 representan la lucha entre facciones de la burguesía dentro del partido único del sistema. Por lo tanto, la táctica de las organizaciones obreras debe apuntar a neutralizar la maniobra y a construir una perspectiva propia.

En el momento en que la democracia burguesa se encuentra más devaluada que nunca, de lo que se trata es de encauzar y dar expresión política a ese nivel de conciencia.

Anular el voto, votar en blanco, introducir una boleta programática o promover el ausentismo electoral es la tarea inmediata. Contribuir a la construcción del partido que la clase asalariada requiere y viene reclamando con sus luchas es la que nos ocupará en los próximos años.

ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ARGENTINA

Los sucesos argentinos del año 2002 están directamente ligados a lo ocurrido en la última parte de 2001.El gobierno de la Alianza se fagocitó rápidamente el capital político que le había otorgado su oposición al gobierno de Carlos Menen. Una vez en el poder no sólo que no revirtió el proceso sino que lo profundizó (siete recortes de presupuesto en dos años de gestión); asimismo, repitió las peores prácticas del decenio anterior (la ley de reforma laboral número 25.250 fue votada bajo sobornos). Esto último demostró dos cosas: por un lado la continuidad del modelo con todos sus rasgos; y por el otro, la complicidad del imperialismo con la corrupción. El modelo de convertibilidad de la moneda fue sólo viable, desde 1995, por financiamiento externo. La burguesía obtuvo retornos extraordinarios durante diez años como producto de tasas de interés astronómicas y libertad absoluta para emigrar cuando así lo creyera conveniente.

Para mantener la convertibilidad y evitar la cesación de pagos, entre fines de 2000 y comienzos de 2001, la Argentina contrajo no nuevos préstamos sino plazos de espera (a través del “blindaje” y el “megacanje”), cambio de tasas súper usurarias. Sin embargo, podía preverse que el fin del aludido modelo estaba cerca. Durante el año 2001 se convirtió en cuestión de masas el indicador del “riesgo país”; este se incrementaba permanentemente al mismo tiempo que los capitales “golondrinas” iniciaban el éxodo. El ministro de economía de la Alianza radical-peronista, Domingo Cavallo, pretendió hacia julio de 2001 que trabajadores activos y pasivos financiaran todo faltante de caja a través del ajuste perpetuo que implicaba la ley de “déficit cero” (nº 25.453).Esto era así porque se supeditaba el pago de haberes y jubilaciones a la recaudación operada en cada periodo. De tal forma se permitía ajustar el recurrente déficit fiscal (generado por un sistema en crisis terminal) a costa de salarios y beneficios previsionales sin necesidad de contar con nuevos instrumentos legales.

Con todos estos antecedentes, el capitalismo, en su versión neoliberal, comenzó a ser seriamente cuestionado en la Argentina. El turno electoral del 14 de octubre de 2001 se constituyó en un salto de calidad en la conciencia de la sociedad. Entre la abstención y el voto negativo (blancos, nulos), ocho millones de argentinos impugnaron el modelo vigente desde mediados de los `70 y, conjuntamente con tal impugnación, expresaron su repudio al conjunto de la dirigencia política (incluyendo a la “izquierda”). El resultado electoral significó un ultimátum para el gobierno que no vio ver o no quiso ver. A partir de ese momento se abrirá una situación revolucionaria generada por el hecho de que la clase dominante ya no podía avanzar sobre el mismo curso, y los trabajadores y el pueblo no estaban aún en condiciones de convertirse en alternativa de poder.

En ese contexto el final de la convertibilidad se aproximaba; cerradas las fuentes de financiamiento externo los depósitos bancarios eran la última garantía de dicho modelo. Sobre un total de 66.000 millones de dólares, entre febrero y noviembre de 2001, se habían fugado del sistema bancario (y del país) cerca de la mitad (en su mayoría grandes cuentas). El gobierno para evitar que continuara la sangría y se desmoronara el modelo intentó confiscar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorristas. A partir de allí se registraría una rebelión popular de una magnitud casi sin precedentes en la historia argentina; el día 19 de diciembre de 2001, miles de desesperados, en su abrumadora mayoría trabajadores desocupados desde hacía años y desprovistos de toda cobertura económica y social, se abalanzaron sobre los supermercados para procurarse comida. Queriendo aprovechar la situación agentes del partido peronista junto con elementos de los servicios de inteligencia y la complicidad de la policía, estimularon los saqueos para desestabilizar al gobierno. Paralelamente, la pequeña burguesía y trabajadores de casi todas las ciudades importantes del país, muchos de estos esquilmados por la confiscación, iniciaron una protesta espontánea al mismo tiempo que terminaba un discurso televisado del presidente De La Rúa en el cual denunciaba que la situación de caos estaba generada por alborotadores y anunciaba el estado de sitio. Luego los manifestantes se dirigieron a la Plaza de Mayo o las sedes de las máximas autoridades en las otras ciudades. El 20 de diciembre junto a grupos remanentes del día anterior, apareció y tomó la iniciativa en las calles una mezcla de estudiantes, trabajadores jóvenes y desocupados de la capital federal. Con estos aparecieron también militantes de izquierda aislados y sin ninguna organización. Ante la represión las masas más que dispersarse se enfurecieron y aunque se replegaron varias veces insistieron en ocupar la Plaza de Mayo ha estas alturas lanzando piedras sobre la policía. La renuncia del ministro de economía no calmo a los manifestantes y tiempo después el presidente rodeado en la casa de gobierno opto por huir en helicóptero. El saldo de la jornada fue de más de treinta muertos y decenas de heridos entre las filas proletarias, junto con casi una decena de policías, algunos vehículos incendiados entre ellos un patrullero y destrozos en el edificio del Congreso y el Ministerio de Economía a los cuales también se intento incendiar.

A partir de allí cinco presidentes se turnaron en pocos días: De la Rúa, Puerta, Rodríguez Saa, Caamaño y finalmente Duhalde). De estos Rodríguez Saa y Duhalde también enfrentaron protestas masivas, solo el ultimo resistió. Frente al colapso de la convertibilidad (situación que siempre fue ficticia dado que el valor de una moneda en el capitalismo está expresado, en ultima instancia, por la riqueza y la actividad de un país), la clase dominante apeló a otras dos variantes para continuar el despojo de los trabajadores y el pueblo: por un lado, la confiscación de depósitos aludida y por el otro, la devaluación de la moneda. Estos dos mecanismos permitieron a la gran burguesía garantizarse su tasa de ganancia. El denominado “corralito” financiero encorsetó, principalmente, el dinero de pequeños ahorristas. Ocho de cada diez ahorristas tenían (cuando se decretó la medida), cuentas inferiores a los 25.000 dólares, muchas de las cuales se abrieron para resguardar indemnizaciones por despido. La devaluación generó, en combinación con los aumentos de las mercancías de primera necesidad, una disminución significativa de la inversión en capital variable. Actualmente, los salarios argentinos son, en promedio, los más bajos de América Latina (poco más de 100 dólares)

Un hecho novedoso de organización de la resistencia popular fue la aparición de asambleas populares en los barrios de las principales ciudades del país. Tal fenómeno fue coetáneo a la consigna de masas inaugurada el propio 19 de diciembre: “que se vayan todos”. De tal forma, la sociedad repudiaba a la totalidad de la clase dirigente demostrando el evidente agotamiento de estructuras partidarias y sindicales que dominaron la historia argentina del siglo XX. Algunos pretendieron creer que sólo los sectores medios se habían convertido en “asambleístas” olvidando que tales sectores desde hacía mucho tiempo habían visto precarizarse sus condiciones materiales de vida. Sin embargo, las asambleas tuvieron barriales tuvieron su límite y progresivamente se fueron extinguiendo. Una vez más quedó en evidencia la orfandad ideológica y organizativa de los asalariados y demás sectores populares.

Una de las prioridades del gobierno peronista fue la de controlar la protesta de los desocupados. Para ellos destinó 150 lecop (bono nacional cuya cotización se pretendía equivalente al peso), para 2 millones de parados lo que implico una inversión anual de 3600 millones de pesos (aproximadamente 1000 millones de dólares). Tal inversión fue financiada por el incumplimiento de la deuda externa. En realidad, Argentina pagó (con reservas), a pesar de la depresión, la marginalidad, la pobreza y las restricciones cambiarias, 4300 millones de dólares. Pero los vencimientos eran de 11 mil millones de dólares. El ahorro entre lo abonado (U$S 4300 millones) y lo que debiera haberse abonado (U$S 11000 millones) explica, entre otras cosas, el financiamiento del asistencialismo a los desocupados y también, que pese a la importante emisión de bonos públicos nacionales y provinciales (cuasimonedas), la inflación no fuera mayor.

El gobierno de Duhalde combinó, para controlar la protesta social, los planes de empleo referidos con la represión abierta. En tal sentido, se multiplicaron los procesados políticos evidenciando una estrategia oficial de judicializar el conflicto social.

Por otro lado, se aceitaron los mecanismos represivos del estado, extendiendo tal cometido a las fuerzas de gendarmería y prefectura. El día 26 de junio de 2002, en ocasión de una protesta del sector piquetero más combativo (Coordinadora Aníbal Verón, fueron asesinados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires dos manifestantes. En un primer momento, el comunicado oficial sostuvo que las muertes habían sido el producto de un enfrentamiento entre los propios piqueteros. Ante las evidencias en contrario, el gobierno debió asumir las responsabilidades de las fuerzas de seguridad revelando a su plana mayor. Finalmente, en septiembre, la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, sufrió un atentado en su domicilio pocos días después de haber apoyado una grave denuncia contra la Policía Bonaerense.

En mayo del 2002 se derogaron, a pedido del imperialismo, las leyes de subversión económica y de quiebra. La primera, dirigida a liberar de toda responsabilidad penal a los directorios de los bancos. Y la segunda, apuntando a facilitar el proceso de concentración (y extranjerización) de la economía.

Argentina actualmente es un país devastado económica y socialmente. Desde que se pusiera en practica en forma abierta el modelo neoliberal (1976) hasta mayo de 2002, la deuda externa pasó de 8.000 millones de dólares a 140.000 millones, a lo que hay que agregar que ingresaron 40.000 millones por la privatización de empresas estatales. Entretanto, la desocupación pasó del 3% al 21,5%; la pobreza extrema de 200.000 personas a 5 millones; la pobreza de 1 millón a 14 millones; el analfabetismo del 2% al 12%.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), en octubre de 2002 el desempleo había caído al 17,8%. Tal disminución obedeció casi por completo, a la incidencia de los planes Jefes y Jefas de hogar destinados a los desocupados a los que se hiciera referencia mas arriba. Esto sucede porque para el organismo oficial los desocupados que reciben el aludido subsidio son considerados ocupados si cumplen con alguna contra prestación laboral (En el origen del plan la idea era que cada beneficiario correspondiera con trabajo a esa ayuda estatal. Sin embargo, según el propio INDEC si no se contabilizara del plan referido el índice de desocupación hubiere trepado al 23,6%. La cantidad de gente ocupada subió de 4.170.000 a 4.543.000 personas. Pero de estos 373.000 nuevos empleos, 272.947 casos se explican por la ¨ ocupación ¨ de los beneficiarios de los planes sociales; en cuanto al resto (aproximadamente 100.000 nuevos empleos), engrosaron el ejército de trabajadores no registrados de empleos de bajísimos ingresos, mientras el índice de empleo registrado siguió cayendo.

A pesar de la ¨ caída ¨ del desempleo, entre mayo y octubre de 2002 siguieron incrementándose los índices de pobreza e indigencia: de 49,7 % a 54,3% el primero, y de 22,7% a 24,7% el segundo. En la zona más poblada del país (Capital Federal y Gran Buenos Aires), sobre casi 12, 3 millones de habitantes se alcanzo un nuevo record 6.672.000 pobres, de los cuales 3.035.000 son indigentes, siempre de acuerdo a los datos oficiales del INDEC. Con respecto a mayo de 2002, hay 600.000 nuevos pobres, de los cuales 245.000 son nuevos indigentes. Y en comparación con octubre de 2001, la pobreza aumenta en 2,3 millones de personas, de los cuales la mitad son nuevos indigentes, a razón de 200.000 nuevos pobres por mes. Los datos desagregados marcan que en la Capital la pobreza subió del 13,4% al 14,6%, mientras que en el Gran Buenos Aires trepo del 59,2% al 64,4%. En cambio, la indigencia bajo del 6,3 % al 5,7 % en la ciudad de Buenos Aires y aumento en el conurbano del 27,9% al 30,5%.

Resulta indigente la familia tipo (matrimonio y dos hijos) que gana menos de 324,70 pesos por mes, equivalente al costo de los alimentos básicos. En cambio resulta pobre, la familia tipo que gana menos de 717,60 pesos por mes, que es el costo de una canasta básica de alimentos y servicios. El INDEC no dio a conocer los índices de pobreza e indigencia en el resto del país. Pero si se proyectan los porcentajes en las zonas medias a toda la Argentina, la pobreza que en mayo de 2002 era del 53% rondaría ahora el 60% de los 36 millones de argentinos con casi la mitad en la indigencia. Así habría 21.600.000 pobres, de los cuales un poco mas de 10.000.000 serian indigentes.

El crecimiento de la indigencia se explica porque, a pesar del asistencialismo oficial, el subsidio es absolutamente insuficiente para cubrir la canasta básica de alimentos. En tanto, el crecimiento de la pobreza obedece, básicamente, a que los ingresos de los trabajadores ocupados aumentaron mucho menos que la inflación. Así, los precios de los alimentos básicos subieron el 28,2%, mientras los salarios de los trabajadores, por la mejora de los 100 pesos para los empleados registrados apenas subieron el 7,2%, mientras las jubilaciones y pensiones permanecieron congeladas. Se estima que el 75% de los trabajadores gana menos de 717 pesos que es el límite de pobreza de una familia tipo.

En resumen el aumento de la pobreza y indigencia se debe a que continua cayendo el poder adquisitivo de las jubilaciones, salarios e ingresos de los cuenta propistas. Ni los nuevos ocupados ni los beneficiarios de los planes Jefes / jefas de Hogar pudieron revertir esta tendencia, en el primer caso debido al los bajos salarios, y en el segundo, a la paupérrima ayuda social.

La profunda crisis que afecta al capitalismo en todo el mundo sigue reflejándose con absoluta claridad en Argentina. Menos en el sector exportador (menos del 10% del Producto Bruto Interno), las ventas y las ganancias han bajado en todo el comercio y la industria. Esto seguirá agudizándose al menos que el sistema cree las condiciones para que aumente el consumo; para ello no habría mas remedio que generar las condiciones para que los que tienen dinero recuperen la confianza, los que han perdido permanentemente poder adquisitivo vean aumentar sus salarios y los que no tienen trabajo consigan uno. Alcanzar tales condiciones aparece tan utópico como las banderas que agitaran durante 2002, tanto la pequeña burguesía (con su consigna de ¨ que se vayan todos), como los desocupados y los partidos de ¨ izquierda ¨ (por un ¨ Argentinazo, por una Asamblea Constituyente, etc.). A medida que avanza la crisis se hace más notoria la necesidad de construir una organización verdaderamente revolucionaria; esta solo puede provenir de los elementos más conscientes de la clase trabajadora en actividad. Los asalariados activos siguen representando, numéricamente la inmensa mayoría de la sociedad. Hasta el momento en Argentina (como en buena parte del mundo) han resignado protagonismo político. Sin embargo puede preverse que a partir de 2003, comenzarán despabilarse lo que permitirá plantear la única discusión que hasta ahora no se ha planteado: La de la necesidad de la lucha abierta contra la burguesía en pos de la construcción del socialismo.